olivia no atravesó casi dos décadas de estabilidad macroeconómica: atravesó casi dos décadas de postergación deliberada de los costos. El agotamiento progresivo de las Reservas Internacionales Netas (RIN) no responde a un shock exógeno, sino al cumplimiento de una restricción presupuestaria por varios periodos de una estrategia que priorizó la fijación del tipo de cambio nominal por encima de la corrección de desequilibrios estructurales persistentes.
En una economía abierta, la intervención sostenida del precio relativo más relevante —el tipo de cambio— constituye una distorsión sistémica, en tanto interfiere con las señales de escasez necesarias para la asignación eficiente de recursos entre bienes.
Al suprimir el proceso de descubrimiento de precios (price discovery), el Estado altera el cálculo económico descentralizado, generando desalineamientos acumulativos que, una vez agotados los amortiguadores financieros, tienden a resolverse de forma abrupta y no lineal.
Esta distorsión se ve amplificada por un problema de inconsistencia dinámica en la conducción de la política monetaria. El Banco Central de Bolivia (BCB), subordinado al Ejecutivo, enfrentó incentivos a privilegiar objetivos de estabilidad política de corto plazo por sobre la preservación de la solvencia intertemporal. La defensa de una paridad cambiaria artificial incentivó un patrón de consumo importador financiado mediante la liquidación de activos externos (RIN y deuda), sosteniendo un nivel de gasto agregado incompatible con la limitada frontera de posibilidades productivas doméstica.
En este contexto, la política de “pisar” el dólar no fracasó por falta de financiamiento externo como argumentaba Arce Catacora, sino por su fundamento: se apoyó en el consumo de stocks acumulados (RIN y deuda interna) y no en la generación sostenida de flujos de ingresos. La erosión de ahorros líquidos redujo el margen operativo del BCB que se limitó a financiar el gasto estatal que derivó en escasez e informalidad y el deterioro de la productividad sistémica.
El crédito recientemente otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) por USD550 millones introduce liquidez transitoria para atender compromisos financieros inmediatos, pero no modifica los incentivos subyacentes. De hecho, la CAF indicaba cuando el préstamo fue otorgado, que este tenía como justificativo brindar credibilidad al compromiso asumido de contar con un programa de ajuste macroeconómico que, hasta el momento, se desconoce. En ausencia de una corrección del desalineamiento cambiario, cualquier estabilización será percibida como reversible, debilitando la señal enviada a otros potenciales financiadores externos, incluido el Fondo Monetario Internacional, cuya participación será previsiblemente requerida en el corto plazo.
La estrategia de desarrollo sintetizada en la consigna de “capitalismo para todos” enfrenta así una restricción fundamental: el crecimiento sostenible no puede basarse en la acumulación de más pasivos externos (deuda), sino en la generación endógena de flujos de riqueza. Dadas las limitaciones estructurales del sector privado doméstico, ello exige atraer Inversión Extranjera Directa (IED), altamente sensible a un indicador clave (leading indicator) de consistencia institucional, libre movilidad de capitales y precios y previsibilidad de las reglas.
La fragilidad institucional actual es un componente central de la crisis, ya que profundiza los desequilibrios macroeconómicos. La ruptura política en el binomio presidencial, sumada a la falta de ratificación legislativa de las autoridades en entidades clave (Aduana, BCB, YPFB, entre otras), debilita la confianza en ellas. Al ser percibidos como designaciones políticas en lugar de técnicas, la probidad de estos funcionarios queda cuestionada.
En este contexto, las actuales fallas operativas y de gestión de YPFB, impiden que se proyecte con credibilidad para ser un socio confiable de futuros inversores en un sector que es vital para el país y que, por su naturaleza, exige alta intensidad de capital y seguridad.
La recuperación económica no provendrá de la obtención de nuevos créditos ni de la prolongación de distorsiones monetarias. En su lugar, requiere un realineamiento de precios relativos que estén transparentemente registrados bajos normas internacionales que reflejen los fundamentos económicos reales, sumado a una reconstrucción de la solidez institucional.
La estabilidad impuesta por decreto nunca es gratuita: siempre se paga con reservas, credibilidad o crisis. Bolivia sigue enfrentando hoy el costo de negar el ajuste necesario.
Sin un tipo de cambio realista y sin reformas institucionales profundas, no habrá estabilidad ni crecimiento, solo nuevas postergaciones.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
