a tragedia ocurrida en Viacha no puede quedar reducida a la investigación de una explosión, a la identificación de responsabilidades o a la reparación de los daños. Viacha tiene que convertirse en un momento de inflexión para las políticas de seguridad del Estado.
Detrás de esta tragedia existe un problema que debería exigir un debate critico más profundo: la ubicación de instalaciones militares dentro de ciudades que han crecido y que hoy tienen a miles de ciudadanos viviendo, trabajando y circulando alrededor de ellas, desnudando además una precaria seguridad urbana en la vecindad de zonas residenciales conexas a estas infraestructuras castrenses.
Y eso plantea una cuestión que el Estado ya no puede eludir: ¿Puede una población civil seguir expuesta a riesgos propios de instalaciones militares que fueron construidas cuando esas zonas todavía estaban alejadas de los centros urbanos?
La respuesta no puede ser política ni corporativa. Tiene que ser técnica, responsable y, sobre todo, debe colocar por delante la seguridad de la población.
El problema de Viacha no es solamente lo que ocurrió dentro del Regimiento Bolívar. El verdadero problema es que una instalación militar se encuentra hoy rodeada por una ciudad que ha crecido hasta prácticamente absorberla.
Viacha alberga una importante concentración de instalaciones militares. El alcalde del municipio ha señalado que existen cinco regimientos en su territorio: la Primera División del Ejército, tres Regimientos y la Escuela de Música.
El mando militar y la planificación de defensa nacional no entrelazaron la planificación militar con la planificación urbana; las dejaron caminar por separado.
Porque cuando un regimiento, un depósito o una instalación que maneja materiales de riesgo queda rodeado por viviendas, comercios, industrias, escuelas y vías de circulación, el riesgo deja de ser exclusivamente militar. Se convierte en un problema de seguridad pública.
Y cuando ocurre la tragedia, las consecuencias no las soportan solamente los militares; las soporta toda la comunidad.
Por eso, lo sucedido en Viacha obliga a realizar una revisión nacional. ¿Cuántas instalaciones militares están actualmente dentro de áreas urbanas? ¿Cuántas almacenan municiones, explosivos, combustibles u otros materiales que requieren condiciones especiales de seguridad? ¿A qué distancia se encuentran de las viviendas? ¿Cumplen las normas y protocolos correspondientes? ¿Y cuáles deberían ser trasladadas?
No hacerlo sería sencillamente esperar que el próximo accidente nos obligue nuevamente a formular las mismas preguntas. El Consejo Supremo de Defensa del Estado está llamado a procesar esta situación y tomar cartas en el asunto.
Antes de Viacha, las consideraciones relativas a la seguridad del Estado se enfocaban a partir de una cuestión territorial: precautelar fronteras y áreas estratégicas. Hoy se añade algo de mucha sensibilidad: la seguridad de la población expuesta por la presencia militar.
Tenemos más de 6.800 kilómetros de fronteras y enfrentamos problemas crecientes de contrabando, tráfico ilícito y control territorial. Mientras tanto, importantes unidades militares permanecen concentradas históricamente en ciudades y centros poblados.
No se trata de sacar al Ejército de las ciudades para debilitarlo. El objetivo nacional debería ser fortalecerlo allí donde el país más lo necesita. Los países vecinos no han eliminado sus instalaciones militares urbanas; han desarrollado mecanismos de despliegue y presencia militar específicamente orientados hacia sus zonas fronterizas y estratégicas.
Más presencia militar en las fronteras. Más infraestructura en zonas estratégicas. Mejores condiciones para los soldados. Instalaciones modernas y seguras.
Y, simultáneamente, el traslado progresivo de aquellas unidades, depósitos o instalaciones que, por su naturaleza, representen un riesgo para las poblaciones urbanas.
Un Ejército moderno necesita instalaciones modernas. Necesita seguridad, necesita infraestructura adecuada y necesita una distribución territorial coherente con las amenazas y necesidades del país.
No puede ser normal que una ciudad tenga que convivir con instalaciones potencialmente peligrosas simplemente porque así fueron ubicadas hace décadas.
Las ciudades cambiaron, la población creció y, con ella, las amenazas. Viacha abrió el debate nacional. Si después de Viacha simplemente reconstruimos los cuarteles y seguimos haciendo exactamente lo mismo, habremos aprendido muy poco de lo ocurrido.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
