
os primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz Pereira estuvieron marcados por una extraordinaria expectativa ciudadana. Había alegría, alivio y, sobre todo, esperanza. El MAS había sido derrotado en las urnas y se abría la posibilidad de iniciar una etapa de reconstrucción democrática, superar el agotamiento de un modelo económico y político y comenzar a desmontar las estructuras de corrupción, opacidad y temor vinculadas al narcotráfico.
Pero gobernar resultó mucho más complejo que ganar las elecciones. Las resistencias del modelo agotado, las disputas por el poder y las expectativas insatisfechas fueron configurando un escenario cada vez más difícil. La lentitud en la toma de decisiones, los 53 días de bloqueo, el escándalo en el entorno presidencial por la presencia del asesor Cerimedo, las controversias que involucraron al círculo familiar por una estadía no explicada en Boca Ratón y las denuncias de corrupción alimentaron una corriente de opinión pública adversa que parecía irreparable.
Todo parecía confirmar los pronósticos de quienes anticipaban que octubre sería el mes crítico para el gobierno de Rodrigo Paz. Los traumas de octubre de 2003 y de 2019 cobraban vida, y las expectativas negativas crecían.
Sin embargo, octubre está llegando a su fin y los temores comienzan a disiparse. Contrariamente a lo que algunos deseaban o vaticinaban, aparecen razones para recuperar la esperanza. Rescato dos elementos que merecen especial atención.
Primero, la actitud de la ciudadanía frente al ajuste económico. La eliminación del subsidio al diésel, la implementación de una política cambiaria flexible, el retorno a la órbita del FMI, la apertura a las iniciativas privadas y la tendencia a reducir el tamaño del Estado generaban expectativas que combinaban dudas con un entusiasmo moderado. Lo previsible era que el malestar se tradujera inmediatamente en un rechazo generalizado. Sin embargo, advierto señales de comprensión y acompañamiento ciudadano.
No pretendo desconocer los sacrificios que estas decisiones imponen a las familias bolivianas ni minimizar sus consecuencias. Observo que una parte importante de la ciudadanía parece haber comprendido que no era posible mantener la lógica populista y demagógica del masismo. Me cuento entre quienes comparten esa percepción.
Hay una conciencia creciente de que el país debe enfrentar su realidad, asumir responsabilidades y pensar en Bolivia más allá de las conveniencias políticas. Segundo, las señales de recuperación institucional.
Los órganos del Estado —Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral—, cada uno desde su ámbito de competencia, están dando señales de que, pese a las dificultades de coordinación y a la inexistencia del tan esperado Acuerdo Nacional, es posible transitar por un camino que permita desmontar estructuras delincuenciales y corruptas, penetradas por el narcotráfico. La detención de un exfiscal general, la situación de otros fiscales departamentales —presos o procesados— y los casos de jueces desvinculados y sometidos a proceso muestran que estamos transitando por una senda de recuperación institucional.
La limpieza de la Justicia no se mide por el número de funcionarios apartados, sino por la capacidad de investigar con independencia, respetar el debido proceso y sancionar a los responsables sin privilegios ni persecuciones políticas. Instalar una dinámica de rendición de cuentas y desterrar la impunidad será fundamental para reconstruir la Justicia. Una vez más lo digo con convicción: llevar a Evo Morales ante la justicia será un hecho determinante para liberarla del asedio político. Que se cumpla el debido proceso; simplemente eso.
Ambos elementos, permiten mirar octubre desde otra perspectiva.
No estamos ante una crisis superada ni frente a un gobierno exento de errores. Persisten enormes desafíos económicos, políticos e institucionales. La comunicación gubernamental, la transparencia y la capacidad de explicar las decisiones difíciles seguirán siendo determinantes para sostener el acompañamiento ciudadano.
La derrota electoral del MAS abrió una oportunidad. La responsabilidad de convertirla en una transformación duradera sigue pendiente. Por eso, frente a quienes anticipaban un octubre crítico, cabe alentar la esperanza.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
