días de que acabe la gestión de Luis Arce en la presidencia, un informe de Inteligencia de la Policía fue conocido por el diario cruceño El Deber en el que se recomienda al Ejecutivo activar “alerta máxima” y asumir medidas de prevención en los departamentos de Santa Cruz y Beni ante “la escalada de violencia” protagonizada por dos organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en territorio nacional.
El informe contradice las declaraciones púbicas realizadas por autoridades del Ministerio de Gobierno del gobierno saliente que relativizaron en los últimos años la presencia de organizaciones narco en Bolivia ligadas a carteles extranjeros.
Los líderes de esas organizaciones, señala el informe, mantienen alianza con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, y protagonizan una disputa por el control de rutas y territorio con otros grupos nacionales.
“De acuerdo al análisis efectuado hasta el 28/10/2025, referida a las dos principales estructuras criminales de alto valor que operan en territorio nacional, se identifica: A) La red transnacional liderada por el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, “Rey del Sur”. B) la organización nacional encabezada por Yasser Andrés ‘Coco’ Vásquez Cardona", señala el informe al que tuvo acceso El Deber.
"Ambas representan una amenaza inminente a la seguridad interna y regional, con indicios de escalada violenta asociada a alianzas con el Primer Comando de la Capital (PCC), del Brasil”, menciona parte de las conclusiones del informe.
El documento detalla datos obtenidos a través de labores de Inteligencia, con “infiltración de elementos” en “zonas estratégicas”, en el oriente boliviano. El mismo fue elaborado después de tres hechos criminales que incrementaron la sensación de inseguridad en el país.
El primero, se refiere al video publicado el 16 de septiembre, por un medio de medio de comunicación de Santa Ana de Yacuma (Beni), en el que Vásquez, si bien niega los 13 sicariatos atribuidos a su grupo criminal, “confirma la intención de permanecer en la clandestinidad” y lanza amenazas contra el exfiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas y una autoridad del actual gobierno.
El segundo elemento que motivó el informe, se trata del video, publicado el 23 de octubre, que empezó a circular por redes sociales y en el que un grupo armado que usa una tela con identificativos del PCC. En el mismo, los delincuentes fuertemente armados, respaldan las amenazas que Marset lanzó contra Erland Ivar García, alias El Colla, quien cinco días antes afirmó que el uruguayo vivía en la zona exclusiva del Urubó, en Santa Cruz de la Sierra, bajo la protección de jefes policiales y al que le atribuyó el secuestro de su expareja y su chofer, un caso aún sin resolver, pese a la liberación de las víctimas.
El tercer hecho que se menciona, es el asesinato de Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa del municipio beniano de San Ramón, Estela Rodríguez. El hombre, que falleció producto de los 24 impactos de bala que recibió mientras paseaba por la plaza principal de esa población, ya había sobrevivido a un atentado en abril de este año, en el Cambódromo, en el departamento de Santa Cruz.
Ante estos elementos “se recomienda” al Ejecutivo “coordinar reuniones binacionales con Brasil e Interpol; priorizar operaciones de captura de los cabecillas fuera de zonas de alto riesgo; coordinar con la Fiscalía General la protección de testigos clave y declarar alerta máxima en Beni y Santa Cruz.
Por otro lado, se hizo énfasis en reportes que confirman que las fuerzas del orden están “infiltradas”, por varios ejemplos en los que se presume que ambas organizaciones de narcotraficantes recibieron información privilegiada, acerca de operativos en su contra o de datos que los favorecen para cometer otros delitos conexos, como el tráfico de armas.
El ejemplo más reciente que se cita en el reporte, se refiere al proceso abierto contra cuatro miembros de la Armada y otro dos de la Policía Boliviana, involucrados en el sicariato de Édgar Dorado, alias El Jefe, perpetrado el 27 de julio en Santa Ana de Yacuma.
Los informes policiales citan al grupo de Andrés Coco Vásquez, como líder de un grupo que cuenta con los servicios de sicariato atribuidosa los hermanos Oswaldo y Erick Hurtado Aguilera, a quienes se vincula con 13 asesinatos por encargo.
En un apartado del informe policial dirigido al Ejecutivo se detalla que, al menos 12 secuestros y ajustes de cuentas ligados al narcotráfico, fueron cometidos en 2025 por clanes familiares en el Chapare. de Cochabamba.
