Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad”.— Mario Moreno, Cantinflas (Su Excelencia, 1967).
La genial contradicción del célebre comediante mexicano se ha convertido en el espejo más nítido y descarnado de la realidad que despierta en Bolivia. Lejos de la retórica oficial o de los discursos políticos de coyuntura, la ironía de Cantinflas funciona hoy, con precisión, para desmenuzar las tres verdades estructurales de la crisis profunda que sacude al país.
La primera parte de la premisa “Antes estábamos bien, pero era mentira…” desmonta el espejismo del extinto "milagro económico" estatista. Durante casi dos décadas, el ciudadano boliviano vivió bajo un sonambulismo financiero de alta intensidad: un tipo de cambio rígidamente congelado a Bs 6,96 y un esquema de subsidios absolutos a los combustibles que sostenían de forma artificial el bolsillo frente a los vaivenes del mercado global.
Hoy, la contabilidad fría del Estado revela que ese bienestar no era estabilidad, sino un consumo voraz de los ahorros del país. Aquella aparente bonanza se sostuvo quemando de forma sistemática las Reservas Internacionales Netas (RIN) y endeudando a un aparato de más de 25 empresas públicas deficitarias que terminaron operando con patrimonio neto negativo y arrastrando pérdidas acumuladas superiores a los 55.000 millones de bolivianos. Se vivía bien, pero bajo la regla de una ficción insostenible: gastar hoy los recursos de las siguientes generaciones. El bienestar de ayer era, técnicamente, una mentira macroeconómica.
La segunda verdad “…No como ahora, que estamos mal, pero es verdad.” es el choque frontal contra el muro de la realidad. El presente de Bolivia es hostil, complejo y doloroso, pero tiene una virtud ausente en los años previos: es financiera y matemáticamente real. El proceso de "sinceramiento" forzado ha destruido el relato de la inmunidad económica.
Que el Banco Central de Bolivia se vea obligado a convalidar un tipo de cambio oficial flexible que ya roza los Bs 11,57 por dólar —acumulando una depreciación del signo monetario superior al 66%— no es un accidente, es la admisión de la escasez. Que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira deba emitir decretos como el 5676 para tasar el diésel de los grandes consumidores en Bs 18 por litro es el reflejo exacto de un Estado que se quedó sin la liquidez necesaria para sostener el subsidio universal. La inflación de la canasta básica, las protestas agrarias en zonas productivas como Yapacaní y la proyección de una contracción del 3,6% del PIB para el cierre del año son datos reales y amargos. Estamos mal, el bolsillo del ciudadano lo sufre diariamente en los mercados y en los surtidores, pero la economía ha dejado de mentir. La escasez ya no se puede tapar con propaganda estatal ni con frases bonitas del presidente.
Tercera verdad “¿Estamos peor, pero estamos mejor?” Aquí se condensa el núcleo analítico más profundo y contracorriente de la paradoja. En el corto plazo y en la superficie de los indicadores inmediatos, Bolivia está indudablemente peor: el tejido social está fragmentado, la gobernabilidad del Ejecutivo pende de un hilo tras la salida de Unidad Nacional del pacto de gobernabilidad, el fantasma de los estallidos sociales acecha con el próximo vencimiento del Estado de Excepción el 17 de septiembre, y el entorno presidencial enfrenta duros cuestionamientos políticos y judiciales.
Sin embargo, desde una perspectiva estructural e histórica, el país está mejor aspectado hacia el futuro de mediano plazo porque la crisis ha destruido los incentivos de la ineficiencia. Estar mal, pero en la verdad ha obligado al Estado a firmar un acuerdo técnico de urgencia por 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un salvavidas condicionado a la auditoría, liquidación o reestructuración obligatoria de los elefantes blancos estatales que desangraban el Tesoro General.
Al mismo tiempo, la quiebra del centralismo y la escasez de hidrocarburos han forzado a las regiones y a los consorcios agroindustriales del oriente y el norte amazónico a romper amarras logísticas, exigiendo la libre importación e invirtiendo en infraestructura propia de almacenamiento y rutas fluviales. La fuerza de la necesidad está pariendo, de forma caótica pero irreversible, una Bolivia post-extractivista, descentralizada y productiva, obligada a sostenerse sobre sus verdaderas capacidades de trabajo y no sobre el grifo agonizante del gas estatal.
La verdad actual es amarga y cuesta arriba, pero ofrece una ventaja definitiva sobre el pasado reciente: permite, por fin, construir soluciones sobre cimientos reales.
Por una nueva Bolivia, vamos a darle con todo y entre todos.
Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
