n vísperas del cambio de gobierno es necesario reflexionar sobre la posibilidad de que Bolivia ingrese a un nuevo ciclo democrático y de desarrollo después de veinte años de dictadura, de atraso económico y de pobreza. ¿Cuáles serán los condicionantes y perspectivas?
La presidenta del Perú mencionó en julio pasado que “el Perú evitó seguir un sendero que lo habría hecho comparable a un Estado fallido como Bolivia, Cuba y Venezuela”. Para ella los países fallidos son los que no reciben inversiones, sin obras públicas y con mucha pobreza. Inmediatamente se levantaron en Bolivia voces airadas negando esta posibilidad ya que “el país tendría soberanía territorial y capacidad de superar las crisis”. ¿Es esto verdad? ¿Bolivia tendría soberanía territorial y capacidad de superar las crisis?
En realidad, no se sabe en estos momentos en qué medida Bolivia tendría la capacidad, a corto y medio plazo, para superar la crisis económica, política y social y recuperar la soberanía territorial en peligro en que se encuentra desde hace muchos años. La crisis que la afecta no es solo económica, como mencionó la presidente del Perú, sino también de las instituciones en general, de la soberanía cuestionada en grandes espacios del territorio y de falta de seguridad para su población.
El concepto de “Estado fallido” surgió hace algunas décadas debido a que algunos países como Siria, Libia y otros de Asia y África se encontraban sumidos en guerras civiles interminables causando masacres y migraciones gigantescas a sus poblaciones. Desde entonces el término es usado por académicos, políticos y periodistas para calificar a un país y a un Estado por haber fallado en garantizar a sus ciudadanos el funcionamiento de sus instituciones y el acceso a los servicios básicos como el empleo, el agua, la luz, el transporte y la seguridad. En este contexto, el Estado puede fallar en extensas zonas de su territorio controlados por grupos organizados que imponen su propia ley al margen del Estado central. En el caso de algunos países de América Latina, se añade, además. producción de droga, el narcotráfico y otras actividades delictivas en grandes zonas donde el Estado no tiene control.
En términos generales, el concepto se usa para describir un Estado que se volvió ineficaz, que tiene solo un control nominal sobre su territorio, donde en algunas áreas existen grupos armados que desafían directamente la autoridad del Estado y donde las instituciones del Estado se encuentran carcomidas e infiltradas por burocracias ineficientes y corruptas. Se puede decir que un Estado es fallido cuando le falta autoridad unificada, reconocida y legal sobre sus diferentes territorios.
Siguiendo los conceptos de Max Weber, un Estado tiene éxito “cuando mantiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras”. Por el contrario, cuando existen grupos violentos y criminales que controlan por la fuerza actividades ilegales como la producción de droga, el contrabando, la trata de personas y otras, se admite que el Estado perdió su capacidad de gobernar y de imponer el Estado de Derecho en su territorio.
Volviendo a nuestro interrogante inicial, se debe reconocer que Bolivia se encuentra en este momento al borde de constituir un “Estado fallido” y que varios de los indicadores señalados se presentan actualmente en dimensiones significativas. Es probable que el nuevo gobierno no pueda superarlos fácil y rápidamente desde un principio, por lo que durante mucho tiempo tendrá dificultades para aplicar la ley e imponer el Estado de derecho.
En cuanto a las instituciones gubernamentales, ambos candidatos a la presidencia en el próximo balotaje expresaron su compromiso de tomar decisiones de fondo respecto a los ministerios y viceministerios, así como en relación con los gobiernos subnacionales. El objetivo apuntaría no solo a reducir el personal excesivo de las instituciones y empresas públicas ―Bolivia contaría con alrededor de 550 mil funcionarios públicos, excesivo porcentualmente respecto a otros países latinoamericanos―, sino también el gasto público, el déficit fiscal y en disminuir la ineficiencia, la corrupción y sus efectos malsanos en diferentes instituciones y áreas del territorio. Es probable que estas medidas deban enfrentar una dura resistencia por parte de los funcionarios corruptos coordinados con otros grupos de diferentes instituciones y áreas territoriales.
Un aspecto que debe enfrentar el nuevo gobierno democrático es el control de grandes zonas territoriales donde el Estado solo tiene “presencia nominal”. Una de estas zonas se encuentra dominada por mafias y carteles ilegales -nacionales e internacionales-, que controlan la producción de hojas de coca y de cocaína, así como su distribución en diferentes países del mundo. Otro gran espacio territorial controlado por mafias nacionales e internacionales son las zonas de cooperativas mineras que explotan sobre todo el oro al margen de las obligaciones tributarias con el Estado y sin la debida protección a la naturaleza y a la salud de las poblaciones ribereñas y vecinas.
Otro sector territorial donde la presencia del Estado es débil, son las extensas fronteras del país dominadas por poderosas mafias nacionales e internacionales que dominan sin control gubernamental el contrabando de grandes volúmenes de mercaderías de importación (vehículos) y de exportación (cocaína, drogas).
El próximo gobierno democrático tendrá dificultades serias para poder imponer la soberanía y el Estado de Derecho en estos territorios debido a la existencia de poderosas organizaciones criminales y armadas que controlan y superan con medios importantes las capacidades gubernamentales de fuerza y coacción.
En el caso de la zona del trópico de Cochabamba, zona de cocales, de narcotráfico y de crimen organizado, por ejemplo, no se trata simplemente de enviar un comando militar o policial para capturar a los cabecillas y restablecer automáticamente el Estado de Derecho. Existen en la región decenas de miles de cocaleros y de pequeños campesinos dispuestos a defender a sus cabecillas y enfrentarse de manera prolongada a las fuerzas del orden. En zonas vecinas y provincias, debido a la existencia de correas de transmisión sindicales y culturales, las movilizaciones y los enfrentamientos pueden repercutir y extenderse a otros departamentos, así como organizar bloqueos en diferentes carreteras y caminos. El poder económico del narcotráfico y del crimen organizado es inmenso y puede financiar las movilizaciones durante años.
Algo similar puede suceder en los territorios y áreas de las cooperativas mineras, donde no existe la presencia del Estado y de las leyes. Estas cooperativas están conformadas por decenas de miles de mineros y de poblaciones vecinas relacionadas sobre todo con la explotación ilegal del oro en los ríos del norte del departamento de La Paz y en otras zonas. La explotación del mineral se realiza mediante el uso del mercurio traído en contrabando desde otros países en grandes proporciones. Cada cooperativa cuenta con grandes maquinarias, retroexcavadoras y otras tecnologías modernas de extracción y de procesamiento del mineral. Estas actividades ilegales repercuten negativamente en la contaminación de los ríos y en la salud de las poblaciones indígenas y vecinas.
A pesar de la existencia de leyes nacionales que reglamentan la actividad de las cooperativas mineras, las normas no se cumplen y los impuestos no se pagan como es debido, por lo que estas zonas se encuentran durante años al margen del Estado de Derecho. El nuevo gobierno democrático no tendría la capacidad suficiente para imponer las leyes en estas áreas, por lo que cabría esperar un largo período de resistencia al igual que en las zonas cocaleras y de narcotráfico.
Bernardo Corro Barrientos es economista y antropólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
