a Constitución Política de Bolivia promueve como un principio ético-moral el vivir bien (suma qamaña), íntimamente ligado a valores como la dignidad humana y el bienestar común como elementos esenciales para la convivencia social y protección de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando los gobiernos de turno se olvidan de estos preceptos básicos? La respuesta es clara, baja la calidad de vida de las personas.
Vivir con dignidad significa, por una parte, el acceso a los servicios básicos, ahora considerados derechos fundamentales a ser protegidos por el Estado, como son la educación, salud, vivienda, alimentación, transporte, entre otros.
Por otro lado, se trata no solo del acceso, sino de que los servicios sean de calidad, eficientes y sobre todo, oportunos, porque impactan de forma directa en el bienestar común y la dignidad humana. En estos últimos tiempos la crisis de los hidrocarburos ha demostrado que el tan famoso “suma qamaña” ha sido utilizado más como un slogan políticamente conveniente, porque en los hechos no es más que eso, un “slogan”.
Bolivia está atravesando una de sus peores crisis económicas que ahora se ve reflejada en la provisión de gasolina y diésel. La escasez de estos combustibles afecta en el trabajo no sólo de los choferes del transporte público o privado, sino también en la productividad de las grandes industrias y del agro, poniendo en riesgo inclusive la tan promocionada soberanía alimentaria.
Se ha vuelto común escuchar o ver en los diferentes medios de comunicación como los chóferes en las diferentes urbes esperan hasta cinco horas para cargar gasolina, ni que decir de los conductores del transporte interdepartamental, de camiones o vehículos pesados, quienes la pasan peor, han llegado a esperar hasta cuatro días para cargar diésel, convirtiendo sus cabinas en sus casas, lejos de sus familias, sin poder trabajar y generar recursos para el sustento del hogar. Esta situación repercute en la calidad de vida de la población y destruye el núcleo familiar.
En lo que respecta a los servicios de salud la situación no es mejor. Encontrar fichas para la atención médica en los diferentes centros del sistema de seguridad social en todo el país, es una odisea para los pacientes porque la demanda es alta, no es raro escuchar que muchos pacientes, independientemente de la gravedad de sus dolencias, han tenido que pernoctar una noche antes en la calle para obtener una ficha. Inclusive se dan casos en que se esperan días enteros para ser atendidos y lograr se les realice las pruebas o laboratorios que necesitan con urgencia. La situación es compleja porque los diagnósticos se retrasan, los servicios se saturan y las enfermedades empeoran.
Es claro que un diagnóstico tardío no permite brindar un tratamiento efectivo, o llega demasiado tarde, esto repercute en la calidad de vida, pero también en el trato digno que deben recibir los pacientes, situación que vulnera el derecho a la salud y la seguridad social, como lo establece el artículo 35 parágrafo I de la Constitución Política del Estado que dice:
Artículo 35.I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.
Por tanto, la salud, está relacionada directamente a la calidad de vida y la dignidad humana, es claro que el concepto de “gratuidad” de un servicio no está ligado a la “calidad” del mismo, porque, hay que dejar establecido que nada es gratis, todo tiene un costo y no es el Estado el que paga, ni sale la plata del bolsillo de los gobernantes, por tanto, las políticas en salud deben responder a las necesidades reales de una creciente población que demanda trato digno.
A esto, se suma el incremento del dólar en el mercado paralelo, situación que ha provocado el aumento desmedido de los precios de muchos de los medicamentos, peor todavía, han comenzado a escasear en las farmacias. Escenas desgarradoras se ven a diario en los hospitales y centros de salud en todo el país, en los servicios de emergencia no hay camas para atender a los pacientes, muchos de ellos pernoctan en sillas o en colchones y reciben atención médica hasta en el suelo. Los médicos, enfermeras y personal de apoyo hacen lo que pueden, pero la demanda es alta.
Por otro lado, el sistema educativo en el país también está en crisis, en un informe del Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (OPCE) se ha dado a conocer la baja calidad en la formación de los estudiantes, una gran mayoría tiene dificultad para aprobar materias denominadas “duras” como son matemáticas, física y química. También se ha encontrado limitaciones en la comprensión de la lectura de textos y el nivel de conocimientos básicos, limitando su aprendizaje y su capacidad de análisis crítico. Está claro que la famosa Ley “Avelino Siñani” no ha sido la respuesta a la crisis del sistema educativo en Bolivia, pareciera ser que ha servido más como bandera política e ideológica que como parte de una verdadera política educativa.
En el ámbito de la administración de la justicia, el peor de los males es la CORRUPCIÓN, que se ha institucionalizado en todos su niveles, la seguridad jurídica y el debido proceso se vulneran a diario y la incertidumbre y odisea de quienes llegan a instancias judiciales es desesperante, la burocracia estatal no ayuda. En un ensayo titulado “Aspectos conservadores en los modelos latinoamericanos del cambio radical. Un ensayo interpretativo sobre el arraigo del populismo” H.C.F. Mancilla dice: “En toda América Latina, y de manera creciente en regímenes populistas, la burocracia estatal y la administración de justicia hacen perder tiempo —el bien más preciado, por ser el único irrecuperable— a los ciudadanos (mejor dicho: a los súbditos) con trámites enmarañados y procedimientos innecesarios, todos mal diseñados”.
El tiempo es un bien preciado que no valoran los burócratas estatales, como se ve hasta ahora el acceso a servicios deficientes le roba tiempo de calidad a la gente, el tiempo se pierde en largas esperas, Mancilla menciona que “Todo roce con el Poder Judicial y el Ministerio Público conlleva una pérdida de tiempo, dinero y dignidad para los afectados, pero no existe un movimiento de los damnificados para paliar esta situación”. Nuevamente la dignidad como valor fundamental surge como una garantía de calidad de vida.
Por tanto, todo lo descrito hasta ahora refleja los grandes desafíos que debe encarar el futuro gobierno, elegido por el pueblo boliviano en la reciente contienda electoral, con la esperanza de mejores días ante una crisis económica galopante y un Estado ineficiente que no atiende las necesidades más importantes y vitales de la población, vulnerando el tan mentado “suma qamaña” del pueblo boliviano, ligado a la calidad de vida y el bienestar común.
Yuri Omar Valencia Linares es comunicador social y abogado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
