l líder fascista italiano, Benito Mussolini, se le atribuye la siguiente frase: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”, en un discurso pronunciado en 1927. Salvando las diferencias del contexto histórico y de temporalidad, se observa que esa máxima se aplicó en Bolivia durante 20 años del gobierno del MAS, con los desastrosos resultados que ahora sufrimos todos. Pero, es necesario poner en contexto lo afirmado, para no caer en un escenario especulativo, como se diría coloquialmente “a los hechos me remito”.
Esta cita ideológica revela el alcance, poder y relevancia que tiene el Estado para definir la vida política, social, económica, cultural y educativa del país. Esto significa privilegiar la vida pública sobre la vida privada; en el ámbito jurídico, el derecho público se impone al derecho privado; en el ámbito ideológico – político, el colectivo social se impone al interés individual.
Todo en el Estado
En Bolivia, el MAS se ha encargado de estructurar un Estado todopoderoso, el primer gran paso, fue el cambio de nombre que la nueva Constitución del 07 de febrero de 2009 impuso (a través de un complejo y cuestionado proceso constituyente). Como reza el artículo 1 del texto constitucional, Bolivia es un: “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, creando la falsa ilusión de que todos somos el Estado, algo totalmente falso.
Si bien se mantiene el nombre de República en algunos artículos del texto constitucional, como el art. 11.I que al inicio menciona: “La República de Bolivia adopta para su gobierno…”; o también entre las disposiciones transitorias, específicamente, en la disposición primera en el romano I que dice: “El Congreso de la República en el plazo…”, la incidencia de estos artículos es mínima en los hechos se impuso el cambio, confirmado por el Decreto Supremo N°48 promulgado por el expresidente Evo Morales el 18 de marzo de 2009 que termino de modificar el nombre de “República de Bolivia” por el de “Estado Plurinacional de Bolivia”.
Este cambio de nombre no es una simple modificación, es trascendental en favor de una visión estatista de la cosa pública. A partir de la nueva doctrina que impregna el constitucionalismo boliviano, el Estado es el eje transversal que define las políticas públicas y el interés colectivo. Entonces, el gobierno del Estado Plurinacional define las políticas públicas bajo el paraguas de un Estado fuerte, por ejemplo, en el ámbito económico, se han creado 67 empresas públicas, de las cuales se dice que sólo tres son rentables, pero no están exentas de polémica, como es el caso de YPFB. Se habla de inversiones millonarias de más de 7 mil millones de dólares, de los cuales, no se ha recuperado ni el 20 por ciento.
Otro claro ejemplo, es lo ocurrido con las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones) que eran las encargadas de gestionar los aportes laborales para la jubilación, invalidez y muerte, que en Bolivia funcionaron casi por 26 años. Con la llegada del MAS al gobierno el Estado comenzó a regular y controlar el manejo de estos fondos, marcando límites a las gestoras, hasta que finalmente en el 2023 sus funciones fueron transferidas a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, bajo el control estatal; es decir, recursos privados de los bolivianos en manos de la administración pública, producto de esa política de Estado ahora Bolivia debe pagar 105 millones de dólares por indemnización. Lo más grave es que el Estado tiene una deuda millonaria de más de 8 mil millones de dólares destinados a la gestión gubernamental a través de títulos de deuda interna, para invertir en programas sociales y productivos, gestionados durante los gobiernos de Evo Morales y Luís Arce y que deben pagar, paradójicamente los mismos aportantes.
Nada fuera del Estado
Los tentáculos del Estado están presentes en todos los ámbitos, los medios de comunicación social no se han librado, a través de la pauta publicitaria el gobierno del MAS se ha encargó de acallar a los medios “independientes” y utilizar recursos para crear una red de medios estatales y privados (denominados paraestatales por el periodista Raúl Peñaranda en su libro “Control Remoto”) para favorecer su imagen e imponer un orden social con una ideología dominante.
En un Estado todopoderoso, todo lo que esta fuera del Estado se considera irrelevante o inexistente, no se le da legitimidad ni legalidad a ninguna organización independiente, y si por alguna razón se conforma una directiva no afín a los intereses del poder se conforman organizaciones paralelas que con violencia y en complicidad con el Estado tratan de acallar la disidencia, el ejemplo más claro de ello se reflejó en el conflicto de Adepcoca, cuando se creó una dirigencia paralela con afines al Gobierno e incluso se abrió un nuevo mercado para la comercialización de la hoja de coca, que trajo como consecuencia, violentos conflictos sociales que terminaron con la quema del mercado ilegal y su cierre definitivo.
Nada contra el Estado
Esta quizás es la peor parte, está claro que en la visión estatista las disidencias no son bien vistas; los opositores políticos no son rivales, son enemigos a los que hay que eliminar al atentar contra la supuesta “unidad” nacional, representada por ese corporativismo de sectores que monopolizan la representatividad del pueblo, expresan su sentir y son la única voz autorizada.
En este punto se muestra el rostro más cruel y sombrío del sistema, el ejemplo más claro es lo ocurrido con el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, fallecido el 2022 en detención preventiva, a quien se le apertura más de 250 procesos penales. La razón, se atrevió a denunciar uno de los hechos de corrupción más escandalosos del gobierno de Evo Morales, millonarios recursos se transfirieron a cuentas privadas, se invirtieron en obras fantasmas o inexistentes. Este escandaloso manejo de recursos públicos afectaba los intereses del poder de turno, por eso se utilizó todo el aparato judicial y recursos del Estado para perseguir al denunciante y torturarlo física, mental y espiritualmente para acallar su voz.
El hecho es que en el modelo estatista que tanto aman los socialistas progres del siglo XXI, el Estado todopoderoso, debe crecer más y más y el individuo debe rendirse a sus designios, de lo contrario es el enemigo del progreso y del colectivo social, no hay cabida para la disidencia.
Yuri Omar Valencia Linares es comunicador social y abogado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
