a elección de José Armando Urioste como fiscal general interino tiene una característica que no debería pasar inadvertida: es producto de un acuerdo político entre oficialismo y oposición en una Asamblea Legislativa donde ya no existe la hegemonía que durante años tuvo el MAS.
Esa es la diferencia fundamental con anteriores designaciones. No estamos ante una Asamblea sometida a una mayoría política dominante. Estamos ante un Parlamento obligado a construir acuerdos. Y que el nuevo fiscal general haya surgido de ese consenso, con los dos tercios constitucionalmente requeridos, le otorga un punto de partida institucional importante.
Pero hasta ahí llega el valor del consenso.
El consenso lo eligió. Los resultados definirán su legado.
Urioste, en varias entrevistas, ha expresado su objetivo principal: reestructurar la institución y dar seguridad jurídica al ciudadano. Va por buen camino.
Desde esta columna, dos consideraciones al inicio de este histórico desafío:
Primero: que la ley se cumpla para todos
Evo Morales fue imputado, no se ha presentado a las audiencias correspondientes, ha sido declarado en rebeldía y existen órdenes de aprehensión en su contra.
La ejecución material de esas órdenes corresponde a la Policía, pero bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Por ello, lo que deberíamos esperar del nuevo fiscal general no es que personalmente ejecute una orden de aprehensión, sino que garantice que la institucionalidad del Ministerio Público no sea pasiva frente al incumplimiento de una orden judicial por la conducta de rebeldía de Morales.
No se trata de persecución política. Tampoco de conceder privilegios políticos. Se trata de algo elemental en un Estado de Derecho: si existen decisiones judiciales vigentes, deben cumplirse. Es el principio básico de defensa de la legalidad.
El nuevo fiscal general debe garantizar que el Ministerio Público actúe con estricto apego al debido proceso y defender la legalidad, respetando todas las garantías que corresponden a cualquier ciudadano.
Segundo: desmontar la vieja estructura del Ministerio Público
Esta será la madre de las batallas para Urioste.
Hay que desmontar una estructura que durante los años del masismo fue acumulando poder: una estructura corrupta, obsecuente con el poder político y protectora de narcotraficantes.
Y esa reconstrucción tiene un punto de partida concreto: la designación de nuevos fiscales departamentales.
La regla no amerita mayores consideraciones. El nuevo fiscal general debe rodearse de gente con tres cualidades:
- Solvencia profesional y conocimiento del sistema. 2 .Solvencia ética. En el mundo de los juristas se conocen todos.
- Solvencia testicular. Enfrentarán a un monstruo de varias cabezas.
Apasionante desafío tiene al frente el Dr. Urioste.
Arranca con un hecho relevante: fue elegido por consenso en una Asamblea Legislativa Plurinacional sin hegemonía partidaria, después de varios intentos fallidos. Fue Urioste quien logró alinear los votos. Es, sin duda, un hecho relevante. Encuentra, además, un sentimiento ciudadano positivo y favorable. Después de Mariaca, todos estamos alentados con la reconstrucción del Ministerio Público.
Y si al terminar esta transición la Fiscalía sigue funcionando con las mismas personas, las mismas prácticas, los mismos privilegios y las mismas estructuras de poder, habrá que decirlo con toda claridad:
Habremos cambiado al fiscal general, pero no habremos cambiado la Fiscalía.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
