acer este balance no significa hacer una apología del Gobierno.
Sería absurdo negar sus ineficiencias y también sus errores: ha habido lentitud, decisiones tardías, deficiencias de comunicación, falta de claridad estratégica, oportunidades desaprovechadas y, en el último tiempo, un escándalo político que ha erosionado la confianza. Tampoco corresponde adelantar un juicio definitivo sobre reformas cuyos resultados todavía están por verse.
Pero hacer un balance serio exige algo más que enumerar lo negativo; hay que exhibir también los hechos.
Y los hechos muestran que, en diez meses, Bolivia ha comenzado a transitar hacia un escenario económico e institucional diferente.
Se modificó el régimen cambiario. Se avanzó hacia un tipo de cambio flexible. Se eliminó la subvención al diésel. Se hizo un viraje ideológico en materia de relaciones internacionales y se abrió nuevamente la relación financiera con el Fondo Monetario Internacional.
Existe una agenda de reformas estructurales orientada a reducir desequilibrios, reconstruir reservas y estimular la inversión privada, así como a encarar el desafío de superar la crisis energética que amenaza la producción y la tranquilidad de las familias bolivianas.
El 50/50, además, introduce otra discusión: la posibilidad de modificar la relación entre el Estado central y las regiones, trasladando recursos, competencias y responsabilidades hacia las entidades territoriales. Si esa agenda termina convirtiéndose en una reforma efectiva, no estaremos solamente ante una medida económica, sino ante una modificación de la arquitectura política del Estado.
Por eso, quizá el balance más honesto a los diez meses no sea decir que el Gobierno ha ganado la batalla política. Está dando la pelea en la construcción de esa nueva Bolivia que ofreció el presidente.
Ese conjunto de decisiones configura un cambio de rumbo.
La discusión, entonces, ya no puede reducirse a si Rodrigo Paz Pereira gobierna bien o mal, si comunica bien o mal, si ha sido rápido o lento.
La pregunta de fondo es otra: ¿Será capaz el Gobierno de convertir estas decisiones en resultados concretos y sostenibles para los bolivianos? Esa es todavía una pregunta abierta.
Pero hay otra que ya tiene respuesta: ¿El país que recibirá el próximo gobierno no será exactamente el mismo país que recibió Rodrigo Paz hace diez meses? Y reconocerlo no es hacer apología del Gobierno. Es, simplemente, hacer un balance. En lo político, la gran amenaza sigue abierta y tiene nombre y apellido: Evo Morales Ayma.
No me refiero al adversario político. Me refiero al conspirador permanente que, mientras tenga libertad de acción, impulsará la resistencia para impedir el retorno a los valores y principios de la República. Será la tranca que impida el desmontaje del Estado corrupto y penetrado por el narcotráfico.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
