mérica Latina lleva años viviendo una transformación migratoria profunda. Millones de personas han salido de sus países buscando seguridad, trabajo y una oportunidad para rehacer su vida. El caso más visible es el de Venezuela. Según ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el éxodo venezolano, con más de siete millones de personas, se ha convertido en uno de los mayores desplazamientos humanos de nuestro tiempo. Pero la historia regional no se termina ahí. También han migrado familias y personas de Cuba, Haití, Paraguay, Brasil, Nicaragua y de otros países de la región, formando un fenómeno humano mucho más amplio, complejo y persistente.
La institución adecuada para hablar de estos movimientos es la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Y lo que la OIM ha mostrado es claro: los flujos migratorios en América Latina y el Caribe crecieron con fuerza en las últimas décadas y además, gran parte de esa movilidad ocurre dentro de la propia región. Es decir, muchas personas no solo se dirigen a Estados Unidos o Europa; también se trasladan a países vecinos como Perú, Brasil, Argentina, Colombia o Chile, donde intentan encontrar trabajo, estabilidad y algún ingreso para sostenerse.
En ese camino, algunos logran incorporarse al mercado laboral formal, pero muchos otros terminan sobreviviendo en la economía informal, por eso hoy es frecuente ver en distintas ciudades de América Latina a migrantes trabajando como repartidores, vendedores ambulantes, en pequeños servicios urbanos, limpiando parabrisas en los semáforos o, en los casos más duros, pidiendo ayuda para subsistir. Esa imagen cotidiana resume una verdad triste e incómoda; la migración no solo revela el drama humano del desplazamiento, sino también la dificultad de muchos Estados para ofrecer vías regulares, ordenadas y dignas de inserción laboral.
Bolivia tampoco es ajena a esta realidad, en el país se observa la presencia de ciudadanos venezolanos, haitianos, cubanos y de otras nacionalidades. Algunos llegan con formación profesional o a través de programas de cooperación, sobre todo en áreas como salud; otros, en cambio, enfrentan condiciones mucho más duras y terminan insertándose en actividades de subsistencia. Al mismo tiempo, no puede olvidarse que una parte importante de la migración latinoamericana y centroamericana sigue teniendo como destino a Estados Unidos. Las rutas migratorias de hoy son múltiples: unas se desarrollan dentro de Sudamérica, otras atraviesan Centroamérica y México hacia el norte, y otras incluso terminan en Europa. Por eso, la migración regional ya no puede entenderse como un fenómeno aislado ni como un proceso protagonizado por una sola nacionalidad. Hoy vemos desplazamientos impulsados por razones económicas, políticas, sociales, de guerras e incluso por crisis institucionales.
Muchos logran salir adelante y trabajar dignamente; otros, en cambio, quedan atrapados en un limbo jurídico, en la informalidad, la precariedad o la exclusión. Ahí está, precisamente, uno de los mayores desafíos para los Estados: no basta con controlar fronteras; también hay que responder con políticas serias, humanas y realistas frente a una realidad migratoria que ya es regional y global al mismo tiempo.
En ese escenario amplio, la migración boliviana hacia Chile tiene un rasgo particular: es, sobre todo, una migración laboral. Miles de bolivianos se desplazan hacia el norte chileno buscando oportunidades en sectores como la minería, la agricultura y los servicios. Es una lógica clásica de movilidad económica dentro de la región. Pero junto a ese flujo migratorio legítimo y mayoritariamente laboral, en la frontera también se han detectado grupos vinculados a actividades ilícitas específicas.
Uno de los problemas más recurrentes en la frontera norte de Chile ha sido el robo y traslado de vehículos hacia Bolivia, fenómeno reconocido tanto por autoridades chilenas como bolivianas. Se ha señalado repetidamente que numerosos vehículos robados en Chile cruzan la frontera por pasos no habilitados. Ese contexto ha influido de manera directa en el diseño de las nuevas políticas de control fronterizo del gobierno chileno.
Es ahí donde aparece el llamado “Plan Escudo Fronterizo”, impulsado por el presidente José Antonio Kast. La estrategia combina infraestructura física, tecnología y una mayor presencia estatal. Chile ya ejecutó vuelos de deportación, y el discurso oficial se ha concentrado en reforzar el control de la frontera frente al ingreso irregular, el contrabando, el robo de vehículos y otros delitos vinculados a la criminalidad transnacional.
