os bolivianos votaron por un cambio de rumbo político y económico. No fue solamente una elección entre candidaturas: fue un mandato ciudadano nacido del cansancio, la incertidumbre y el agotamiento de un modelo que durante años administró la bonanza sin preparar al país para la crisis que inevitablemente llegaría.
La victoria de Rodrigo Paz representó, para muchos ciudadanos, la posibilidad de recuperar estabilidad, previsibilidad y confianza. Su candidatura simbolizaba renovación, moderación y la esperanza de construir un nuevo tiempo político capaz de reconciliar al país con la producción, la institucionalidad y el diálogo. Por eso, Rodrigo Paz no tiene derecho a que le vaya mal. Y no porque se trate de una figura política en particular, sino porque detrás de su gestión está la expectativa colectiva de millones de bolivianos que ya no soportan vivir en crisis permanente.
La grave situación actual no apareció de la noche a la mañana. El deterioro económico comenzó hace más de una década, cuando la caída progresiva de los ingresos por hidrocarburos empezó a desnudar la fragilidad del modelo económico del MAS. En lugar de anticiparse a la crisis con reformas estructurales, diversificación productiva y disciplina fiscal, el país fue empujado irresponsablemente hacia un esquema de dependencia, gasto excesivo y negación política de la realidad.
Hoy las consecuencias son visibles: inflación creciente, pérdida del poder adquisitivo, incertidumbre cambiaria, caída de la inversión, conflictividad social y un Estado cada vez más debilitado en su capacidad de respuesta.
El nuevo gobierno recibió un país exhausto, polarizado y con enormes tensiones acumuladas. Nadie duda de que el desafío es gigantesco. Pero precisamente por eso, la ciudadanía espera con un grado de impaciencia: conducción, claridad y valentía política.
Las movilizaciones y bloqueos de las últimas semanas reflejan una tensión social real, pero también evidencian algo más profundo: la pérdida de confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para resolver problemas antes de que exploten. Bolivia no enfrenta únicamente una crisis política o económica. Enfrenta, sobre todo, una crisis de credibilidad.
Y la credibilidad no se recupera con discursos defensivos ni con la negación sistemática de los problemas. Se recupera con verdad, transparencia y decisiones oportunas y concretas.
El gobierno tiene todavía una oportunidad de reconducir el rumbo. Pero para hacerlo necesita asumir que el país exige señales firmes: un plan económico serio, austeridad estatal, protección al aparato productivo, seguridad jurídica, lucha frontal contra la corrupción y, sobre todo, una convocatoria amplia a la construcción de acuerdos nacionales mínimos, donde todos los ciudadanos asuman el compromiso de soportar el peso de esta necesaria transición, siempre y cuando sea proporcional sin privilegio alguno.
Porque otro elemento central del mandato popular fue precisamente la necesidad de superar la lógica de confrontación permanente que desgastó a Bolivia durante años. La ciudadanía votó por estabilidad, no por revancha; por soluciones, no por relato político.
Los bolivianos tampoco podemos asumir una actitud pasiva. La presión ciudadana para exigir resultados, responsabilidad y transparencia será determinante para evitar que el país vuelva a caer en la resignación colectiva.
Rodrigo Paz no tiene derecho a fracasar porque Bolivia tampoco tiene margen para otro fracaso histórico. El país necesita que este proceso de cambio funcione. No por un gobierno, ni por un partido, sino por el futuro mismo de la democracia, la economía y la convivencia nacional.
Fernando Crespo Lijeron es administrador de Empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
