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n la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009 durante la presidencia de Evo Morales, en el capítulo segundo y los artículos 80 y siguientes, figuran los Principios y Valores del Estado. Se supone que eran seguidos y respetados por el presidente y los miembros de su gobierno durante sus actos. Una manera de conocer a los funcionarios del MAS durante las gestiones de Evo Morales y de Luis Arce es justamente analizar sus comportamientos individuales a través de estos valores y principios.

Primeramente, debemos definir lo que se entiende por valores o principios. Los valores humanos, o los principios que es igual, son las virtudes y normas que guían el comportamiento de las personas para orientar sus decisiones y diferenciar lo correcto de lo incorrecto y asegurar una convivencia armónica y respetuosa en la sociedad.

Ahora bien, el artículo 8.1 dispone que “el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama sua (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)”. Añade también el “suma qamaña (vivir bien) y ñandereko (vida armoniosa),”

Se puede adelantar que varios funcionarios altos y medios del gobierno del MAS en sus dos presidencias (2006-2025) se caracterizaron justamente por no seguir los principios ético-morales que juraron respetar.

Uno de los casos más escandalosos conocidos, entre otros, de vulneración a los valores y principios escritos de la Constitución, es lo que sucedió en el llamado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino, FONDIOC. En este caso, la señora Nemesia Achacollo era Ministra de Desarrollo Rural y Tierras y Luis Arce Catacora Ministro de Economía (2010-2015). El Fondo, constituido por más de 100 millones de dólares, resultó siendo en este período un botín millonario para numerosos dirigentes altos, medios y bajos del MAS de las ciudades y del campo.

Lo escandaloso de este caso sucedió desde el año 2010 cuando las altas autoridades del gobierno decidieron depositar los recursos públicos del Fondo en cuentas particulares de numerosos solicitantes supuestamente indígenas del país. Para ser beneficiario de este Fondo era suficiente solicitarlo y recibir la autorización de la ministra Nemesia Achacollo, del presidente Evo Morales y del ministro de Economía Luis Arce Catacora.

La mala suerte para los cientos de beneficiados fue que el nuevo presidente del FONDIOC, Marco Antonio Aramayo (2016), al conocer el mal manejo y verdadero desfalco de las adjudicaciones lo denunció inmediatamente ante las autoridades superiores. Al no ser escuchado hizo la denuncia pública contra Nemesia Achacollo y el ministro Luis Arce Catacora por autorizar la transferencia de recursos públicos a 1100 cuentas particulares para proyectos fantasmas, o no iniciados o no concluidos, muchos que podrían ser llamados “ridículos”.

Para silenciarlo y amedrentarlo, los beneficiados, con el conocimiento y apoyo de los ministros involucrados, le iniciaron 256 procesos judiciales desde diferentes pueblos y ciudades del país, a los que fue llevado por tierra durante siete años. Finalmente, Marco Antonio Aramayo falleció el año 2022 víctima de los malos tratos recibidos durante ese largo período de viajes. Sin embargo, esto es admirable, nunca a se retractó de sus denuncias.

Otro hecho escandaloso en los primeros años de la gestión de Evo Morales (2008-2009) fue el caso del alto dirigente del MAS Santos Ramírez, presidente en ese entonces de YPFB, y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach. Santos Ramírez fue condenado a 12 años de cárcel. Se trata de una enorme trama de coimas y de corrupción que salpicó a muchas personas incluyendo al presidente Evo Morales y al vicepresidente Alvaro García Linera.

Otro caso relacionado con los malos manejos de los recursos públicos trata sobre el programa “Evo Cumple” (canchas de fútbol y cientos de pequeños proyectos en los pueblos rurales). Lo cuestionable de este programa fue que los millones de recursos públicos fueron adjudicados a amigos sin seguir las normas legales de la ley SAFCO.

Por otra parte, en el artículo 90 relativo a las “funciones esenciales del Estado” está escrito “Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización,…"

Lo cuestionable de esta “función del Estado” es que los altos funcionarios del MAS en lugar de conducir al Estado a la “descolonización” lo sometieron más bien a la injerencia de los cubanos castristas y de los venezolanos chavistas. Las diferentes instituciones, ministerios y proyectos públicos del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas, fueron sometidos a la injerencia de esos países.

En las Fuerzas Armadas se crearon cursos para adoctrinar en el “socialismo del siglo XXI” a los oficiales que hasta entonces tenían formación democrática y nacionalista. Los cursos distorsionaron durante varios años la unidad que existía entre los oficiales dividiéndolos entre los pro socialistas gubernamentales y los democráticos.

Se señala también “Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.” Pasaban los años y se hizo poco en cuanto a crear unidades educativas y centros de salud sobre todo en el campo para la población rural y en las periferias urbanas. Las zonas donde predominan los pequeños campesinos las escuelitas siguen tan pobres y faltas de recursos como hace 20 años.

Por otra parte, durante los últimos 20 años se hizo poco también para responder a las necesidades de salud de la población. Tanto las zonas urbanas como rurales no cuentan con suficientes hospitales y centros de salud. La población en general sobrevive gracias a la llamada “automedicación“ y a la buena voluntad de las farmacias. La situación de la salud de la población rural y de pequeños campesinos es mucho peor,

En cuanto al trabajo, debido a la política oficial del MAS de restricción y bloqueo a los “capitalistas” no hubo desarrollo económico y social en Bolivia y no se crearon empleos formales en las grandes, medianas y pequeñas empresas. A causa de la falta de desarrollo económico, aumentó de manera galopante en las ciudades y en las calles el trabajo informal, por “cuenta propia”. Se estima que actualmente el 80 por ciento de los empleos en Bolivia son informales, más que el promedio de los países latinoamericanos.

El capitulo sobre los valores y principios proclama también que “promueve y garantiza el aprovechamiento de responsable y planificado de los recursos naturales e impulsa su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.”

Nadie podría decir que los altos dirigentes del MAS “promovieron y garantizaron el aprovechamiento responsable de los recursos naturales e impulsaron su industrialización … para el bienestar de las generaciones actuales y futuras,” Solo pensemos en lo que dejaron a YPFB con el gas y los hidrocarburos, con el litio del Salar de Uyuni, con el hierro del Mutún y otros. No pudieron hacer nada, fueron unos incapaces, lo derrocharon, o mejor, dominó la corrupción de los altos jefes.

Algo que no mencionan los altos dirigentes del MAS en los valores y principios de la Constitución, es la cocaína del Chapare. Es algo que sí supieron manejar de manera virtuosa enfermando a millones de personas en el mundo.

Bernardo Corro Barrientos es economista y antropólogo.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.