olivia atraviesa una crisis energética profunda que ya no admite excusas ni discursos tranquilizadores. La escasez recurrente de gasolina y diésel, la caída sostenida de la inversión y la ausencia de reglas claras especialmente en la exploración y explotación de recursos naturales como el gas han colocado al sistema energético en una situación crítica. No se trata de un problema pasajero ni de situación externa, sino del resultado de más de dos décadas de un modelo estatal cerrado, excluyente, politizado y en los hechos, ineficiente.
Esta crisis energética se ha combinado con una crisis económica más amplia, la presión fiscal, la escasez de divisas, los problemas de abastecimiento y el deterioro de la infraestructura hidrocarburífera han reducido de manera alarmante la capacidad del Estado para garantizar un suministro adecuado y de calidad. El problema ya no es ideológico; es estructural, el modelo fracasó y necesita ser corregido con urgencia, sin agravar la crisis social ni comprometer el futuro económico del país.
La situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos refleja con claridad este desgaste. Años de falta de inversión en exploración, campos productivos envejecidos, refinerías sin mantenimiento y redes de distribución obsoletas han debilitado gravemente al sector. Lo que durante años se presentó como “soberanía energética” y “país industrializado” terminó mostrando sus límites y contradicciones.
Uno de los efectos más visibles de esta crisis es la baja calidad de los combustibles, la mezcla deficiente de gasolina con etanol y otros componentes, en un contexto de restricciones a la importación, ha causado daños en motores. Los transportistas y usuarios han comenzado a llevar estos problemas a los tribunales, trasladando al plano legal el costo de decisiones improvisadas, por ello la política energética dejó de ser un debate técnico para convertirse en un problema cotidiano que afecta directamente al empleo, la productividad y el costo de vida.
Para comprender cómo se llegó a este punto, es necesario mirar el marco legal y político que se fue consolidando en los últimos años. Hasta antes de 2009, Bolivia logró atraer inversión extranjera relevante en hidrocarburos, lo que permitió descubrir nuevos campos, aumentar reservas y sostener la producción. Ese ciclo dio lugar a contratos de exportación con Brasil y Argentina que durante años sostuvieron ingresos fiscales y regalías para el Estado y las regiones productoras.
El punto de quiebre llegó con la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009, a partir de entonces, Bolivia adoptó un modelo económico plural cerrado que sometió toda inversión extranjera únicamente a las leyes y tribunales bolivianos y prohibió el acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. En el sector de los hidrocarburos, el cierre fue aún mayor, al vetarse expresamente el arbitraje internacional.
Este enfoque fue posteriormente reforzado por la Ley Nº 516, del 4 de abril de 2014, o Ley de Promoción de Inversiones, que pese a su denominación no abrió al país a la inversión, sino que consolidó el mismo criterio restrictivo, mantuvo la subordinación total de la inversión extranjera al ordenamiento interno y excluyó mecanismos internacionales de resolución de controversias. Lejos de brindar seguridad, esta combinación normativa desincentivó la llegada de nuevos capitales y expuso al Estado a conflictos legales y arbitrajes internacionales, con un impacto directo sobre las finanzas públicas.
El efecto fue previsible. Muchos inversionistas entendieron que, ante un conflicto, no contarían con garantías de una resolución neutral e independiente. Como resultado, se dejaron de realizar nuevas inversiones, se retiraron capitales y Bolivia perdió atractivo frente a otros países con reglas más claras y previsibles. Este cierre jurídico tuvo consecuencias directas. Sin inversión ni exploración sostenida, las reservas de gas comenzaron a caer y la producción pasó del estancamiento al descenso. Se redujeron los volúmenes exportables, se afectó el cumplimiento de contratos con Brasil y Argentina y se perdió credibilidad como proveedor confiable. Todo ello impactó de inmediato en los ingresos por exportaciones, las regalías y la recaudación fiscal, dejando al Estado con menos recursos disponibles.
A este daño se sumó un costo que pudo evitarse, en lugar de optar por políticas de renegociación, el país eligió expropiaciones y resoluciones unilaterales de contratos, lo que derivó en demandas ante tribunales y foros internacionales de arbitraje que condenaron a Bolivia a pagar, hasta casi mil millones de dólares en indemnizaciones sin responsables. Estos recursos pudieron haberse destinado a inversión, infraestructura o servicios públicos.
