asta junio de 2025, según datos de la Defensoría del Pueblo, más del 50 por ciento de las personas privadas de libertad, están con detención preventiva, en términos claros no tienen sentencia condenatoria, situación que provoca hacinamiento en los centros penitenciarios, porque la población excede la capacidad de las infraestructuras carcelarias. Se dice que el valor supremo del derecho es alcanzar la justicia, entendida como la posibilidad de dar seguridad, paz social y protección al conjunto de la sociedad, bajo el principio de respeto de los derechos humanos, pero sobre todo del debido proceso cuando se llega a instancias judiciales. El problema es que la administración de justicia se ha convertido en un instrumento de venganza, más que de justicia; en un instrumento de revanchismo más que de búsqueda de la verdad; pero no sólo eso, la administración de justicia se ha politizado hasta el punto de destruir la institucionalidad en todos sus niveles.
Si bien en Bolivia siempre ha sido cuestionable el accionar de la justicia, nunca se ha visto el grado de insensibilidad y hasta deshumanización que ha alcanzado hoy en día, la regla de que la detención preventiva es la excepción no se cumple, prueba de ello es la cantidad de detenidos preventivos en las diferentes cárceles del país. Nuestra justicia se ha deshumanizado, la indiferencia de los jueces, fiscales, magistrados o abogados y la falta de empatía ante la población es latente y para aquellos que por equis o zeta motivos llegan a estrados judiciales se ha convertido en una vía crucis, donde no siempre se logra la tan anhelada justicia.
El artículo 133 del Código de Procedimiento Penal establece con claridad que la duración máxima de un proceso no debe exceder de los tres (3) años, desde el primer acto del procedimiento, salvo casos de rebeldía. Al respecto, según la Defensoría del Pueblo hay muchos internos que han excedido el plazo de duración del proceso y continúan en detención preventiva, la mayoría es población joven entre los 18 a 28 años. Esto demuestra que se vulnera el debido proceso, porque el excesivo tiempo sin definir la situación jurídica de los privados de libertad vulnera el derecho a una defensa efectiva.
En muchos casos los internos no cuentan con los recursos económicos para acceder a un profesional independiente con los credenciales necesarios para representarlos, situación que empeora por el abandono del entorno familiar, que es una de las consecuencias de un encierro largo, sólo les queda sobrevivir en condiciones de vida que no son de las mejores en los recintos penitenciarios. En todo caso salir del encarcelamiento después de cierto tiempo tampoco garantiza una mejora en su calidad de vida, porque las posibilidades de reinserción social son mínimas.
Por otro lado, durante 20 años el MAS, encaramado en el gobierno, se encargó de convertir la justicia en un instrumento de persecución política hostil, llena de odio contra sus detractores. Una de sus víctimas fue la expresidenta Jeanine Añez, que paso casi cinco años en la cárcel, hasta que el Tribunal de Supremo de Justicia (TSJ), en uno de los nueve procesos que se le abrió, acepto revisar la condena de 10 años que recaía sobre la exmandataria por el supuesto golpe de Estado, en el caso “Golpe de Estado II”, que se centra en la forma en que asumió el poder, siendo hallada culpable de los delitos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”. En lo más importante, el TSJ llegó a la conclusión de que no hubo dolo en el accionar de Jeanine Añez y no lesiono ningún bien jurídico protegido siendo que su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado, en resumidas cuentas no hubo delito que sancionar.
La ex mandataria tuvo que enfrentar nueve procesos en vía ordinaria en su contra, más allá de la necesidad de investigar varios hechos, como las muertes en Sacaba y Senkata, se debió hacer respetando el debido proceso pero sobre todo su embestidura como expresidenta, por tanto, debió haberse iniciado juicio de responsabilidades y no forzar procesos en una jurisdicción que no corresponde. Es claro que los procesos instaurados contra la ex vicepresidenta fueron de carácter político y se la convirtió en un trofeo MAS.
Otro hecho que ha causado consternación e indignación fue lo ocurrido con el exdirector del Fondo Indígena, cuyo único pecado fue destapar la olla de corrupción que encontró. Sólo por haberse atrevido a denunciar el millonario desfalco en esa entidad, estuvo siete años encarcelado hasta fallecer, además, en todo ese tiempo se le abrieron más de doscientos cincuenta procesos. La saña y crueldad con que se le persiguió en todo ese tiempo puede considerarse como tortura provocada por la justicia azul, en contra de un ciudadano boliviano que en cumplimiento de sus funciones se atrevió a denunciar uno de los hechos más graves de corrupción durante el gobierno de Evo Morales.
Como expresa George Orwell en su novela “1984”: “El poder se basa en infligir dolor y humillación. El poder consiste en hacer pedazos el espíritu humano y darle la forma que elijamos”. Que mejor forma de ejercer el poder si no es a través del miedo y la represión y la justicia es el mecanismo idóneo para perseguir, acallar y destruir toda oposición contra un gobierno, al menos eso se ha visto en Bolivia en estos últimos tiempos.
El flamante gobierno de Rodrigo Paz parece dar señales para cambiar la justicia, el primer gran paso se ha dado con el cierre del Ministerio de Justicia, que durante los últimos 20 años ha sido responsable de la persecución judicial contra todo aquel que pueda perjudicar los intereses del poder en función de gobierno. El desafío es grande porque las futuras reformas deben ser estructurales; además, dentro de una política seria de reforma judicial, también se debe considerar cambiar la mentalidad de los abogados, jueces, magistrados y todos quienes son parte del sistema judicial, rumbo a una justicia más humana, menos burocrática, más efectiva, pero sobre todo que brinde seguridad y paz social. Esto no significa que sea condescendiente con quienes cometen delitos y generen zozobra en la población, al contrario, las leyes deben ser duras pero justas.
Dicen que la justicia tarda pero llega, puede ser cierto, pero el hecho es que cuando la justicia llega tarde no es justicia, es claro que cuando se pierde la libertad nada ni nadie puede reponer el tiempo perdido ni las cicatrices físicas y morales. Por eso la importancia de buscar un sistema judicial más eficiente, oportuno, menos burocrático, libre de corrupción, más humano pero firme; pero, sobre todo independiente del poder político.
Yuri Omar Valencia Linares es comunicador social y abogado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
