l presidente Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos carteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.
La decisión de incorporar a las Fuerzas Armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña de la administración contra los cárteles. Indica la continua disposición de Trump a usar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
La orden establece una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los carteles.
Oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las Fuerzas Armadas podrían perseguir a los grupos, según informaron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas deliberaciones internas.
Sin embargo, ordenar a las Fuerzas Armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, incluyendo si se consideraría “asesinato” si las fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente.
No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones legales.
Este año, Trump ya ha desplegado a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para frenar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha intensificado la vigilancia y las medidas de interdicción de drogas.
Cuando regresó a la presidencia en enero, Trump firmó una orden que instruyó al Departamento de Estado que comenzara a clasificar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.
Trump ha atacado especialmente a las organizaciones venezolanas y mexicanas. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, así como a la transnacional Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varios otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras, diciendo que constituían “una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional”.
Hace dos semanas, el gobierno de Trump añadió al cartel de los Soles de Venezuela a una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, afirmando que está liderado por el dictador Nicolás Maduro de Venezuela y otros altos funcionarios de su administración.
Este jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno de Estados Unidos duplicará la recompensa —a 50 millones de dólares— por información que conduzca al arresto de Maduro, quien ha sido acusado formalmente de narcotráfico. El gobierno lo describió nuevamente como líder del cártel, y la fiscal general Pam Bondi afirmó que “no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”.
Al preguntársele sobre la autorización de Trump para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró en un correo electrónico que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”.
El Departamento de Defensa se negó a comentar sobre la nueva directiva.
Los ataques militares unilaterales contra los carteles representarían una marcada escalada en el largo camino para frenar el narcotráfico, colocando a las fuerzas estadounidenses en un papel de liderazgo en primera línea contra organizaciones a menudo bien armadas y bien financiadas. Una campaña sostenida también probablemente plantearía nuevos problemas relacionados con el intento de Trump de usar las Fuerzas Armadas de forma más agresiva para respaldar diversas de sus políticas, a menudo frente a restricciones legales y constitucionales.
