n Bolivia, la distancia entre el ingreso medio y el costo de vida se ha vuelto cada vez más difícil de sostener. Los ajustes salariales, cuando llegan, apenas logran maquillar una realidad evidente: el dinero pierde valor frente a una canasta familiar que no deja de encarecerse.
Se insiste en explicar esta situación apelando a factores externos o estructurales, el contexto internacional, los costos de importación o la presión cambiaria, que sin duda influyen. Pero hay un elemento interno que rara vez se enfrenta con decisión: la distorsión de precios dentro del propio mercado, alimentada por prácticas especulativas en la cadena de comercialización.
Entre mayoristas, intermediarios y minoristas se han instalado márgenes que, en muchos casos, resultan difíciles de justificar. No se trata de negar la lógica de la ganancia, sino de cuestionar los excesos que terminan trasladándose directamente al consumidor. Cuando los precios de productos básicos suben más allá de lo razonable, el impacto recae sobre los sectores más vulnerables y erosiona el poder adquisitivo de toda la población.
Lo preocupante es que este fenómeno no ocurre por falta de normas. Bolivia cuenta con legislación que sanciona el agio y la especulación, y que otorga a las autoridades, tanto nacionales como municipales, la responsabilidad de fiscalizar y controlar. Sin embargo, en la práctica, ese control es débil o simplemente inexistente. La ausencia del Estado en este terreno no es neutral: termina favoreciendo los abusos.
A esta situación se suma una contradicción incómoda. Sectores organizados que legítimamente demandan incrementos salariales, muchos de ellos vinculados al comercio, rara vez cuestionan las distorsiones que también se generan dentro de su propio ámbito. Se exige al Estado una compensación vía ingresos, pero se evita discutir el rol que juega la propia dinámica de mercado en el encarecimiento de la vida.
El resultado es un círculo vicioso: aumentan los precios, se presiona por alzas salariales y, aun así, el poder adquisitivo continúa deteriorándose. El problema de fondo permanece intacto.
Romper esta lógica exige más que decretos. Se requiere voluntad política para aplicar la ley, controles efectivos y sostenidos, y un compromiso real con la economía popular. Pero también demanda coherencia de todos los actores involucrados.
Porque mientras los precios sigan fuera de control, cualquier aumento salarial será apenas un alivio pasajero. Y la pregunta seguirá vigente: ¿quién está protegiendo, en los hechos, el bolsillo de los ciudadanos?
Fernando Crespo Lijeron es administrador de Empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
