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E

l gobierno de Rodrigo Paz consiguió la aprobación legislativa de $us 3.751,7 millones en créditos externos durante su primer año de gestión. Sin embargo, hasta octubre de 2026 solo habían ingresado $us 761,6 millones que pueden atribuirse directamente a esas operaciones. La cifra representa aproximadamente el 20% del financiamiento autorizado.

El dato forma parte del informe Ganar tiempo a crédito: la deuda externa en el primer año de Rodrigo Paz, elaborado por el Centro de Estudios Populi y sistematizado por el diario El Deber. El documento contabiliza 15 leyes promulgadas entre el 8 de noviembre de 2025 y el 13 de noviembre de 2026, mediante las cuales se aprobaron préstamos de organismos multilaterales y otras entidades financieras.

El endeudamiento se produjo en un contexto con desequilibrios económicos. Al inicio de la gestión de Paz, Bolivia enfrentaba una escasez de dólares, problemas de abastecimiento de combustibles, inflación elevada y un déficit fiscal que presionaba las cuentas públicas. El deterioro de los ingresos por exportaciones de gas, el elevado gasto estatal y las limitaciones de las reservas internacionales habían reducido el margen de maniobra del Estado.

El Banco Central de Bolivia (BCB), en su evaluación de la economía de 2025, identificó un déficit fiscal persistente, financiado en gran medida mediante crédito interno del propio ente emisor, además de restricciones de divisas y presiones inflacionarias y cambiarias. El organismo también señaló que la actividad económica cerró ese año en un ciclo contractivo.

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En ese escenario, el acceso al financiamiento externo se convirtió en una de las herramientas del Ejecutivo para atender las obligaciones del Estado, respaldar las reservas y cubrir necesidades de la balanza de pagos. La mitad del monto aprobado durante el periodo analizado corresponde al Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente a unos $us 1.873 millones.

Le siguen el crédito de liquidez de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $us 550 millones; el programa de protección social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $us 500 millones, y un financiamiento del Banco Mundial por $us 200,5 millones. Los otros 11 préstamos suman alrededor de $us 628 millones.

Créditos heredados

La aprobación de estos recursos también estuvo marcada por el cambio de Gobierno y la renovación de la Asamblea Legislativa. De los 15 créditos, nueve habían sido firmados durante la administración de Luis Arce, entre marzo de 2023 y octubre de 2025, por un total de $us 535,4 millones. Ninguno consiguió su aprobación legislativa durante ese mandato y permaneció pendiente, en promedio, 18 meses.

El informe atribuye parte de esa demora a la división política que afectó a la anterior Asamblea. Nueve proyectos de ley de préstamo de la legislatura 2024-2025 quedaron archivados y ocho fueron presentados en la siguiente legislatura.

Con la nueva Asamblea, instalada en noviembre de 2025, los créditos heredados tardaron un promedio de siete meses en obtener aprobación. En cambio, los préstamos firmados durante la administración de Paz, por $us 3.216,3 millones —incluido el programa del FMI—, demoraron en promedio cinco meses desde la firma hasta convertirse en ley.

Uno de los trámites más rápidos fue el crédito de liquidez de la CAF, aprobado en 22 días. El Ejecutivo, por su parte, promulgó las leyes sancionadas por el Legislativo en un promedio de seis días. Pese a ese avance, el informe identifica cuatro préstamos por $us 552,4 millones que todavía estaban pendientes de tratamiento en la Cámara de Diputados.

Aunque la aprobación legislativa avanzó, los desembolsos no tuvieron el mismo ritmo. De los $us 3.751,7 millones autorizados, hasta octubre se habían recibido $us 761,6 millones atribuibles a las leyes analizadas.

Los recursos identificados se concentraron en tres operaciones. La CAF entregó $us 450 millones en diciembre de 2025 y otros $us 100 millones en enero de 2026. El FMI desembolsó $us 211,3 millones en octubre, mientras que un préstamo vial del Banco Mundial registró un giro de $us 300.000.

El informe identifica un desembolso adicional de $us 302,8 millones del BID en octubre. Pero el registro del BCB no precisa a qué préstamo corresponde. Populi considera que está vinculado al programa de protección social aprobado en esta gestión. Por lo que el total desembolsado por las leyes analizadas subiría a $us 1.064,4 millones, equivalente al 28% del monto aprobado.

Otro dato relevante del estudio es el destino de los recursos autorizados. Según Populi el 67% de los créditos aprobados estaba destinado a liquidez y apoyo presupuestario. Se trata de recursos de libre disponibilidad para el Tesoro o para atender necesidades de balanza de pagos.

El resto se distribuye entre transferencias a hogares, que representan el 19%; obras e infraestructura, con el 13%, y proyectos productivos y rurales, con el 2%. Los porcentajes están redondeados.

Entre los créditos clasificados como apoyo presupuestario figuran el programa del FMI, el préstamo de liquidez de la CAF y un financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). En cambio, los recursos destinados a infraestructura incluyen proyectos de agua, saneamiento, energía solar, carreteras, el teleférico de La Paz y alumbrado público.

Los créditos externos aprobados durante el primer año de Gobierno de Rodrigo Paz dieron un margen de liquidez al Estado para cumplir con sus obligaciones financieras, pero trasladan más deuda a las siguientes gestiones. Esa es una de las principales conclusiones que plantea Carlos Aranda, investigador del Centro de Estudios Populi, a partir del informe sobre el endeudamiento externo entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.