l año 2009 se aprobó el nuevo texto de la Constitución Política del Estado a través de un referéndum, cuyo resultado de efecto vinculante dio lugar a su vigencia en el país y por ende a su aplicación prioritaria, por encima de cualquier otro instrumento jurídico nacional.
Si bien todos los bolivianos estamos obligados a respetar el contenido “in extenso” de la referida norma superlativa, son las autoridades públicas las más llamadas a cumplir esta sagrada misión, en especial el Presidente del país, así lo señala expresamente el numeral 1 del Art. 172 cuyo tenor literal reza lo siguiente: “Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece la Constitución y la ley: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes…”. En ese sentido el Primer Mandatario tiene el imperativo categórico de convertirse en el guardián de la citada “Carta Magna”, la misma que, en relación al tiempo de mandato y la reelección, establece en el Art. 168 que: “El período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado, es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.
Evo Morales posesionado en enero de 2006 gracias a su legítima victoria electoral de diciembre de 2005, muy pronto se envileció y en lugar de realizar una gestión presidencial de beneficio para el conjunto del pueblo boliviano, elimine los bolsones de miseria, extinga los mecanismos de exclusión social, discriminación y confrontación interna, dedicó su mandato a promover el enfrentamiento, el odio entre compatriotas, convirtiendo a Bolivia en un régimen absolutista donde todo se decide desde el Órgano Ejecutivo, ejerciendo control fáctico de los demás poderes del Estado y de todas las instituciones estatales, algunas que por la naturaleza de sus funciones debían actuar de manera independiente.
Los avances democráticos que se habían suscitado desde octubre de 1982, fueron extinguidos, generando una peligrosa involución democrática. Sumado a ello, no se supo aprovechar la coyuntura económica favorable suscitada en el país, debido al alza exponencial de los precios de los hidrocarburos y minerales en el mercado internacional, generando un ingreso cerca a los 60.000 millones de dólares, dilapidando esos recursos.
Implantada la dictadura, Evo y sus adláteres, decidieron permanecer en el poder de manera indefinida, para seguir acumulando patrimonio y disfrutar de los privilegios que ello reporta. Sin embargo, tropezaron con dos obstáculos: La prohibición constitucional que impedía la reelección “forever” y, la rebeldía de un pueblo digno que no estaba dispuesto a soportar un nuevo atropello. Ante esa circunstancia, viendo que no era fácil burlar la prohibición constitucional, el dictador desafió al país, promoviendo la convocatoria a un referéndum, para que sea el soberano el que decida en las urnas si le autoriza volver a postular a la presidencia, asegurando contar con el suficiente respaldo ciudadano. Haciendo gala de su egolatría, se jactó públicamente de su supuesto apoyo, comprometiéndose acatar los resultados de la consulta.
El 21 de febrero de 2016 la dignidad de un pueblo se materializó en las urnas al decidir en forma soberana que NO autorizaba dicha reelección. En cualquier otro país, ese resultado se hubiese cumplido de manera sagrada, es el caso de Chile donde hasta el ex dictador Augusto Pinochet acató lo que decidió el pueblo chileno y tuvo que dejar el poder. Pero como Evo Morales que cree estar por encima de la voluntad divina, decidió burlarse de los bolivianos, ordenando a su Tribunal Constitucional se lo fabrique una sentencia que lo habilite a la postulación indefinida, con el falso argumento de que esta constituye un derecho humano. El exabrupto del dictador, dio lugar a la emergencia de un movimiento ciudadano que, cansado de tanto abuso decide revelarse, exigiendo se respeten los resultados del referéndum 21F y a partir de ello, emprender la lucha denunciando el conjunto de violaciones a los derechos humanos, interpelando al régimen neofascista, actitudes heroicas que alcanzaron gran magnitud en noviembre de 2019, logrando se desenmascare las elecciones fraudulentas de octubre de ese año y que los delincuentes encaramados en el poder, abochornados por su fechoría, se vayan y resguarden su impunidad abandonando el país.
A, 9 años del referéndum donde el pueblo hizo prevalecer su dignidad y defendió la democracia, rindo mi homenaje a los “PITITAS”, Comités Cívicos, miembros de CONADE, Pueblos Indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil, por ser los genuinos portavoces de las legítimas aspiraciones democráticas de nuestro pueblo.
Waldo Albarracín Sánchez es abogado y defensor de Derechos Humanos.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
