uando los tribunales y la justicia son independientes del gobierno electo, el Poder Judicial actúa como un baluarte de la democracia en contra de cualquier retroceso democrático. Sin embargo, la opinión generalizada sobre la justicia en nuestro país sostiene que el comportamiento del Poder Judicial normalmente se encarga de socavar la democracia. Obviamente hay múltiples y distintos tipos de comportamiento judicial que atentan contra la democracia que se inician desde cuando las instituciones encargadas de la selección de jueces concentran el poder en manos de un pequeño grupo, permiten la captura de los tribunales y un comportamiento judicial que perjudica la democracia. Lo paradójico sucede cuando actores ajenos al gobierno electo controlan los tribunales, el comportamiento del poder judicial puede ser independiente del gobierno, pero a la vez subversivo para la justicia, la paz y la democracia. Es lo que sucedió con el ahora exfiscal Róger El Chino Mariaca.
En mi columna “La legitimidad de la Fiscalía” que se publicó el 22 de marzo del presente año, yo señalaba y alertaba sobre el peligroso papel de la fiscalía en el ejercicio de sus funciones. No es un tema nuevo y que el gobierno no se diera cuenta, conocía perfectamente de las andanzas del “capo giudice corrupto” y sigo sosteniendo que su detención fue más por un necesario cálculo político que por un verdadero giro hacia la transformación de la justicia en el país. No otra cosa significó la “fiesta de bienvenida” (“saludo y reconocimiento protocolar por parte del presidente Rodrigo Paz Pereira en el Palacio Quemado”) que se le dio al nuevo Fiscal Interino, nada más desubicado y fuera de contexto. Por la importancia de los acontecimientos me permito volver a presentar mi columna, nunca estuvimos lejos de la verdad.
La legitimidad de la Fiscalía.
“A las 02:00 del viernes 13 de este mes (marzo), un equipo de élite de la Policía boliviana interviene dos viviendas en Santa Cruz, una de un equipo de seguridad y una segunda donde se encontraba el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, dormía plácidamente en su domicilio, después diría que no fue informado por la Policía y el Ministerio de Gobierno sobre el operativo. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció que el Ministerio Público no fue informado con el fin de evitar filtraciones de información. El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, explicó que dos factores resultaron clave para el éxito: la confidencialidad del operativo y el relevo de algunos funcionarios. O no se confía en Mariaca, o hay algo más.
El domingo 16 de marzo, el Gobierno informó que se ordenó una investigación ante las versiones de que se sustrajo objetos de valor de otra vivienda en las que se ocultaban Marset y sus cómplices. La Policía acudió a una quinta para una intervención en compañía de una fiscal de Santa Cruz, pero, la autoridad instruyó a los policías que no ingresen al inmueble, ordenó que se precinte el predio y no hizo el requerimiento correspondiente para que se deje personal policial de custodia. La fiscal dispuso que el personal policial se retire a otro operativo, en todo ese ínterin, otras personas llegaron al lugar y saquearon el bien inmueble. El fiscal general, Róger Mariaca, aclaró que el inmueble allanado en el marco de las investigaciones contra Sebastián Marset, ya había sido precintado con anterioridad en un proceso distinto por portación ilegal de arma de fuego. Es obvio que nadie le creyó.
El lunes 17 se conoció que fallos de dos jueces cautelares de Santa Cruz permitieron devolver cuantiosos bienes al narcotraficante Marset, patrimonios que habían sido incautados tras su fuga en julio de 2023. También se informó que el narcotraficante uruguayo tenía más de 10 cédulas de identidad, el Segip bien gracias y la Fiscalía mejor todavía.
Un avión chárter aterrizó el 29 de noviembre del pasado año en el aeropuerto internacional de Viru Viru de Santa Cruz, transportaba 32 maletas provenientes desde Estados Unidos. Hasta la fecha se desconoce el paradero y el contenido exacto de los equipajes, al menos seis personas se encuentran detenidas por este caso. El fiscal Mariaca precisó que el Ministerio Público tomó conocimiento formal del caso “narcomaletas” recién entre el 19 y 20 de enero de este año. La Fiscalía busca al acompañante de la exdiputada Laura Rojas involucrada en el caso, y, además, Mariaca afirma que "Se trabaja para dar con las maletas".
El acompañante de nombre Gabriel Guliano Leoni es un fantasma, nadie sabe quién es ni donde se encuentra, pero la justicia boliviana lo declaró en rebeldía, ordenando su aprehensión, arraigo y otras medidas legales tras su incomparecencia ante la autoridad jurisdiccional. ¿Parece una broma no? El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que la determinación fue asumida durante la audiencia cautelar, luego de que el imputado no se presentara. Esa celeridad asusta, todo parece estar mal.
Róger Mariaca remplaza desde octubre del 2024 al exfiscal Juan Lanchipa, quien en la última etapa de su labor estuvo marcada por el caso de trata y tráfico de personas y estupro contra Evo Morales, por acusaciones de proteger al expresidente y con demandas para su procesamiento. Se ha revelado que como parte de esa protección Juan Lanchipa había exigido a fiscales renunciar. Róger Mariaca vino con la responsabilidad de repensar el Ministerio Público y proyectar una nueva imagen institucional para cambiar el rumbo de la Fiscalía General, superar la pobre gestión de Juan Lanchipa que convirtió a la institución en una guillotina perfecta para liquidar a la oposición política, pero muy débil e incapaz para luchar efectivamente contra la delincuencia y el crimen organizado.
Este órgano constitucional autónomo tiene limitaciones en la persecución penal, se refleja en la retardación de justicia, en los altos índices de detención preventiva e impunidad. La obligación era mostrar resultados concretos si queremos frenar y revertir la descomposición en la que se encuentra el sistema judicial. Mariaca vino con la tarea de diseñar una reingeniería institucional y administrativa, fortalecer la carrera fiscal, evaluar al cuerpo de fiscales y hacer los cambios necesarios, introducir tecnología de punta, etc., etc.
El Ministerio Público o Fiscalía es un órgano constitucional, con autonomía funcional, administrativa y financiera, que tiene como función esencial ejercer la acción penal pública en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En esencia, debe convertirse en el garante de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las y los bolivianos. El Fiscal General fue elegido por la anterior Asamblea Legislativa, llego con la legalidad, pero no así con la legitimidad deseada, tiene la autoridad para luchar contra los abusos del poder, la corrupción generalizada, la violencia de género, evitar la impunidad y terminar con la persecución de la oposición y la judicialización de la política. No parece estar a la altura, peor si el propio Gobierno lo ningunea. "Yo agarro mi pelota y me voy.”
Fernando Berríos Ayala es politólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