Entre las medidas más visibles del plan están la apertura de zanjas en la frontera, además de cercos, posibles muros, barreras físicas y el uso de drones, radares térmicos y sensores. Desde la narrativa oficial chilena, estas acciones se justifican como mecanismos para combatir el robo de vehículos, el contrabando y el paso ilegal de personas. En otras palabras, la apuesta del gobierno es recuperar el control territorial y enviar una señal de firmeza frente a la delincuencia y el desorden migratorio.
Sin embargo, aquí aparece un punto central que no debería perderse de vista. Desde una mirada académica y jurídica, resulta fundamental evitar generalizaciones. La gran mayoría de los migrantes bolivianos en Chile se desplaza por razones laborales y económicas y aporta a sectores productivos clave. Los delitos detectados en la frontera corresponden a fenómenos específicos asociados a redes criminales y no representan al conjunto de la población migrante. Confundir migración con criminalidad puede ser políticamente útil en el corto plazo, pero no refleja la realidad y conduce a diagnósticos equivocados y a políticas públicas imprecisas.
Por eso, el caso de Sebastián Marset sí tiene lugar en esta discusión, aunque no como eje central, sino como ejemplo. Su caso mostró la existencia de redes de crimen organizado transnacional con recursos, contactos y una lógica propia, muy distinta de los movimientos migratorios comunes. Precisamente por eso sirve para recordar una distinción esencial: una cosa es la migración y otra muy distinta es la criminalidad organizada.
La política migratoria chilena, entonces, muestra una doble cara. Por un lado, transmite una imagen de orden, control y soberanía estatal. Por otro, enfrenta límites claros: altos costos económicos, exigencias del derecho internacional, necesidad de coordinación con los países vecinos y dificultades operativas para mantener controles permanentes en una frontera extensa y compleja. En el plano internacional, este tipo de medidas forma parte de una tendencia más amplia de “securitización de la migración”, es decir, de un enfoque en el que el control fronterizo se convierte en uno de los ejes centrales del discurso político y de la acción estatal. Pero controlar o expulsar no basta. También hay que diferenciar entre migración irregular, refugio, asilo, movilidad laboral y criminalidad organizada, sin olvidar los desafíos en materia de derechos humanos y cooperación entre Estados.
La historia bilateral, además, demuestra que las tensiones fronterizas entre Bolivia y Chile no son nuevas. Estas tensiones históricas se manifestaron de forma prominente en las demandas ante la Corte Internacional de Justicia. En la primera, donde Bolivia buscó una salida soberana al mar, y en la segunda, donde Chile defendió y demandó el uso de las aguas del Silala ante las pretensiones del Estado Plurinacional de Bolivia. Ambos casos, aunque judicialmente concluyentes y definitivos, han sido usados en el pasado por ciertos gobiernos bolivianos para fines políticos internos y cuyos resultados han sido la pérdida del acceso a la salida al mar y de la propiedad de las aguas del Silala, constituyeron una catástrofe para el país. Otro antecedente revelador ocurrió en 2013, cuando autoridades chilenas detuvieron a tres soldados bolivianos que habían cruzado la frontera portando armas. Los militares fueron procesados en Chile por ingreso irregular y porte de armamento y, luego de su liberación y retorno a Bolivia, fueron recibidos por el presidente Evo Morales en un acto oficial, donde además fueron condecorados y ascendidos. El episodio mostró cómo un incidente fronterizo puede convertirse rápidamente, en ambos lados, en un símbolo político de soberanía y afirmación nacional, aspectos que no pueden repetirse sólo por ganar popularidad.
Frente al endurecimiento de la política fronteriza chilena, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira respondió con una crítica simbólica, pero también con una señal de apertura al diálogo y a la cooperación. En marzo de 2026 afirmó que Bolivia no apuesta por “zanjas”, sino por “puentes de integración”, dejando claro que su visión es la de una relación más unida e integradora entre ambos países.
Esa postura, sin embargo, no implicó desconocer el derecho de Chile a tomar medidas dentro de su propio territorio. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, señaló que Bolivia respeta la decisión de Chile de reforzar su frontera y abrir zanjas, siempre que esas acciones se realicen dentro de territorio chileno y sin afectar el Tratado de 1904. Esta posición deja ver una línea boliviana bastante clara: reconocer la soberanía territorial chilena, pero rechazar con firmeza que la política migratoria termine presentando a los migrantes bolivianos como delincuentes en general, vulnerando así sus derechos humanos.
