a sinapsis es el mecanismo mediante el cual las neuronas transmiten impulsos y producen respuestas coordinadas. En política, el concepto describe la capacidad de los distintos componentes del sistema para articularse y generar acción colectiva, en lugar de respuestas aisladas.
Bajo esta lente, la convocatoria del presidente Paz Pereira resulta conceptualmente limitada. Al no definir una propuesta base ni un eje estructurante, el llamado se agota en consignas retóricas como “no volver al pasado”. Esta ausencia de un núcleo funcional dificulta que un grupo tan heterogéneo de actores políticos, empresariales y eclesiásticos logre traducir la coordinación en capacidad operativa.
Lo que está en juego, sin embargo, excede la mera instancia de conversación. Se trata de la posibilidad —todavía abierta— de configurar un nuevo equilibrio político, cercano a lo que la teoría denomina contrato social. Este no surge necesariamente de un diseño formal, sino de la convergencia de incentivos bajo una necesidad compartida.
Para que ese proceso sea viable, se requieren dos condiciones mínimas: una visión común suficiente para ordenar la discusión y una disposición efectiva a ceder espacios de poder. Sin estos elementos, no existe articulación posible. En contextos de crisis —particularmente económica y social—, el solo hecho de que actores enfrentados acepten negociar constituye ya una señal de alineamiento: el costo de no cooperar comienza a superar al de hacerlo, generando incentivos que hasta hace pocos meses parecían políticamente inviables.
Es en estas condiciones donde emergen las divergencias entre el Ejecutivo y sus potenciales socios políticos. La dificultad ya no radica en el diagnóstico, sino en la ejecución del ajuste económico. La disyuntiva es estratégica: administrar gradualmente la crisis o utilizarla como punto de inflexión para acelerar una nueva coordinación política y económica.
Esa diferencia de incentivos parece reflejarse también en la lectura temporal del Ejecutivo. La caracterización del presidente Paz Pereira como un político “muy democrático”, formulada por Amalia Pando tras su última entrevista, sugiere un rasgo menos evidente: una preferencia por los tiempos largos. El Ejecutivo parece asumir que aún dispone de capital político suficiente para administrar el ritmo y la secuencia del cambio.
Si esta premisa es cuestionada, la oferta de ceder espacios de poder pierde valor. Sin garantías de efectividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, un Ejecutivo reconfigurado ve severamente limitada su capacidad de implementación.
Sin embargo, cuando el costo de no cooperar supera al de hacerlo, el equilibrio puede desplazarse con rapidez. Este movimiento no responde necesariamente a una revisión ideológica, sino a restricciones que reducen el margen de maniobra. La convergencia, en ese contexto, no surge de afinidades políticas, sino de necesidad. El resultado es un equilibrio transitorio que permite coordinar acción bajo condiciones de alta incertidumbre.
Este tipo de articulación es inherentemente inestable. La presión que fuerza la convergencia también abre espacio a actores con capacidad de veto —las denominadas “minorías efectivas”, en el léxico de Paz Ballivián—, capaces de paralizar el país y deteriorar aún más el clima social. En lugar de fortalecer la coordinación, estas dinámicas pueden desplazar el equilibrio hacia configuraciones más frágiles y volátiles.
Esta dinámica no es nueva. La experiencia histórica la ilustra con claridad. Como señala H. C. F. Mansilla en Apogeo y declinación del movimiento sindical boliviano (1982–1985), la Central Obrera Boliviana llegó a las elecciones de 1985 debilitada tras una dinámica sostenida de paros y amenazas que terminó erosionando su propia capacidad de acción. Lejos de materializar la expectativa de que “el poder está a la vuelta de la esquina” —frase atribuida a Walter Delgadillo—, ese proceso contribuyó a un desenlace distinto: el triunfo electoral de Hugo Banzer Suárez como la opción con mayor votación. La experiencia sugiere que los procesos de deterioro no siempre fortalecen a quienes intentan administrarlos; con frecuencia terminan acelerando reacomodos políticos que inicialmente parecían improbables.
Proyectar ese patrón al presente —donde distintos actores apuestan al desgaste relativo del adversario— implica asumir que la presión favorecerá al Ejecutivo y permitirá reordenar las alineaciones políticas desde una posición de ventaja. Sin embargo, en ausencia de un desenlace claro —como el observado en 1985—, el resultado tiende a ser distinto: un equilibrio precario, suficiente para evitar el colapso inmediato, pero insuficiente para sostener un proceso consistente de transformación.
Sin una verdadera sinapsis —esto es, sin mecanismos efectivos de articulación entre actores, incentivos y capacidad de implementación—, la coordinación seguirá siendo episódica y reactiva. Sin embargo, las mismas restricciones que hoy dificultan el acuerdo también pueden terminar forzando un reordenamiento político más estable. En escenarios de alta presión, la historia rara vez premia a quienes mejor describen la crisis, sino a quienes logran coordinar una salida antes que los demás.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
