a reciente abrogación del Decreto Supremo 5503 en el gobierno de Rodrigo Paz para enfrentar y solucionar los bloqueos impulsados por la COB y organizaciones sindicales campesinas, no constituye un episodio aislado, ni tampoco un simple error táctico. Se trata, más bien, de la manifestación de un “conflicto social regresivo”, profundamente alejado de cualquier lógica democratizadora o reformista. En lugar de contribuir a la ampliación de derechos, a la institucionalización del disenso o a la modernización de la economía, este tipo de conflictos tienden a reforzar una estructura sindicalista prebendal, incompatible con un régimen democrático funcional.
Desde la perspectiva del sociólogo británico, Ralf Dahrendorf, el conflicto social es una fuerza potencialmente creativa en las sociedades modernas, siempre que esté canalizado por instituciones, reglas claras y una cultura política que acepte la legitimidad del adversario. El conflicto, en este sentido, no destruye el orden democrático, sino que lo dinamiza, lo corrige y lo renueva. Sin embargo, lo que hoy observamos en Bolivia es exactamente lo contrario. La COB y los sectores sindicales de carácter clientelar, generan una serie de conflictos no regulados, no institucionalizados y, en todo caso, capturados por élites sindicales, cuyo objetivo no es transformar la sociedad, sino preservar privilegios y forzar una ingobernabilidad constante que amenaza la supervivencia del sistema democrático.
Dahrendorf advertía que cuando los conflictos dejan de expresar tensiones estructurales legítimas —entre el capital y el trabajo, entre Estado y sociedad, entre inclusión y exclusión— y pasan a convertirse en instrumentos de coerción, violencia y desestabilización permanente, el resultado no es progreso, desarrollo, ni democratización, sino estancamiento autoritario.
Asimismo, en Bolivia, la COB y los sindicatos campesinos han dejado hace tiempo de representar los intereses sociales amplios. Su lógica ya no es reivindicativa, sino exclusivamente clientelar y prebendal, basada en la presión directa, el bloqueo territorial y la amenaza permanente de asedio político para demostrar un poder alternativo que jamás fue legitimado por las fuerzas soberanas de la sociedad civil.
Los bloqueos no buscan reformas laborales modernas, productividad, ni redistribución sostenible. Buscan rentas, cargos, control político y, sobre todo, capacidad de veto sobre cualquier intento de reforma estructural que venga del gobierno democrático. En términos estratégicos, no estamos ante un conflicto “funcional al cambio”, sino ante un conflicto congelado, que reproduce relaciones de dominación interna y dependencia externa para tratar, inclusive, de destruir el propio Estado.
La respuesta del gobierno de Rodrigo Paz —ceder frente a la presión sindical, aunque sea de forma coyuntural— revela una fragilidad más profunda: la incapacidad del régimen democrático para afirmar su autoridad legítima, frente a actores que no reconocen reglas comunes para beneficio de toda la sociedad boliviana. La sociología del conflicto en Dahrendorf, subrayaba que la democracia no consiste únicamente en la defensa de los derechos, sino también en el ejercicio de la autoridad institucional. Cuando el Estado abdica de su capacidad para hacer cumplir la ley, la democracia se vacía de contenido y se convierte en rehén de minorías organizadas, como el caso de los bloqueos de la COB y las centrales sindicales campesinas e indígenas.
El haber abrogado por completo el DS 5503 que tanto conflicto promovió, no fortaleció la paz social, sino que, más bien, la erosionó. Las consecuencias finales del conflicto, enviaron un mensaje, diciendo que el acceso a los recursos los públicos y demandas estratégicas, no se obtiene mediante una “deliberación democrática”, sino mediante la coacción colectiva. En este contexto, los ciudadanos sin capacidad de bloqueo —clases medias, jóvenes, emprendedores y ciudadanos humildes golpeados por la inflación— quedan excluidos del juego político, mientras el corporativismo sindical de la COB consolidó una especie de “poder de facto”.
Simultáneamente, detrás de estas presiones no hay solamente demandas sectoriales. Existe un objetivo político claro: rearticular las fuerzas de Evo Morales como estrategia desestabilizadora, reconstruyendo su base de poder, a partir del conflicto permanente. El sindicalismo prebendal de la COB, uno de los principales aliados políticos de Evo, funciona aquí como brazo informal de un proyecto autoritario derrotado electoralmente, pero activo en las calles y sindicatos extremistas.
El conflicto alrededor del DS 5503, no amplió la democracia. Todo lo contrario, la degradó. No impulsó reformas estructurales para la economía o para mejorar las capacidades estatales; simplemente las bloqueó. No redistribuyó oportunidades; redistribuyó privilegios. Tal como advertía Dahrendorf, cuando el conflicto deja de estar orientado al cambio estructural y se convierte en un mecanismo de conservación de poder, la sociedad entra en una dinámica de autoritarismo sin dictadura, donde el veto corporativo sustituye al debate público.
Bolivia no enfrentó un exceso de democracia, sino una captura corporativa del conflicto social. La pugna actual no es entre el capital y el trabajo, ni entre Estado y sociedad, sino entre un orden democrático frágil y una red de intereses prebendales que desprecian las reglas del juego democrático. En este escenario, el conflicto no fue un motor de la modernización, sino un “obstáculo estructural” al desarrollo.
Recuperar la democracia implica, siguiendo a Dahrendorf, reencauzar el conflicto, someterlo a reglas, despojarlo de su carácter chantajista y devolverle su función transformadora. Sin ello, Bolivia seguirá atrapada en un ciclo donde el conflicto no libera, sino que asfixia; no reforma, sino que bloquea y no democratiza, sino que restaura viejas formas de dominación bajo un ropaje sindical destructivo e incapaz de cambiar nada.
Franco Gamboa Rocabado es sociólogo político y catedrático Fulbright de Ciencias Políticas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
