ientras el debate político boliviano se ahoga en el centralismo andino analizando la última intriga judicial del Ministerio Público o midiendo la pulseada de calles en el trópico de Cochabamba, en la provincia Vaca Díez del Beni la población y el sector productivo pagan el costo de un Estado que ha desconectado sus fronteras de la realidad económica. El Triángulo geopolítico conformado por Riberalta y Guayaramerín libra hoy una batalla solitaria por la supervivencia industrial. El termómetro de la crisis nacional hay que medirlo, también, en el norte amazónico, una región clave que sostiene el principal pulmón de exportación no tradicional de la república, pero que hoy se encuentra estrangulada por una inercia burocrática absurda. Las amarras a la iniciativa privada formal.
La promulgación del Decreto Supremo 5644 fue recibida en el Beni con un soplo de pragmatismo al autorizar de manera excepcional la libre importación privada de carburantes a precio de mercado. En el papel y la retórica de los despachos gubernamentales, la ruta logística es excelente: el polo de distribución de Porto Velho en Rondônia ofrece diésel brasileño que, puesto en los surtidores de Riberalta a través de Guayaramerín, podría comercializarse a una tarifa competitiva de Bs 16,25 por litro. Esta cifra representa un alivio directo frente a los Bs 17,95 del diésel unificado oficial fijado por el Decreto Supremo 5716, que mantiene al transporte pesado nacional operando a apenas un tercio de su capacidad operativa.
Sin embargo, la primera cisterna experimental que cruzó el río Mamoré en septiembre quedó reducida a un espejismo publicitario para la foto oficial. El flujo comercial privado se encuentra virtualmente congelado en la frontera porque el Estado boliviano ha decidido jugar el papel del perro del hortelano: no abastece de forma regular y tampoco deja desregular al sector privado que está dispuesto a arriesgar su propio capital.
El nudo de este descalabro es puramente institucional y regulatorio. Los empresarios agrupados en la Cámara Empresarial del Norte denuncian que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Aduana Nacional dilatan de forma deliberada las licencias de comercialización interna y las homologaciones de calidad, exigiendo requisitos de almacenamiento y certificaciones técnicas inviables para las estaciones fronterizas. A este laberinto de papel se suma la asfixia del mercado de divisas.
Aunque el decreto exime de tributos como el IEHD, obliga al importador privado a adquirir el carburante pagando en reales o dólares en origen. Al tipo de cambio del circuito financiero privado, los costos se disparan debido a la falta de liquidez en el sistema bancario, puesto que los tramos de contingencia inyectados por los organismos internacionales se quedan retenidos en el eje central. Para colmo de males, la logística de trasbordo sigue encadenada a precarias barcazas y pontones fluviales porque el centralismo arrastra con parálisis administrativa las obras de acceso del puente binacional Guayaramerín - Guajará-Mirim, encareciendo el flete final de la importación.
El impacto social y económico de esta negligencia estatal es destructivo para la zona. En Riberalta, la falta de diésel oportuno amenaza con descoyuntar la zafra de castaña en los bosques y detener los motores termoeléctricos de las plantas beneficiadoras que procesan la almendra, empujando a la población civil hacia un mercado negro salvaje donde el "bimbo" se cotiza a precios criminales de hasta Bs 25 el litro. Tolerar que la burocracia de la ANH congele los permisos informáticos es un tiro en el pie para la república: la cadena de la castaña sostiene a más de cincuenta mil familias y es el principal generador de divisas limpias de exportación que ingresan directamente al circuito formal. Restarle combustible al norte amazónico es quitarle al país el flujo económico que necesita desesperadamente para mitigar la fuerte recesión de sus cuentas fiscales.
El llamado a la acción es de emergencia nacional y no admite más dilaciones de orden burocrático. Exigimos al Ministerio de Hidrocarburos la implementación inmediata de una ventanilla única de desregulación acelerada que el proceso de los permisos de importación desde Brasil se realice en 24 horas y destrabe la logística en el río Mamoré.
El Gobierno central entienda que la transición hacia el modelo post-subvención requiere viabilidad en las fronteras, no solo decretos de papel archivados en La Paz. Si el Ejecutivo no rompe el candado burocrático de la ANH para permitir que Rondônia salve energéticamente al norte amazónico, habrá firmado la quiebra del aparato exportador beniano y la rendición económica del Estado ante el hambre popular.
¡Coman o dejen comer!
Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
