in ley que obligue a los candidatos a debatir propuestas por el incumplimiento de las fuerzas representadas en la ALP y con la declinación de tres de los ocho candidatos, el segundo debate presidencial coorganizado por el Órgano Electoral a realizarse en la ciudad de La Paz no se efectuará.
La cancelación del segundo debate presidencial fue informada este lunes por el vocal Francisco Vargas. El Órgano Electoral se alió con la Confederación de Empresarios y la Asociación Nacional de Periodistas para realización de dos debates presidenciales.
Hace 10 días se realizó el primer debate entre los ochos candidatos presidenciales en la capital cruceña. Por primera vez, el candidato de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, cruzó propuestas, críticas y dardos políticos con los otros postulantes a la presidencia del país.
Las alianzas Libre y Unidad, además de APB Súmate, declinaron su participación en el segundo debate porque se cruzaba con los cierres de campaña de los frentes en carrera electoral. Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina propusieron adelantar para el fin de semana que ya pasó, pero los organizadores ratificaron la fecha del 12 de agosto.
Vargas adelantó a la red Unitel que se emitirá un comunicado oficial en la próximas horas de parte del TSE, en el que se darán detalles sobre la decisión asumida.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), enviaron el fin de semana una carta al presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel, en la que advirtieron que si no participan todos los candidatos, “no se cumplen los objetivos” con los cuales nació la iniciativa.
“Un esfuerzo de esta naturaleza debe estar acompañado por la decisión de los candidatos y las Alianzas Políticas para aportar al pluralismo, el libre intercambio de ideas y el principio de igualdad plena”, se indicó en la misiva.
La obligatoriedad para que los candidatos debatan sus propuestas de gobierno fue uno de los acuerdos en la última cumbre institucional y política realizada en Santa Cruz, pero las fuerzas actualmente representadas en el Órgano Legislativo no aprobaron la ley respectiva.
