a crisis humanitaria que vive hoy la ciudad de La Paz ya no puede entenderse únicamente como una protesta social convencional. El desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno, junto con los bloqueos prolongados de carreteras y el aislamiento progresivo de la sede de gobierno, muestran que Bolivia atraviesa una fase distinta del conflicto político: la del control territorial de la población civil mediante el cerco.
Lo que ocurre en el altiplano paceño posee profundas raíces históricas, pero también inquietantes similitudes con las estrategias contemporáneas de desgaste social observadas en conflictos como la disolución de la ex Yugoslavia. Allí, ciudades enteras fueron sometidas no necesariamente mediante grandes batallas militares, sino a través del aislamiento, el hambre, el miedo y la destrucción gradual de la vida cotidiana. La Paz comienza a experimentar una lógica parecida.
La historia política boliviana está marcada por los cercos indígenas sobre la ciudad de La Paz. El más emblemático fue el levantamiento de Túpac Katari en 1781, cuando decenas de miles de indígenas rodearon la ciudad colonial durante meses buscando rendirla mediante el hambre y el aislamiento.
Ese episodio no fue solamente militar. Fue profundamente simbólico: la disputa por el control político y civilizatorio del territorio. La memoria del cerco reapareció posteriormente durante la Guerra Federal de 1899 y también en la Revolución de 1952, cuando las comunidades indígenas y campesinas se transformaron en estructuras de movilización armada y control territorial.
Hoy, en pleno siglo XXI, esa memoria vuelve a activarse. La movilización aymara que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz reproduce elementos históricos de aquellas insurrecciones: contingentes comunales provenientes Potosí, Oruro y de las 20 provincias paceñas, organización territorial, control de rutas estratégicas y una fuerte dimensión simbólica basada en la idea del cerco como mecanismo de presión política.
La antropología política andina ha mostrado que el ayllu no es sólo una comunidad rural. Es una estructura de autoridad, disciplina y organización colectiva capaz de convertirse, en momentos de crisis, en una maquinaria de movilización.
Las comunidades indígenas poseen algo que el Estado boliviano ha subestimado durante décadas: capacidad logística territorial. Los bloqueos actuales no son espontáneos ni desordenados. Requieren coordinación, abastecimiento, relevos humanos y control permanente del espacio. Eso sólo puede sostenerse mediante redes comunitarias profundamente cohesionadas y un buen colchón económico.
En los hechos, las comunidades funcionan hoy como estructuras de control territorial capaces de paralizar corredores económicos vitales para la supervivencia de la ciudad. La Paz depende críticamente de las rutas que conectan el altiplano con los centros de abastecimiento. Cuando esas rutas son cerradas, el bloqueo se transforma en un arma política de enorme efectividad.
Aquí aparece un elemento central para comprender la actual coyuntura. Las guerras contemporáneas ya no buscan necesariamente derrotar militarmente al enemigo, sino controlar políticamente a la población civil mediante el miedo, el agotamiento y el colapso de las condiciones de vida.
Las llamadas “nuevas guerras” difuminan las fronteras entre conflicto político, violencia organizada y descomposición estatal. El objetivo estratégico deja de ser la conquista clásica del territorio y pasa a ser el control psicológico y material de la sociedad.
Eso ocurrió en Bosnia durante el sitio de Sarajevo en la ex Yuoslavia. El cerco no buscaba únicamente destruir posiciones militares. Buscaba quebrar moralmente a la población civil. La lógica era simple: hambre, miedo, desesperación y agotamiento social para producir presión política.
En La Paz empiezan a observarse dinámicas similares: interrupción del abastecimiento; aislamiento territorial; uso político del combustible y los alimentos; desgaste psicológico de la ciudadanía y; debilitamiento progresivo de la autoridad estatal. La población civil se convierte así en el principal escenario del conflicto.
Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis actual es la pérdida progresiva de capacidad estatal. Las nuevas guerras emergen precisamente cuando el Estado pierde el monopolio efectivo del control territorial y de la violencia legítima. Eso comienza a verse en Bolivia.
Cuando el Estado ya no puede garantizar libre tránsito, abastecimiento ni control de carreteras estratégicas, aparecen formas paralelas de soberanía. En muchas regiones del altiplano, la autoridad efectiva descansa más en estructuras comunales y sindicales que en las instituciones estatales. No se trata necesariamente de separatismo. Pero sí de fragmentación del poder. Bolivia empieza a parecerse a un país donde coexisten múltiples legitimidades territoriales.
La crisis también revela el fortalecimiento de un nacionalismo étnico aymara construido durante décadas. El nacionalismo aymara desarrolló progresivamente una conciencia de “nación para sí”, es decir, una comunidad con identidad histórica propia y proyecto político diferenciado.
Este fenómeno se incubó con los nacionalismos étnicos de Europa Central y Oriental, donde las identidades culturales precedieron a los Estados nacionales. La idea de “nación aymara” ya no es solamente cultural. Se ha convertido en una herramienta política de movilización territorial. La actual insurgencia expresa precisamente esa combinación de memoria histórica, identidad étnica y capacidad organizativa, a la que se suma el sector obrero mediante la Central Obrera Boliviana y un incierto financiamiento informal e ilegal.
La Paz vive hoy algo más profundo que un conflicto político. Vive el retorno psicológico del miedo al cerco. Ese temor forma parte de la memoria histórica de la ciudad desde tiempos coloniales. Cada bloqueo prolongado reactiva imaginarios de aislamiento, hambre y vulnerabilidad urbana frente al mundo indígena que rodea la sede de gobierno. Por eso el conflicto posee una enorme dimensión emocional y simbólica intensificada por las redes sociales. La ciudad no sólo se siente bloqueada. Se siente sitiada. Y en contextos de polarización extrema, esa percepción puede resultar explosiva.
Bolivia aún está lejos de una guerra civil abierta como la yugoslava. Pero algunos patrones comienzan a ser peligrosos: radicalización identitaria; fragmentación territorial; erosión estatal; uso político del hambre; debilitamiento institucional; polarización extrema.
El verdadero riesgo no es únicamente la violencia inmediata. Es la destrucción progresiva de la idea de una comunidad nacional compartida. La experiencia yugoslava mostró que las guerras comienzan mucho antes de los disparos. Empiezan cuando distintos sectores dejan de reconocerse dentro de un mismo horizonte político.
La actual insurgencia aymara expresa demandas reales y profundas fracturas históricas nunca resueltas por el Estado boliviano. Pero cuando la política convierte a la población civil en rehén del conflicto, el país ingresa en una zona extremadamente peligrosa.
La tragedia de Sarajevo comenzó con cercos, desabastecimiento y desgaste psicológico. Comenzó cuando la política dejó de construir futuro común y empezó a organizarse alrededor del miedo y la exclusión. Bolivia todavía puede evitar ese camino.
Pero para ello necesita reconstruir pactos nacionales mínimos, recuperar legitimidad institucional y evitar que el hambre, el aislamiento y el miedo se conviertan en herramientas normales de disputa política. Porque las nuevas guerras no empiezan necesariamente con ejércitos. Empiezan cuando una sociedad aprende a convivir con el cerco.
Jorge Kafka es politólogo y consultor en análisis estratégico.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
