ediante Ley 1376 del año 2013 se estableció el beneficio pecuniario de por vida, para ex presidentes y ex vicepresidentes, equivalente a 10 salarios mínimos (Bs 27.500). Actualmente, seis expresidentes y dos exvicepresidentes cobran renta vitalicia en Bolivia. La lista comienza por el general Guido Vildoso, militar que entrego la presidencia luego de una larga etapa de dictaduras. Los últimos que tendrían que comenzar a cobrar, serian Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, una vez hagan sus gestiones administrativas.
Hay un reciente proyecto de ley, presentado por el actual vicepresidente (Edmand Lara) que plantea eliminar totalmente ese beneficio. Ya en anteriores legislaturas se habían presentado similares propuestas a la asamblea legislativa, pero que no lograron avanzar, ni en las comisiones. Otras sugerencias, plantean que se reduzcan a dos o tres salarios mínimos, es decir Bs 5.500 o Bs 8.250, o que un ex dignatario perciba el monto más alto, que cobra como pensión, un simple mortal en nuestro país.
Casi en todos los países de la región los expresidentes tienen una renta o pensión permanente, incluso con otros beneficios como es el caso de Chile. Pero también, en algunos países como Ecuador, Argentina o Costa Rica, se hicieron propuestas para eliminar ese beneficio. En Perú, varios expresidentes han perdido ese beneficio, al ser condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. Los últimos de una larga lista son, Martin Vizcarra, Pedro Castillo y en ese mismo camino va la ex presidente Dina Boluarte, destituida en octubre del presente año.
Particularmente, me llaman la atención los casos de México, Uruguay y Paraguay. En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente, elimino sin rodeos, la renta calificada como millonaria, que percibían expresidentes de su país, se dice en montos y beneficios, incluso superiores a los de EEUU para sus expresidentes. López Obrador, no necesito gestionar la abrogación de una ley, puesto que la rentas y beneficios del cual gozaban los expresidentes, no tenían respaldo legal, estaban basadas en pomposos acuerdos presidenciales que además de una renta, les asignaba personal de seguridad, personal administrativo, gastos administrativos, de funcionamiento de oficinas, etc, etc.
Otro caso es el de Uruguay que había sido citado por Jaime Paz Zamora, como ejemplo. Según una declaración vertida, un expresidente recibiría más de 10 mil dólares de pensión. Esta afirmación, ha sido objetada por la pagina Bolivia Verifica, que en una reciente publicación señala: En Uruguay se eliminó desde 1996 la renta de jubilación privilegiada que alcanzaba al 85% del sueldo del presidente ($us.- 14,000 aprox.). Todos los expresidentes se jubilan bajo las mismas condiciones que cualquier trabajador, según su historia laboral, sin pensiones extraordinarias. Pero corresponde mencionar que Uruguay, es el país con rentas de jubilación más altas de la región. La base mínima esta por el 50% del sueldo jubilatorio, y esa renta se incrementa progresivamente.
Particularmente me llama mucho la atención el caso de Paraguay. Los expresidentes de esa República, que hayan sido electos democráticamente, se convierten en senadores vitalicios. Estos senadores vitalicios, tienen derecho a voz, pero no a voto, y otros aspectos que son regulados por la Constitución del Paraguay. El rol de los expresidentes como senadores es honorífico y sobre todo consultivo. Me parece un diseño novedoso y útil, en el sentido que se puede aprovechar favorablemente de la información y experiencia política acumulada por expresidentes. Los servicios que brinden, justifican la pensión que perciben, además de que la jubilación política se convierte en progresiva.
Estamos ante un tema que tiene muchas aristas y también varias opciones que se podrían resumir en dos posiciones: La primera argumenta que la renta sirve para blindar a los presidentes por sus labores prestadas y prevenir que se unan a empresas o grupos de interés particulares, como señalan algunos expertos. La otra, la considera un gasto que genera desequilibrios y esos recursos pueden ser canalizados a otras necesidades del Estado, como plantean los promotores de su eliminación.
¿Qué opinará el ciudadano? Por lo pronto en lo personal, quisiera tener buenos presidentes. Cosa de que luego, cuando dejen el poder, se ganen sobre todo el afecto y respeto de la población, por inercia el reconocimiento, y una pensión que les permita garantizar satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas y hasta uno pueda tributar por sus consejos y experiencias.
Daniel Valverde Aparicio es abogado, docente universitario y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
