a realidad boliviana acaba de ingresar en un escenario de altísima volatilidad institucional que la pluma inmediatista de la opinión pública reduce erróneamente a un mero conflicto corporativo por tarifas de transporte o descontento callejero. El trasfondo real al actual es una crisis multidimensional de gobernabilidad que roza el quiebre de la estructura jurídica del Estado. La decisión del presidente Rodrigo Paz Pereira de eliminar totalmente la subvención al diésel mediante el Decreto Supremo 5716, fijando un precio unificado y de flotación de Bs 17,95 por litro para todos los consumidores sin distinción, ha desatado un shock macroeconómico inmediato.
Esta cotización, que equivale a 1,63 dólares por litro, convierte de golpe a Bolivia en el segundo país con el diésel más caro de toda Sudamérica, una cruda realidad que la clase política tradicional pretende utilizar como un ariete de demolición institucional. El mandatario promulgó la medida el pasado viernes con el fin de viabilizar el soporte financiero de contingencia coordinado con los organismos multilaterales y frenar una sangría fiscal que el Tesoro General de la Nación (TGN) cifró en 55 millones de dólares semanales. Sin embargo, la posterior partida de Paz rumbo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York abrió las compuertas para una peligrosa asonada de facto en territorio nacional.
Aprovechando la ausencia física del jefe de Estado, el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, se ha autodeclarado "Presidente en Ejercicio", forzando una interpretación restrictiva del artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE). El ala legislativa disidente respalda este movimiento argumentando que la salida territorial suspende automáticamente el mandato físico. Esta postura colisiona frontalmente con el régimen de la soberanía digital defendido por el Ejecutivo, que sostiene la vigencia de la cadena de mando y la administración pública telemática en la nube a través de la Firma Digital Certificada y regulada por la Ley 164. Esta dualidad gubernamental arrastra al país a un abismo jurídico critico: si el mando interino de Lara emite resoluciones contrarias al gabinete de La Paz, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se encontrarán ante la encrucijada de decidir a cuál de las dos cabezas obedecer, fracturando el monopolio legal de las fuerzas.
Mientras esto ocurre, la agrupación política del expresidente Jorge "Tuto" Quiroga opera en río revuelto. Tras quedar relegada en el balotaje, ha lanzado una agresiva campaña nacional de apertura de libros para inscribir simpatizantes, instrumentalizando el trauma de la post-subvención para azuzar de forma irresponsable el enjuiciamiento inmediato y la renuncia presidencial, anteponiendo la rapiña electoral a la viabilidad del estado.
La salida definitiva a esta trampa de gobernabilidad exige que el Estado y los sectores productivos dejen de administrar la escasez y articulen de inmediato una maquinaria de emergencia trilateral que neutralice la conspiración política mediante soluciones técnicas de fondo. La primera medida es el resguardo de la cadena de mando telemática. El Ministerio de Justicia debe emitir un dictamen vinculante que ratifique la legalidad absoluta de los actos digitales presidenciales, obligando al Alto Mando Militar y Policial a emitir comunicados oficiales de subordinación estricta al conducto regular de Paz Pereira, desactivando el interinato de Lara.
El segundo eje radica en consolidar el Pacto del Oriente, ampliando el debate hacia el verdadero motor productivo. Aprovechando la sesión de honor del Senado este miércoles en Santa Cruz de la Sierra por sus 216 años de Gesta Libertaria, el Ejecutivo debe sellar un acuerdo directo con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
El empresariado cruceño rechaza el caos institucional que aislaría los créditos multilaterales y destruiría la seguridad jurídica de las tierras; por ende, el Gobierno debe decretar de urgencia el arancel cero inmediato para la importación privada de maquinaria pesada de autogeneración energética (solar y biomasa) y otorgar compensaciones tributarias directas sobre el Impuesto a las Utilidades (IUE).
Al resolver la viabilidad de costos del agro frente al diésel unificado de Bs 17,95, se le quita el soporte institucional al intento de “golpe parlamentario”. Finalmente, se debe ejecutar la segmentación técnica del transporte urbano. El Ejecutivo debe socializar masivamente el dato real de que el 80,3% del transporte público masivo no depende del diésel, aislando los paros de micreros y limitando las mesas de negociación exclusivamente al transporte pesado de larga distancia mediante fletes indexados.
Bolivia se encuentra en una encrucijada de supervivencia democrática. No se debe permitir que el país sea secuestrado por una interpretación anacrónica de la Constitución ni por el oportunismo electoral de quienes buscan cobrar venganzas de las urnas en medio del sufrimiento social. La estabilidad nacional no admite más dilaciones ni discursos prolongados. Las herramientas tecnológicas en la nube y los consensos productivos en la tierra están plenamente justificadas y listos para ser aplicados.
Salvar al país es una obligación civil urgente; la viabilidad de nuestra democracia depende de la audacia y la firmeza con la que se actúe hoy mismo bajo la vigencia del estado de excepción prorrogado.
Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
