n Bolivia, la presión contra la prensa cambió de forma. Lo que antes se sentía en lo económico, hoy se ejecuta desde lo digital, de manera más silenciosa y difícil de probar. Ya no se busca silenciar al periodista únicamente mediante la censura directa; ahora se habrían incrustado equipos dedicados a pensar cómo silenciar sin censurar abiertamente, cómo borrar sin que parezca un ataque. Esta nueva generación de ofensiva constituye una amenaza letal que trasciende las fronteras, operando bajo un libreto que apunta directamente a intimidar y desgastar.
El caso de la Red DTV no es aislado; es una señal de hacia dónde está yendo esto, sus plataformas fueron inhabilitadas mediante denuncias fraudulentas de suplantación de identidad y derechos de autor. Esto no es casual: es una forma de usar las propias reglas de las plataformas para silenciar, algo que llaman también Lawfare Digital, donde se instrumentalizan las normas de empresas globales para despojar al medio de su capacidad de reacción. En una reveladora declaración otorgada para esta publicación, el periodista Junior Arias Paravicini pone rostro a este tema: “Yo sospecho de gente del entorno del presidente, muy cercana, hay un asesor involucrado en este tipo de temas, y espero que no sea parte de esto. En su momento daré a conocer su nombre, es que es muy sospechoso que se den casos parecidos en Bolivia y que se dieron en otros países”.
El riesgo de que asesores cercanos al poder estén operando en las sombras para "poseer" la verdad mediante el control de secretos. Lo preocupante no es solo el hecho, sino quién está detrás y con qué nivel de poder opera: fuerzas que, sin autoridad formal, manipulan los mecanismos ocultos de la sociedad para regir el destino informativo. En Honduras, este mismo patrón aparece sin disimulo, con un medio como “Reporteros de Investigación”, donde operadores políticos aplican la técnica de Patear Traseros (Kick Ass): ante una investigación periodística, el agresor responde con amenazas de "hacer desaparecer" al medio. Entonces, si el entorno gubernamental asume una actitud de indiferencia ante estas denuncias, ¿Confirmamos la existencia de una Máquina Electoral que prefiere la desinformación antes que el contrapeso de una prensa libre?
Debemos recordar que, en la gestión pasada, la estrategia predilecta era el ahogo financiero, mediante la asignación abusiva de publicidad estatal para forzar la extinción de medios tradicionales independientes. Sin embargo, lo que enfrentamos es una nueva era de opresión mucho más peligrosa: donde no solo se corta el oxígeno económico, sino que se sabotea la infraestructura digital y se asesina la reputación en milésimas de segundo. Ante la fragilidad del Estado para garantizar la seguridad, es imperativo que en el gremio se adopten protocolos de protección, solidaridad y medidas de autodefensa técnica —como el cifrado de contenidos— para preservar su vida y la soberanía informativa.
La democracia no puede sobrevivir si la verdad es asfixiada por mercenarios digitales que utilizan la tecnología para inmovilizar a quienes fiscalizan el poder. Bolivia se encuentra ante un abismo: o recuperamos la seguridad de nuestros periodistas, o permitiremos que esta nueva inquisición invisible termine de sepultar la libertad de expresión bajo un manto de propaganda negra y algoritmos de odio. La pregunta es más simple y más urgente: ¿vamos a defender la información o vamos a dejar que otros decidan por nosotros?
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