A esto se suma un dato importante: ya existe una base de acercamiento bilateral. En enero de este año, las cancillerías de Bolivia y Chile firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación económica, turística y fronteriza, junto con avances en conectividad aérea y modernización comercial. Es un dato relevante porque demuestra que, pese a la dureza del discurso migratorio, ambos países ya han abierto una vía formal de cooperación que puede servir para manejar las tensiones actuales.
En alguna medida, la estrategia de Kast recuerda el estilo de mano dura de Donald Trump en Estados Unidos. Varios reportes señalan que su política prioriza deportaciones, salidas “voluntarias” bajo presión estatal y un discurso que vincula migración irregular con delincuencia. Pero aquí también conviene hacer una precisión importante: aunque en Chile se habla de más de 300.000 migrantes en situación irregular, eso no significa que todos estén vinculados a carteles de droga o a organizaciones criminales. Lo que sí ocurre es que el discurso oficial chileno tiende a relacionar migración irregular, narcotráfico y crimen organizado dentro de una misma narrativa de seguridad, y esa mezcla debe ser tratada con mucho cuidado.
Hasta ahora, por lo que se conoce públicamente, se está trabajando en un plan entre Bolivia y Chile con una lista detallada de tareas. Pero sí se puede ver con bastante claridad qué temas deberían trabajar juntos ambas cancillerías. Ambos países necesitan mantener una coordinación constante sobre el control de la frontera y la migración irregular. Esto ayudaría a evitar problemas, compartir mejor la información y hacer que las medidas de seguridad no terminen creando conflictos diplomáticos entre los dos Estados.
También es importante que Bolivia y Chile refuercen su cooperación para luchar contra el robo y tráfico de vehículos, el contrabando y las mafias internacionales que operan en la frontera. Este tema aparece con fuerza en el discurso de ambos gobiernos: Chile justifica sus medidas por razones de seguridad, y Bolivia también reconoce que es necesario frenar el delito que cruza fronteras, aunque sin aceptar que se generalice o se estigmatice a toda la población migrante.
Del mismo modo, hace falta una mejor coordinación consular y migratoria, sobre todo en casos de expulsión, identificación de personas, retorno asistido, documentación y protección básica de derechos. El primer vuelo de deportación desde Iquique hacia Bolivia, Colombia y Ecuador demostró que la labor de consulados y cancillerías no es secundaria, sino fundamental dentro de la nueva política migratoria chilena.
A la vez, ambas cancillerías deberían trabajar juntas para evitar que la migración sea vista automáticamente como sinónimo de delincuencia. Es importante diferenciar claramente entre las personas que migran por necesidad, quienes sobreviven en trabajos informales y las redes de crimen organizado. Si no se hace esa diferencia, el debate público seguirá confundiendo temas distintos y eso puede dañar tanto la convivencia social como la relación entre Bolivia y Chile.
Por último, una relación seria entre La Paz y Santiago también debería incluir cooperación económica, turística, fronteriza y de conectividad aérea. Además, la ayuda exterior no debería entenderse solo como dinero, sino también como cooperación técnica e institucional. Todo esto puede ayudar a que la relación entre ambos países deje de ser solo reactiva y se vuelva más útil, estratégica y estable. Pero para que esas tareas conjuntas realmente funcionen, Bolivia debe enviar a negociar a diplomáticos de alto nivel, con experiencia, preparación y conocimiento real de la relación bilateral con Chile. Esta agenda no debería quedar en manos improvisadas ni de personas sin la capacidad técnica y política necesaria, porque lo que está en juego no es menor: se trata de la seguridad, los derechos de los migrantes, la relación fronteriza y los intereses permanentes del Estado boliviano.
En el fondo, ese es el gran reto de esta nueva etapa. Bolivia y Chile necesitan una política migratoria que combine control, legalidad, cooperación y humanidad. Control, para enfrentar el ingreso irregular y el crimen organizado. Legalidad, para que las expulsiones y controles se hagan conforme a derecho. Cooperación, porque hay problemas que ningún país puede resolver solo. Por otro lado, humanidad, para no convertir a toda persona migrante en sospechosa. Allí se jugará, en buena medida, no solo la calidad de la relación bilateral, sino también la madurez política y diplomática de ambos Estados.
Finalmente esperemos que luego del acuerdo en La Paz entre los cancilleres de Bolivia Fernando Aramayo y Chile Francisco Pérez Mackenna, ambos países trabajen con una mejor visión en el control migratorio y la seguridad fronteriza, impulsando la integración económica y establezcan un mecanismo de consultas políticas en beneficio de los ciudadanos bolivianos.
Asdruval Columba Joffré es abogado y profesor universitario.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
