an pasado apenas días desde que el polvorín del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 "Bolívar" en Viacha decidió recordarnos, con la crudeza de una explosión que se sintió a más de un kilómetro de distancia, que el Ejército de Bolivia es, hoy por hoy, una casa de citas donde la disciplina es un recuerdo, el profesionalismo una anécdota y el honor, ese viejo concepto que alguna vez empuñaron nuestros soldados y mariscales, un chiste de mal gusto.
Nueve muertos, más de 80 heridos, desaparecidos cuyos nombres aún buscan sus familias entre los escombros. Y el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, hablando de "juegos pirotécnicos". Como si lo que hubiera estallado en Viacha fuera un castillo de fuegos artificiales y no granadas de artillería. Como si los cadetes que estaban allí, muchachos sin la experiencia ni la preparación necesaria, estuvieran en un curso de verano y no manipulando material bélico que, por su propia naturaleza, no perdona errores.
El vicepresidente Edmand Lara dijo con claridad que el ministro no tuvo: "No había sido juegos pirotécnicos como ha dicho el ministro de Defensa. Acá está hablando de material bélico, son granadas, munición, granadas de artillería que, por una mala manipulación, han detonado". Y luego remató: "Lamentablemente no dicen nada, no saben nada. Se tiran la pelota los unos a los otros. Es una vergüenza". Si bien, no soy partidario del vicepresidente, en algo sí tiene razón; es una vergüenza. Una gran vergüenza, sí. Pero no solo por lo que pasó en Viacha. Por lo que viene pasando hace años. Porque mientras los señores ministros y comandantes discuten si fue pólvora negra, boosters o granadas de guerra, mientras se agarran de los informes periciales como si eso fuera a devolverles la vida a los muertos, los cadetes y conscriptos siguen muriendo. Y no solo por explosiones. En los últimos veinte años, los cuarteles e institutos de formación militar en Bolivia han operado bajo una cultura de violencia institucionalizada donde más de 70 conscriptos y 19 militares han muerto en circunstancias que huelen a impunidad, demostrando que los cadetes más jóvenes siempre terminan pagando los platos rotos.
Amparados en la supuesta "formación del carácter", los instructores aplican castigos brutales como el jaripeo, como le ocurrió a Axel Villca, obligado a trapear el piso con su espalda antes de morir, o golpizas brutales grabadas en video en algunos regimientos. Este patrón de abuso no solo se camufla con informes forenses altamente cuestionables, atribuyendo a "ahogamiento" el cuerpo sin órganos de Javier Charcas en Pando, o a "neumonía" las severas lesiones y moretones del cadete Pablo Rebozo en la Anapol, sino que también se extiende a negligencias operativas extremas, como el trágico "salto de la muerte" en el Colegio Militar de La Paz, donde dos cadetes cayeron al vacío desde más de veinte metros tras ser presionados a saltar sin las medidas mínimas de seguridad.
El verdadero núcleo de esta crisis radica en un mecanismo de encubrimiento institucional y pacto de silencio que, sumado a las amenazas y al desgaste judicial que sufren las familias de origen humilde, consolida una impunidad estructural donde menos del 5% de estos fallecimientos violentos llega a obtener una sentencia condenatoria firme. No son casos aislados. Son un patrón. Este patrón no es fruto del azar ni de la mala suerte. Es el síntoma de una podredumbre que viene de lejos, de una institución que nació con el pie torcido y que, en lugar de enderezarse, aprendió a cojear con elegancia. Porque la historia militar de Bolivia es un relato de luces que apenas iluminan y de sombras tan vastas que parecen abismos.
Tuvimos, sí, momentos de grandeza. El mariscal Andrés de Santa Cruz, que asumió la presidencia en 1829, no solo pacificó el país y reestructuró las finanzas, sino que soñó con convertir a Bolivia en la Macedonia de América del Sur, creando un Ejército semiprofesional y fundando el Colegio Militar, la cuna de nuestros oficiales. Santa Cruz fue un estadista que entendió que, sin un ejército fuerte y leal a la nación, no hay patria que valga, y estuvo a punto de forjar un imperio andino que, de haber cuajado, habría cambiado la historia del continente, y muy probablemente estaría en el panteón de los grandes líderes como Napoleón, Alejandro Magno, Julio Cesar, etc. A su lado, Otto Philipp Braun, el alemán nacionalizado boliviano que fue ministro de Guerra de la Confederación Perú-Boliviana, humilló a los argentinos en Montenegro con un Ejército muchísimo menor, demostrando que la inteligencia táctica y el coraje pueden más que los números.