Si la improvisación y la política no hubiera reinado, el país debió asumir un rol de defensa de nuestros recursos con mayor responsabilidad, ya que si implementó una política de nacionalización de los hidrocarburos, lo menos que debió hacer fue renegociar los contratos mediante alternativas menos lesivas, mediante la figura del “rescate”, desarrollada por autores como: Rafael Bielsa, Agustín Gordillo y Roberto Dromi, que permiten al Estado retomar servicios o contratos por razones de interés público, pero mediante compensaciones razonables y negociadas, evitando litigios largos, millonarios e innecesarios.
A esta altura, el debate sobre el arbitraje en Bolivia no puede seguir atrapado en consignas ni en visiones de soberanía. El problema no es el arbitraje en sí, sino la falta de un marco normativo moderno, claro y coherente que explique sus funciones y beneficios. En la práctica, Bolivia ha carecido de reglas precisas en esta materia, lo que ha generado inseguridad jurídica, ha reducido el interés de los inversionistas y ha incrementado innecesariamente el riesgo país.
El arbitraje es una herramienta que sirve para dar reglas claras cuando surgen conflictos, tanto entre el Estado y los inversionistas como entre empresas. En el caso de las inversiones, ayuda a equilibrar una relación desigual, ya que el Estado tiene mayor capacidad para cambiar normas o contratos, sin quitarle su derecho a regular, pero ofreciendo un espacio neutral para resolver controversias. En el ámbito comercial, permite resolver disputas contractuales de forma más rápida, técnica y menos costosa que los tribunales ordinarios, lo que es clave en sectores como la energía, los hidrocarburos o la infraestructura.
La experiencia internacional es clara, países de América Latina como Perú, Colombia y Chile utilizan el arbitraje, incluso internacional, sin que ello signifique perder soberanía ni control sobre sus políticas públicas, en Europa ocurre lo mismo: el arbitraje forma parte normal de los sistemas de justicia y se regula para hacerlo más transparente y confiable, el debate no es si el arbitraje debe existir, sino cómo regularlo bien.
Bolivia, en cambio, confundió soberanía con aislamiento. El resultado fue menos inversión, contratos más caros, menor transferencia tecnológica y el deterioro de sectores estratégicos, en lugar de fortalecer la capacidad real del Estado, estas decisiones redujeron su margen de acción.
Mi propuesta es clara y concreta, Bolivia necesita aprobar una nueva Ley de Arbitraje, moderna y alineada con estándares internacionales, separada de la conciliación, que defina con precisión los distintos tipos de arbitraje, garantice independencia, inversión extranjera pública y privada, neutralidad en la resolución de controversias y devuelva seguridad jurídica a la relación entre el Estado y los inversionistas. No se trata de renunciar a la autoridad y soberanía del Estado, sino de ejercerla con inteligencia jurídica y responsabilidad institucional.
El caso de Venezuela refuerza esta situación; a fines de enero del 2026, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez aprobó una reforma que abrió el sector petrolero a la participación privada y extranjera, incluyendo grandes empresas transnacionales y estadounidenses, ampliando la exploración y explotación de hidrocarburos. El giro respondió a una realidad evidente, después de más de dos décadas de control estatal absoluto, el Estado ya no podía sostener una industria colapsada ni garantizar su recuperación.
La lección es clara, cerrar sectores estratégicos por demasiado tiempo no fortalece la soberanía; la debilita y abrirlos tarde, bajo presión y sin reglas claras, reduce aún más la capacidad de decisión del país. La soberanía no se pierde de un día para otro, se erosiona cuando no existen reglas jurídicas claras, estables y confiables.
Los pueblos no viven a partir de ideologías ni de discursos, avanzan cuando generan empleo, fortalecen la producción y atraen inversión privada sobre la base de reglas claras, estables y previsibles. El arbitraje no constituye una renuncia a la soberanía, sino un instrumento para ampliar y dinamizar los sectores estratégicos, crear oportunidades reales de desarrollo y empleo, y reducir la incertidumbre que desalienta la inversión. Gobernar con realismo implica abrir Bolivia al mundo, establecer normas confiables y contar con mecanismos eficaces de resolución de controversias.
En ese marco, resulta imprescindible que la Asamblea Legislativa se concentre en su función esencial: trabajar y aprobar leyes modernas y coherentes, capaces de generar confianza y de permitir que los recursos naturales y la actividad económica se traduzcan en bienestar efectivo, sostenible y duradero para la población.
Asdruval Columba Joffré es abogado y profesor universitario.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
