os bolivianos de a pie, esos que forman parte del enorme universo informal del país y viven del ingreso diario, sin ítem, sin estabilidad y muchas veces sin ninguna red de protección, arrastran un desgaste silencioso desde hace años. La pandemia dejó heridas que nunca terminaron de cerrar y, desde entonces, la sensación de incertidumbre se volvió permanente. Hoy, ese cansancio colectivo convive con algo todavía más preocupante: una disputa por el poder donde se mezclan movilización callejera, deterioro institucional, narrativas internacionales y sospechas de estructuras criminales operando detrás del conflicto.
Bolivia ya no atraviesa únicamente una crisis social. Lo que ocurre en las carreteras bloqueadas, en las ciudades cercadas y en el discurso político empieza a adquirir una dimensión más compleja y peligrosa. Por eso llaman la atención las recientes declaraciones del exvicepresidente argentino Carlos Ruckauf. Sus palabras no son menores ni pueden tomarse solamente como una opinión aislada.
Ruckauf sostiene que detrás de las movilizaciones existiría financiamiento ligado al narcotráfico y conexiones con organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, interesadas en consolidar corredores estratégicos entre Bolivia, Perú y Brasil. Bajo esa lectura, los bloqueos dejarían de ser vistos únicamente como una expresión de protesta social y pasarían a interpretarse como una operación de presión política con rasgos de narcoterrorismo, utilizando a sectores movilizados como cobertura de masas para intentar debilitar o incluso precipitar la caída del gobierno de Rodrigo Paz.
En ese contexto, cuando desde el exterior se empieza a describir a Evo Morales como un actor vinculado a redes criminales regionales, el conflicto boliviano deja de ser percibido como un problema exclusivamente interno. Bolivia empieza a ingresar en el tablero de la seguridad continental. La narrativa puede sonar exagerada para algunos, pero expone una realidad inquietante: el país comienza a ser observado internacionalmente como un posible foco de inestabilidad regional.
Sin embargo, más allá de quién tenga razón en esta disputa discursiva, hay una verdad difícil de ignorar. Bolivia atraviesa una batalla por el relato político. Para unos, existe un intento de desestabilización con financiamiento oscuro y objetivos golpistas. Para otros, el gobierno perdió conducción, autoridad y capacidad de respuesta, refugiándose en una especie de realidad paralela mientras la crisis crece en las calles.
Tal vez ambas versiones reflejan distintas caras de un mismo problema: el agotamiento profundo del sistema político boliviano. Un desgaste acumulado durante años, marcado por polarización, desconfianza y promesas incumplidas, que no garantiza necesariamente el nacimiento de algo mejor.
Entonces, la verdadera pregunta pasa a ser cuánto puede resistir la democracia antes de empezar a fracturarse desde adentro.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
