e la Teoría del Estado surgen conceptos de Estado, el más aceptado reza: El Estado implica una forma de organización social, la cual se basa en la creación de diversas instituciones soberanas, que permiten regular la vida en común de un grupo de personas dentro de un territorio delimitado. Weber añadía sobre los elementos del Estado: Por Estado debe entenderse una entidad política de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente.
A raíz de los últimos acontecimientos y en especial la detención y destitución del Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y tráfico de drogas, surge las interrogantes: ¿Bolivia se ha convertido en un narcoestado? ¿qué define mejor a un narcoestado? ¿Un país con presencia circunstancial en rutas de tránsito o la nación donde reside la demanda que alimenta todo el sistema y cuyo aparato financiero lava las ganancias? La acusación contra nuestra nación señala que el verdadero poder narcótico radica en la economía que mueve, compra, consume y lava los beneficios del negocio ilícito. La acusación de “narcoestado” implica que las estructuras del país están penetradas por el narcotráfico hasta el punto de existir una simbiosis entre el poder político y el mundo criminal.
Esta discrepancia entre acusación y realidad se basa también en los pobres resultados en la lucha antidrogas que tiene el país. Un Estado es cooptado por el narcotráfico cuando el narcotráfico puede actuar impunemente a todo nivel, algo que se ve en Bolivia de manera muy evidente. El narcotráfico tiene poder en la justicia, en la política, está influyendo en cómo se toman ciertas decisiones, en que se mantenga la impunidad. Narcoestado es un término duro, pero el tráfico de drogas ha impregnado el sistema político y económico hasta el punto de influir o determinar las funciones del propio Estado. La inestabilidad política, las dificultades económicas a nivel nacional, la ausencia de respeto por el Estado de derecho, la corrupción y la violencia son las condiciones que se han hecho comunes para caer en la definición de narcoestado. Y aquí nace una cuestión difícil, hay una definición que se entremezcla con lo que se entiende por “Estado fallido”. ¿Un narcoestado es un Estado fallido?, probablemente sí, pero un Estado fallido no necesariamente ha fracasado solamente por la presencia de cárteles o del narcotráfico.
América Latina es la región más asociada con la producción y el tráfico de drogas a nivel global. Varios países de la región enfrentan una combinación de factores como la alta corrupción, una geografía que facilita tanto la producción como el tráfico de drogas, la lucha de grupos criminales por la gobernanza de territorios lejos del control institucional, y la proliferación de coerción y violencia civil. En Bolivia, la coca ilegal maneja entre $us 1.500 millones y $us 2 mil millones por año, es igual a 4 – 5% del PIB (y probablemente estoy corto en los números), somos un país muy atractivo para el narcotráfico por la situación geográfica, limitamos con Brasil, uno de los principales consumidores de cocaína de América Latina; con Perú, que produce hoja de coca mucho más barata; con Paraguay, el importante “hub” como primer productor de marihuana en Sudamérica; con Argentina, otro de los mercados internos de drogas más grandes de la región. De modo que Bolivia queda como un corredor clave, con creciente importancia como país de origen y tránsito de la cocaína dirigida a los mercados europeos, además de a EEUU y Asia. Para rematar el país se ha convertido, en base de operaciones de organizaciones criminales extranjeras como los brasileños Comando Primeiro da Capital y Comando Vermelho, así como otras estructuras colombianas y mexicanas.
Se ha comprobado que nuestras fuerzas de seguridad y nuestra justicia son instituciones débiles, la detención de Maximiliano Dávila, director nacional de Inteligencia y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en el gobierno de Evo Morales, comandante de Policía en Cochabamba con Arce. La detención de Omar Rojas, mayor de la Policía Boliviana hasta 2014 apodado el “Pablo Escobar boliviano”. El narcovuelo con 478 kg de cocaína aterrizado en España, el promocionado operativo en la lucha contra el narcotráfico más grande de la historia de Bolivia, que desarticuló 27 fábricas de droga y destruyó siete laboratorios de cocaína por valor de casi dos millones de dólares. El escándalo de los llamados “narcoaudios”, el triple asesinato de uniformados, la droga aterrizada por pilotos y aeronaves bolivianas en Paraguay, el hallazgo de fábricas y laboratorios de cocaína, más de 20 ajustes de cuentas en frontera, el coronel de la Fuerza Aérea Boliviana Henry Richard Crespo Guzmán aprehendido y buscado por la DEA, no han terminado en mucho más que allanamientos e impunidad: solo hay una persona de la policía antinarcóticos encarcelada por el “narcovuelo” a España, no se ha desarticulado ninguna organización criminal, ni se ha detenido a ningún “pez gordo” vinculado al tráfico de cocaína. En cambio, se celebra el aumento de las incautaciones, lo que “no es una medida de eficiencia policial”, sino de una mayor circulación de cocaína en el mercado.
Todo esto demuestra niveles de protección importantes a las redes de narcotráfico por parte de una justicia débil. En manos de esa justicia y de fuerzas del orden corroídas por la corrupción, ha quedado la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Estados Unidos ha iniciado una cruzada contra el narcoterrorismo, paradójicamente Estados Unidos representa el mayor mercado consumidor de drogas del mundo. Esa demanda masiva es el motor financiero que sustenta toda la cadena narcotraficante. Sin el mercado consumidor, el negocio carecería de su principal incentivo económico. Esto supone que su sistema financiero procesa anualmente billones de dólares provenientes del narcotráfico.
El gobierno de Rodrigo Paz debe modificar leyes que institucionalizan la protección al narcotráfico y al terrorismo, se deben romper estructuras diseñadas para la protección del crimen, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad. Paz tiene la obligación de demostrar que la salida del fiscal no es para proteger entornos y salvar cabezas. Por lo pronto está obligado cambiar a sus ministros más cuestionados, de gobierno y de defensa.
Fernando Berríos Ayala es politólogo.
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