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a alcaldía de Valle de Bravo subió los impuestos a sus habitantes. Una decisión que puede ser cuestionable pero que ha sido justificada por esta entidad. Sin embargo, uno de los vecinos, el dirigente del barrio, decidió bloquear la entrada a la calle como “medida de protesta”.

Por lo tanto, no pueden ir a trabajar, ni salir, porque están inmovilizados. Ellos dirían “y nosotros qué culpa tenemos, si el que puso las medidas fue la alcaldía no nosotros”. Pero no. El susodicho cree que así nomás es la “medida de presión”, porque está haciendo uso de su democrático, soberano, y constitucional derecho a la protesta, por lo tanto, todos agachan la cabeza porque el mencionado se pasa por el arco del triunfo, el derecho a la libre circulación, al trabajo, y al desarrollo económico de este humilde barrio del Señor.

Pasan los días y el vecino enfurecido, al ver que la alcaldía no toma en cuenta sus medidas, democráticamente protegidas, decide prenderle fuego al jardín de una vecina. Y, por si fuera poco, también decide agarrar a chicotazos a todos los que pasan por esa calle, sin mencionar que también hace explotar a la democrática, soberana y constitucionalmente protegida dinamita, propuesta como patrimonio intangible.

Parece que esos derechos democráticos y constitucionalmente protegidos son más importantes que el derecho fundamental a vivir en paz. Así que, la junta de vecinos está proponiendo hacer una ley que inhabilite a este vecino, para que deje de bloquear y romper las gónadas al vecindario. Pero no faltan los otros, los comodones del sillón digital, que emiten sus mensajitos diciendo que “están atentando a su soberano, democrático y constitucional derecho a la protesta, que estamos criminalizando a las personas que hacen esta ofrenda democrática, y que gracias a las protestas es que se ha logrado conquistas sociales”, olvidando lo fundamental: están poniendo un derecho por encima del otro. Una minoría que se atribuye representar al pueblo, cuando sólo representan a una pequeña fracción del vecindario.

Y claro, cuando se mira así, resulta curioso que este vecino haya recibido sedes sindicales, dinero, autos y potentes cuotas mensuales.

¡Hermosos derechos democráticos cuando llevan el signo de dinero por delante!

Habrá que pensar en qué momento Valle de Bravo dejó que los vecinos criminales, haciendo uso de sus constitucionales y soberanos derechos, atropellaran y pasaran por encima a todos los demás haciendo creer que esa es la única manera de protestar.

Los vallunos son víctimas resignadas en manos de sus captores. Ciertamente, la ley actual ya penaliza algunas cosas que este vecino hace, pero no es aplicada, adivinen porqué. Así, entre jardines incendiados, chicotazos pedagógicos y derechos constitucionales usados como garrote, vamos aprendiendo que la democracia no siempre viene con manual de convivencia.

Pero Valle de Bravo nunca aburre. Resulta que ahora quiere hacer una consulta pública y preguntarle a la gente “¿está usted de acuerdo con penalizar a este vecino que bloquea tu calle?”. Tal vez el problema no sea la protesta, sino el momento en que dejamos de llamar abuso a lo que claramente lo es y empezamos a tratarlo como folklore político, aceptando que vivir sitiados es el precio normal por ejercer derechos que sólo funcionan para algunos y un maletín, lleno de billetes de 200 verdes, puede pagar el bloqueo que quieras.

Ningún cachorro de dinamita fue dañado en la redacción de este texto. Todas las circunstancias de este relato son ficticias, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Mónica Briançon Messinger es periodista.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.