a desnutrición en Bolivia no se combate; se gestiona como un negocio corporativo de alta rentabilidad. El traspaso estructural de los Subsidios Prenatal y de Lactancia del SEDEM y, del Alimento Complementario Escolar en el eje troncal —La Paz, Cochabamba y Santa Cruz— desde el monopolio tradicional del MAS hacia la administración actual no erradicó las mafias; refinó su ingeniería burocrática y digital. Hoy asistimos a un escenario de fraude planificado donde los actores políticos cambiaron, pero las trampas técnicas persisten con total impunidad.
El mecanismo central de corrupción opera desde el propio SICOES mediante el truco de la "licitación desierta intencional". Comisiones de calificación municipales y directores estatales diseñan pliegos con exigencias de facturación millonaria imposibles para las pequeñas empresas locales y precios de referencia irreales. Una vez descalificados los competidores honestos, la ley faculta a los administradores a ejecutar contrataciones directas por excepción bajo el pretexto de urgencia social, entregando los contratos a dedo a los consorcios e intermediarios predeterminados.
Para las Micro y Pequeñas Empresas legítimas que logran ingresar al sistema, el calvario es financiero. Los funcionarios congelan deliberadamente el flujo de caja y las planillas de pago por alimentos frescos hasta asfixiarlas. Es en este punto de quiebre donde operan los intermediarios, quienes exigen de manera sistemática peajes o "retornos" en efectivo de entre el 5% y el 10% del total de las facturas devengadas a cambio de liberar los cheques institucionales. Quien no paga la coima, se expone quebrar su empresa esperando el dinero del Estado.
La modernización tecnológica sirve únicamente de fachada. Mientras el SEDEM promociona aplicaciones móviles de canje, las “mafias internas” clonan tokens digitales y duplican códigos de barra para simular entregas a madres beneficiarias de escasos recursos. En la realidad física, camiones enteros con productos de alto valor alimenticio son desviados por las puertas traseras de las distribuidoras estatales —como quedó demostrado en las fiscalizaciones y precintados policiales de la sucursal de El Remanso en Santa Cruz— para abastecer directamente el mercado negro de reventa en centros de abasto populares a mitad de precio.
En las unidades educativas, el control social de las juntas escolares está completamente anulado por una profunda asimetría técnica y la cooptación prebendal. Los padres de familia carecen de herramientas de medición y laboratorios portátiles; su fiscalización es puramente visual.
El proveedor inescrupuloso lo aprovecha reduciendo la densidad proteica y adulterando la inocuidad alimentaria mediante avales clonados del SENASAG. Entregan un producto diluido, panes con hongos o leches fermentadas que pasan la inspección visual a cambio de cohechos a los supervisores municipales, provocando brotes recurrentes de intoxicación en las escuelas de la periferia urbana.
Para desmantelar este engranaje de saqueo al capital humano del país, Bolivia necesita una reforma estratégica e inmediata que reemplace la discrecionalidad burocrática por control técnico a través de tres pilares definidos:
Primero, la descentralización por lotes distritales para prohibir los macromonopolios de adjudicación. Las licitaciones del desayuno escolar deben fragmentarse obligatoriamente por distritos y subproductos, permitiendo que cooperativas agrícolas locales y microempresas compitan en igualdad de condiciones jurídicas.
Segundo, una auditoría nutricional con poder de veto que delegue la fiscalización a unidades móviles independientes gestionadas por laboratorios de las universidades públicas. Estos entes deben certificar, mediante análisis químicos indexados, que las raciones correspondan estrictamente a los nutrientes contratados, ejecutando penalidades y rescisiones automáticas ante cualquier alteración.
Y tercero, una billetera digital de libre elección que suprima definitivamente los almacenes físicos y agencias de distribución del SEDEM que propician el robo de inventarios. Se debe migrar a una transferencia electrónica securizada para que las madres canjeen su beneficio de alimentos de forma directa en supermercados, comercios minoristas y ferias asociativas acreditadas, dinamizando la economía local.
En la nueva Bolivia no es admisible seguir financiado un modelo donde el presupuesto destinado a combatir la desnutrición termina en maletines políticos y redes de reventa ilegal. Optimizar los recursos públicos y privados para asegurar que cada centavo invertido se traduzca en alimentación real en el plato de un estudiante, en la canasta de una madre gestante y su niño, es un imperativo moral y económico.
Los gobiernos municipales y el Ministerio de Salud dejen de tratar la alimentación pública como un botín de gestión partidaria. Es momento de soltar la soga en los pliegos técnicos, transparentar los pagos y tecnificar el control ciudadano. La salud y el futuro de las próximas generaciones están en juego; la inacción frente a las trampas actuales es una corresponsabilidad criminal que sus hijos no van a perdonar.
Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
