l afamado especialista en la lucha contra la corrupción, Robert Klitgaard, publicó en 1991 el libro Tropical Gangsters: one man’s experience with development and decadence in deepest Africa, donde examina cómo los sistemas aparentemente modernos en el desarrollo, pueden caer en prácticas autoritarias y corruptas. La corrupción es el signo más visible de la mala calidad de los gobernantes y de la traición a la soberanía del pueblo.
Cada centavo cuenta y si alguien se lleva el dinero o dilapida los escasos recursos para el desarrollo de un país, entonces debe rendir cuentas y ser juzgado. Klitgaard sostiene que el control de la corrupción requiere un gobierno democrático basado en la transparencia, los controles institucionales eficientes y las sanciones reales para los corruptos, pero dentro de un debido proceso. Klitgaard promueve la creación de estructuras de lucha contra la corrupción independientes, las mismas que son esenciales para prevenir el abuso del poder público y garantizar justicia.
Durante las dos décadas de gobierno (2006-2025), a cargo del Movimiento Al Socialismo (MAS), llegó la hora de investigar y analizar cuidadosamente los numerosos casos de corrupción que afectaron al Estado boliviano y obstaculizaron el desarrollo económico. Habiendo terminado la hegemonía electoral y política, es vital hacer justicia en lo que fue el Fondo Indígena, donde alrededor de 100 millones de dólares se desviaron en obras fantasmas. Si bien la exministra Nemesia Achacollo fue procesada, el esclarecimiento sobre cómo una élite de dirigentes campesinos privilegiados se benefició, apenas ha avanzado.
Lo mismo ocurre con el caso CAMC y Gabriela Zapata, donde esta persona tuvo acceso a contratos estatales millonarios. Zapata fue condenada a 10 años de prisión por legitimación de ganancias ilícitas, uso de instrumento falsificado y otros delitos, pero actualmente camina tranquila por las calles.
Los múltiples escándalos de corrupción en YPFB y el caso de las barcazas chinas, permanecen en la total impunidad. Quiborax y otras irregularidades, le costaron al Estado más de 42,6 millones de dólares en un litigio que pudo resolverse por mucho menos. Otros casos emblemáticos giran en torno al contrabando de autos, el enriquecimiento ilícito de altos dirigentes que, utilizando su acceso al poder, concentraron privilegios de dinero y favores para tener cargos sin trabajar, debido a las declaratorias en comisión.
Entre los casos más recientes está Botrading y las pérdidas de, aproximadamente, 355 millones de dólares por sobreprecios en la compra de combustibles en plena crisis de abastecimiento (2023-2025). Además, el MAS evitó la investigación de las denuncias internas, lo cual refleja un debilitamiento institucional, la cooptación del sistema judicial, la impunidad estructural y la ausencia de sanciones efectivas.
Inspirándonos en los valores propuestos por Klitgaard sobre transparencia, rendición de cuentas y justicia democrática, se propone crear una Comisión de la Verdad para investigar y documentar sistemáticamente todos los casos de corrupción, incluyendo aquellos con avances judiciales y los que quedaron en la total impunidad. Esto permitirá restablecer la verdad histórica, sin filtros partidarios, ni revanchismo político.
A partir de un nuevo gobierno, la recuperación democrática en Bolivia necesita evaluar cuáles fueron las responsabilidades individuales e institucionales de los grandes casos de corrupción, creando mecanismos de reparación y sanciones adecuadas. De esta manera se avanzará en un conjunto de “reformas estructurales” que fortalezcan la independencia de la justicia, la Contraloría, el Ministerio Público y sus órganos de control.
Una Comisión de la Verdad ayudará a restituir la confianza ciudadana en el sistema democrático y contribuirá a una democracia transparente. Los principios que guíen las acciones de la Comisión, podrían ser: independencia institucional, para investigar sin interferencias del Gobierno o algún tipo de facciones políticas. Claridad en las sanciones, mediante casos comprobados que deberán traducirse en procesos legales y la restitución de daños al Estado.
En consecuencia, la transparencia pública por medio de audiencias públicas, informes nacionales y mecanismos para que los ciudadanos accedan a la información, será de vital importancia. Una vez que empiece a funcionar la Comisión, simultáneamente debe instalarse en todo el aparato estatal, una política de “prevención institucional”, con la finalidad de fortalecer controles efectivos, licitaciones competitivas, límites claros a los contratos directos y participación ciudadana.
La lucha contra la corrupción exige un enorme compromiso para investigar real y objetivamente los 20 años de gobierno del MAS. Sin esclarecerse la verdad, no habrá una responsabilidad hacia el futuro que implemente controles verdaderos y demuestre que las promesas democráticas de erradicación de la corrupción, realmente pueden materializarse.
Bolivia se encuentra en un momento histórico. Puede optar por ignorar la corrupción en el largo periodo del MAS, perpetuar la impunidad, o construir un futuro enraizado en la verdad, justicia y reformas institucionales. Una Comisión de la Verdad sobre la corrupción, no es solamente simbólica, sino también una herramienta fundamental para enfrentar los errores del pasado, sancionar adecuadamente a los responsables y asegurar un camino verdaderamente justo para el país.
Franco Gamboa Rocabado es sociólogo político y catedrático Fulbright de Ciencias Políticas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
