l título podría pasar por el titular del día siguiente a una reunión donde se presentaron lineamientos y metas legislativas para un nuevo plan quinquenal en, por ejemplo, Corea del Norte. La ambiciosa agenda legislativa presentada la semana pasada en Cochabamba por Paz Pereira generó, sin embargo, más cautela que entusiasmo.
La reacción política conocida hasta ahora expone un problema de fondo. Como señalamos en nuestro artículo anterior, el país entra en un equilibrio precario: todos negocian, quizá incluso acuerdan, pero nadie está convencido realmente de que el Ejecutivo pueda implementar los acuerdos.
Los reiterados tropiezos de la nueva administración durante sus primeros seis meses explican mejor esa cautela que cualquier entusiasmo. El rechazo a su Decreto Supremo fundacional, su claudicación en la Ley 1720 y una política comunicacional desarticulada, entre otros episodios, han proyectado la imagen de un gobierno incapaz de sostener coherencia operativa. A ello se suma la provisión de gasolina costosa y dañina —agravada por la ausencia de control en YPFB— y un gabinete con dificultades para ejecutar, coordinar y defender sus propias iniciativas.
En términos de gestión, el problema se divide en dos dimensiones: liderazgo y ejecución. La primera revela un esquema de control fragmentado —o deliberadamente contenido—; la segunda pone en duda la voluntad o capacidad de ejecución de los responsables.
Este diagnóstico abre la posibilidad —si las partes deciden asumirla— de que los acuerdos políticos alcanzados no solo garanticen gobernabilidad, sino que también compensen ese liderazgo ausente. Ello implicaría imponer una lógica de disciplina orientada a resolver problemas, y no solo a administrarlos. De producirse ese giro, podría instalarse mayor cohesión en el gabinete, junto con exigencias más claras de ejecución y una comunicación más consistente.
Sin embargo, el capital político que requieren las reformas propuestas no surgirá de manera automática. En este entorno, los actores políticos están atrapados en una especie de dilema del prisionero: si todos cooperan, el país mejora, pero si uno solo se desmarca para criticar al Ejecutivo, puede capitalizar el descontento generado por la inacción actual y diferenciarse de sus adversarios si el proceso naufraga. Por ello, los eventuales socios solo asumirán los costos de respaldar las reformas si comparten la propuesta del gobierno y perciben que una implementación exitosa también puede traducirse en dividendos políticos para ellos.
Si ese es el camino elegido, el desafío será construir una estrategia capaz de viabilizar la reforma constitucional y las diez leyes anunciadas —varias prometidas desde finales de 2025— en medio de un deterioro económico que erosiona la ya limitada credibilidad del Ministerio de Economía por su incapacidad para enfrentar el desfase cambiario, un presupuesto anclado en un precio ficticio del petróleo y la ausencia de señales fiscales consistentes.
Tal como fueron planteadas, las leyes sectoriales destinadas a abrir espacio a la inversión extranjera deberían guardar coherencia con el nuevo texto constitucional para dar credibilidad y consistencia al cambio de modelo que el gobierno busca implantar. Por ello, la secuencia de ejecución resulta decisiva: primero tendrían que producirse las modificaciones constitucionales necesarias y solo después discutirse las nuevas leyes sectoriales dentro del nuevo marco jurídico resultante. La alternativa sería un “shock legislativo”: avanzar en paralelo, socializando y debatiendo las leyes sectoriales mientras la comisión anunciada por el presidente trabaja la reforma constitucional.
Y es precisamente allí donde aparece un cuello de botella. El proceso de reforma constitucional parcial es largo y fragmentado: pasa por la Comisión de Reforma de la Constitución, la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional y, finalmente, de ser validado, un referendo nacional vinculante administrado por el Tribunal Supremo Electoral.
Si esa fuera la hoja de ruta del gobierno y las fuerzas políticas decidieran respaldarla, el desgaste del incipiente capital político en disputas por las nuevas leyes podría empantanar todo el proceso de reformas hasta volverlo inviable.
El problema de fondo no es únicamente legislativo ni constitucional. Es político. Porque, a diferencia de Corea del Norte, en democracia las proclamaciones no se convierten automáticamente en política pública: requieren construcción política, articulación institucional y capacidad de conducción. Precisamente los déficits que el gobierno de Paz Pereira no ha logrado resolver en más de seis meses de gestión.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
