olivia ya no está para discursos vacíos ni promesas recicladas. El país atraviesa una muy grave crisis, como se ha mencionado reiteradamente, que no solo es económica, sino profundamente institucional y moral. La ciudadanía ha perdido la confianza en quienes gobiernan, y no por casualidad: durante años se ha administrado el Estado con improvisación, centralismo asfixiante, decisiones antipatrióticas y una preocupante desconexión con la realidad de la gente.
Hoy, el verdadero desafío no es ganar elecciones, sino reconstruir el Estado y devolverle sentido al ejercicio del poder público.
El nivel nacional ha fracasado en su rol más básico: conducir el país con rumbo claro. En lugar de generar condiciones para producir, invertir y crecer, se ha optado por un modelo que ahuyenta la iniciativa privada, debilita la institucionalidad y posterga decisiones estructurales. Bolivia necesita, con urgencia, un gobierno que garantice seguridad jurídica, combata la corrupción sin selectividad y entienda que sin economía fuerte no hay política social sostenible.
Pero el problema no termina en el nivel central. Las gobernaciones, que deberían ser pilares del desarrollo regional, han quedado atrapadas entre la falta de recursos, la dependencia política y la ausencia de visión estratégica. No se puede hablar de desarrollo mientras las regiones no tengan la capacidad real de planificar su futuro productivo, de invertir en infraestructura y de proteger sus propios recursos naturales. El país necesita departamentos fuertes, no simples administradores de escasez.
Y en el nivel municipal, donde el Estado se encuentra cara a cara con el ciudadano, la situación es igual de preocupante. Municipios con crecimiento desordenado, servicios básicos deficientes y autoridades más preocupadas por la política que por la gestión. La falta de transparencia y el debilitamiento del control social han permitido que la ineficiencia se normalice y que la corrupción se mimetice con la rutina administrativa.
Frente a este panorama, el cambio que exigen los bolivianos no puede ser superficial. En este nuevo ciclo político económico de transición, los ciudadanos en general han generado una gran expectativa de cambio real con institucionalidad, desarrollo sostenible y justicia social. En consecuencia, no se trata de cambiar nombres, sino de cambiar la forma de gobernar.
Se necesita un nuevo modelo basado en tres pilares claros. Primero, institucionalidad real, donde la ley se cumpla sin excepciones y el poder no se use como herramienta de persecución ni de protección política. Segundo, desarrollo productivo sostenible, que aproveche las potencialidades del país sin destruir su riqueza natural. Y tercero, gestión pública eficiente y transparente, donde cada nivel del Estado cumpla su rol con responsabilidad y bajo vigilancia ciudadana efectiva.
Esto implica reactivar la economía con reglas claras, impulsar una verdadera descentralización que fortalezca a las regiones y recuperar el municipio como espacio de solución concreta a los problemas cotidianos. Implica también entender que la sostenibilidad ambiental no es un discurso, sino una condición para el futuro del país.
Bolivia no está condenada al estancamiento. Tiene recursos, talento y una ciudadanía cada vez más consciente. Lo que falta es un liderazgo con coraje, ética pública y una visión de país para romper con las prácticas que nos han llevado hasta aquí.
Porque al final, el país no necesita más gobiernos que administren la crisis. Necesita un gobierno, en sus niveles nacional, departamental y municipal, que tenga la capacidad, la voluntad y la honestidad de cambiarla.
Fernando Crespo Lijeron es administrador de Empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
