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a democracia electoral no da más, se ha detenido en el tiempo, los actores políticos e instituciones reproducen prácticas envilecidas del pasado en lugar de superarlas, las elecciones subnacionales y locales son el núcleo coyuntural de estás replicas con lo que la construcción de la nueva era democrática en el país, no es posible.

El ciclo de existencia de los partidos políticos no estuvo exento de prácticas distorsionadoras de los procesos electorales, las estructuras partidarias se convirtieron en maquinarias electorales pragmáticas especializadas en conquistar el voto a través de mecanismos prebendales que terminaron envileciendo la relación elector-elegido, institucionalmente, muchos vocales de las cortes fueron convertidos en operadores partidarios, que ayudaron a timar la voluntad popular.

Solo por un breve periodo, de excepcional lucidez politica de los partidos y sus dirigentes, se vinculo la democracia electoral con los valores y principios de la democracia, se dictaron normas adecuadas y se logró una institucionalidad creible fundada en el mérito en la selección y elección de los vocales de la Corte Electoral, así la interferencia en las decisiones electorales por otros poderes fue frenada.

Con el advenimiento del Estado Plurinacional, el ejercicio político fue monopolizado por los movimientos sociales que destruyeron lo avanzado e impidieron la existencia de una institucionalidad democrática solvente, las autoridades electorales fueron sometidas a los designios autoritarios del poder político.

La expulsión de la dictadura en las urnas el pasado año, fue esperanzadora, el camino abierto, se suponia, seguiría su curso con mayores conquistas y que las elecciones de marzo próximo permitirían la consolidación del régimen democrático.

La realidad no es prometedora, como la política esta en manos de los antipolíticos devenidos en caudillitos, se avizoran campañas electorales de una dureza y ferocidad inéditas, la diatriba y lo adjetivo volverán con más fuerza, el ataque se concentrará en la persona de los candidatos, en su vida privada y familiar, la ausencia de causas de los contendores inclinará la balanza a una pugna personalizada que se agudizará, desgraciadamente con el retorno de conductas que se supone se habían superado.

La designación de los nuevos vocales en los tribunales Supremo y departamentales electorales fue motivador, se suponia que sus miembros debían ser mejores que los anteriores y que en una compulsa entre el pasado con el presente, las diferencias deberían estar a favor del presente, a partir de ejemplares decisiones que superen visiones reduccionistas y corruptelas impulsadas por el poder.

Robespierre en 1794 decía: “La democracia, no es un Estado donde el pueblo, continuamente reunido, dirige por sí mismo todos los asuntos públicos..., la democracia es un Estado donde el pueblo soberano, guiado por leyes que son su obra, hace por sí mismo todo lo que puede hacer bien y por delegados todo lo que no puede hacer él mismo.” Su afirmación supera los criterios básicos de que la democracia es la sola reunión del pueblo, nos da luces de la necesidad de instituciones, en las que debe existir una poderosa relacion entre soberanía popular y representación, es, en consecuencia, el momento de la creación y la aplicación de las reglas de juego que inauguran el estado de derecho.

La democracia, por tanto, no es un procedimiento administrativo. Pierre Rosanvallon, traducido por Isidro Vanegas, afirma: “La democracia no designa pues un régimen político sino un tipo de sociedad.” En otras palabras, es una forma de vida que penetra transversalmente todas las actividades de los ciudadanos y de las instituciones, cuyo fin es el de consolidar la convivencia entre los hombres con certidumbre y confianza.

Por ello los tribunales Supremo Electoral y los departamentales electorales son fundamentales no solo en administrarlos sino, y sobre todo, para lograr una estabilidad democrática, sus decisiones deben estar ajustadas a esta necesidad, que es justamente lo que los diferenciará del pasado.

En esta lógica, la inhabilitacipon o habilitación de varios candidatos a la hora nona, ha producido legítimos reclamos y puesto en duda su imparcialidad, esta no es una buena señal, se vuelven a instalar inseguridades que afectarán la realización del evento electoral de marzo, que en lugar de ser parte de la solución sigue siendo parte de la crisis.

Los afectados,me imagino, plantearán acciones constitucionales, empero sea cual fuese el resultado, en el tapete esta un desafio político que debe ser resuelto en dichos términos. La debilidad de los grupos políticos y los propios candidatos es evidente, se debe romper este círculo vicioso que permite a los aspirantes correr por su cuenta hasta el último segundo y al borde del abismo su destino ser definido por algunos que empiezan a creer que son dioses del Olimpo. Se debe dejar en claro o que la norma es deficiente y debe ser abrogada para dar nacimiento a una nueva con mayores certezas o los operadores electorales han vuelto a prácticas del pasado repudiables y deben ser sustituidos por otros.

La disputa democrática no solo es por los espacios electorales, esta en juego la consolidación de la democracia y la institucionalidad que no debe ni puede repetir las conductas pasadas. Los tribunales electorales deben ser los instituciones que generen confianza y certidumbre, de ninguna manera volver a ser instrumentos del poder político.

La apertura y consolidación de un nuevo periodo histórico es inevitable, requiere de actores e instituciones probos, con un alto grado de credibilidad y que estén persuadidos de que la democracia es una forma de vida.

Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.