a detención de Nicolás Maduro durante la invasión de Estados Unidos a Caracas, el 3 enero de 2026, no debe analizarse únicamente como un acto traumático de la justicia internacional, o como una anomalía jurídica en el orden global. Se trata de un episodio paradigmático de la mutación contemporánea del poder, donde la democracia, el derecho internacional y la soberanía, se subordinan a una lógica de excepción permanente, inaugurada después del 11 de septiembre de 2001 y hoy plenamente normalizada.
A diferencia de lecturas que repiten —con razón, pero sin novedad— la tesis del declive del orden liberal en la era de la globalización, el caso Maduro obliga a formular una pregunta más inquietante: ¿qué tipo de democracia puede sobrevivir cuando la hegemonía se ejerce mediante la suspensión selectiva del derecho internacional? El académico de Princeton University, Robert Keohane advirtió tempranamente que los órdenes internacionales estables dependen de reglas previsibles y de la autocontención del actor dominante y hegemónico. Sin embargo, en 2026 ya no estamos ante un “declive” del orden liberal, sino frente a su reconfiguración autoritaria. Estados Unidos no ha abandonado el sistema multilateral, sino que lo instrumentaliza.
La captura de Maduro —sin mandato del Consejo de Seguridad— ilustra un patrón más reciente: a) neutralización multilateral selectiva, donde la legalidad es reemplazada por coaliciones ad hoc; b) judicialización extraterritorial del enemigo, usando imputaciones por narcotráfico o terrorismo, como sustituto de una legitimidad internacional ausente; c) fragmentación de reacciones globales donde China y Rusia denuncian la ilegalidad, Brasil y México vacilan estratégicamente y la ONU queda reducida a un conjunto de comunicados, sin capacidad coercitiva. Este escenario no encaja en las previsiones de Keohane. Estamos ante una hegemonía estadounidense que no busca consenso, sino gestión del caos, aceptando la erosión normativa como costo calculado.
Un avance clave respecto a análisis anteriores, es tomar en serio el contraargumento estadounidense, no para validarlo, sino para desmontarlo con precisión. Washington sostiene que Maduro no es un jefe de Estado legítimo, sino un actor criminal y que, por lo tanto, no aplica plenamente la protección soberana. Este razonamiento es peligroso por tres motivos: primero, crea una jerarquía informal de soberanías, donde la legitimidad democrática es definida unilateralmente; segundo, desdibuja la frontera entre justicia penal y guerra, ampliando indefinidamente el concepto de “enemigo”; y tercero, establece precedentes replicables, no solo por Estados Unidos, sino por cualquier potencia con capacidad coercitiva.
Si la legitimidad electoral se convierte en una condición para el reconocimiento soberano, entonces ninguna democracia débil del Sur Global está a salvo. Aquí aparece un núcleo nuevo para el análisis: el problema no es la caída de Maduro, sino el “día después”. La experiencia comparada es devastadora al mirar Irak: derrocamiento rápido, colapso estatal, violencia sectaria-religiosa y democracia formal sin soberanía real. Libia: eliminación del dictador Gadafi, destrucción del Estado, milicias y guerra civil permanente. En ambos casos, la intervención se justifica en nombre de la democracia, pero produce un vacío institucional que vuelve imposible un “nuevo orden democrático”.
Venezuela presenta condiciones similares, con un Estado penetrado por redes ilícitas; Fuerzas Armadas politizadas y una oposición fragmentada y dependiente del respaldo externo. En este contexto, la democratización post-Maduro corre el riesgo de ser una ficción electoral administrada desde EEUU, sin capacidad real de gobernabilidad.
El caso de la invasión a Panamá en 1989 suele citarse como contraejemplo exitoso. Sin embargo, fue una excepción histórica irrepetible con un Estado pequeño y altamente institucionalizado. El objetivo era limitado (la captura de Noriega), no una reingeniería regional. Incluso así, la violencia fue mayor de lo reconocido y la soberanía quedó profundamente condicionada. Pretender que Venezuela repita el caso de Panamá, es una ilusión estratégica.
El resultado más probable no es la democracia liberal, sino lo que podríamos llamar una democracia tutelada, caracterizada por elecciones sin soberanía económica; por dependencia permanente de actores externos; y por la debilidad crónica del Estado, junto con la normalización de la violencia política. La captura de Maduro podría confirmar el diagnóstico más pesimista sobre el futuro de la democracia global: ya no es un proyecto universal, sino un recurso retórico utilizado selectivamente para legitimar intervenciones militares.
La detención del dictador Maduro no inaugura una nueva era de justicia internacional, sino que profundiza un mundo donde el derecho se subordina a la fuerza y la democracia a la excepción invasiva. Si Libia e Irak nos enseñaron algo, es que derrocar un régimen no equivale a construir una comunidad política viable. El verdadero drama en Venezuela no es Maduro, sino el futuro que se abre tras su caída. Un futuro donde la democracia, una vez más, podría ser la primera víctima colateral y desastrosa.
Franco Gamboa Rocabado es sociólogo político y catedrático Fulbright de Ciencias Políticas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