Y el general José Ballivián, que, en 1841, en los campos de Ingavi, derrotó al Ejército peruano de Gamarra y nos dio lo que con justicia llamamos la "segunda independencia", una victoria que todavía debería llenarnos de orgullo si supiéramos recordarla. Tuvimos también, durante la Guerra del Chaco, a Bernardino Bilbao Rioja, el hombre que en Cañada Strongest, con una astucia y un coraje que rayaban en lo legendario, cambió el fracaso por la victoria, la adversidad por la gloria, y que practicó el arte de ser "mañudo" hasta el último hombre, haciendo de la desesperación una estrategia.
Tuvimos a Hans Kundt, el general prusiano que llegó en 1911 presidiendo la Misión Alemana de adiestramiento, que inició la reorganización del ejército según el modelo prusiano, un hombre que, al contrario de la mayoría, se preocupaba por la instrucción de sus soldados y por el bienestar de sus tropas.
Y tuvimos a José Leonardo Lanza, uno de los pocos oficiales íntegros y verdaderamente profesionales. Un hombre que, si no hubiera sido marginado por la mediocridad de sus colegas, y si el "Corralito de Villamontes" no hubiera puesto a Toro, Busch y a Peñaranda en el poder, hoy quizás la frontera boliviana estaría a las puertas de Asunción. Esas son nuestras luces. Breves, intermitentes, pero reales.
Hombres que entendieron el honor y el profesionalismo como un credo, no como una condecoración. Pero junto a ellas, las sombras. La misma Guerra del Chaco que consagró a Bilbao Rioja y a Lanza también exhibió lo peor de nuestra oficialidad: una logística lamentable, una organización caótica y una oficialidad que, en lugar de profesionalismo, demostró ambición, torpeza y una incapacidad criminal que costó decenas de miles de vidas.
Antes, ya habíamos hecho el ridículo en la Guerra del Pacífico, donde nuestra incapacidad para defender el litoral nos costó la salida al mar, y en la Guerra del Acre, donde la desorganización y la falta de previsión nos llevaron a perder territorios que hoy duelen. De la Guerra del Chaco salieron los caudillos modernos que convirtieron los cuarteles en trampolines para el poder: los coroneles que se creyeron estadistas, los dictadores que se apoderaron del gobierno y lo usaron como botín.
Y luego vinieron las décadas de dictaduras militares, donde los uniformados, en vez de defender al pueblo boliviano, lo persiguieron, lo torturaron y lo asesinaron. Los que debían ser guardianes de la patria se convirtieron en verdugos de su propio pueblo.
Y más recientemente, con el periodo masista, llegó la desinstitucionalización definitiva: los ascensos se dieron a dedazo, los nombramientos se definieron por lealtad al partido y no por capacidad profesional, y los pocos oficiales competentes fueron relegados al ostracismo mientras los mediocres ascendían porque sabían a quién aplaudir. La ideologización, el clientelismo y la corrupción hicieron el resto. Y así, una y otra vez, los cuarteles se convirtieron en factorías de caudillos, no de profesionales.
Porque cuando las muertes se convierten en estadísticas, cuando los informes forenses se amoldan a la versión oficial, cuando las familias humildes se enfrentan solas al monstruo, lo que está en juego no es solo la vida de unos muchachos. Está en juego la credibilidad de unas Fuerzas Armadas que, hace décadas, debieron ser el orgullo de la nación y se han convertido en su vergüenza. Y esa vergüenza tiene nombre y apellido: se llama politización, se llama clientelismo, se llama ideologización. Y en medio de todo esto, los cadetes.
Los pobres cadetes que no tienen la culpa de nada, que entran al cuartel con la ilusión de servir a su patria (o muchas veces obligados), y se encuentran con un sistema que los usa como carne de cañón. Los que son golpeados, torturados, humillados. Los que mueren por negligencia de sus superiores. Los que, si sobreviven, salen con el cuerpo marcado y el alma rota.
Y los ciudadanos, que pagan con sus impuestos esta farsa, que ven cómo sus hijos son devorados por una institución que no cumple su función, que han perdido la confianza en unas Fuerzas Armadas que debían protegerlos y que, en cambio, se han convertido en un peligro para sus propios soldados. ¿Qué dirían los mariscales del pasado al ver esto? ¿Qué diría Santa Cruz al ver que sus herederos no saben manipular armamento bélico sin matarse entre ellos? ¿Qué diría Otto Philipp Braun, al ver que el ministro de defensa evade y da excusas y no hace nada? ¿Qué diría Hans Kundt, al ver que la institución es hoy un cascarón vacío donde los pocos capaces son relegados y los incompetentes mandan? ¿Qué diría el mariscal José Ballivián al ver que hoy los soldados mueren no en combate, sino por negligencia de sus propios superiores? Se revolverían en sus tumbas. Y con razón.
Porque el Ejército boliviano no necesita más discursos ni más parches. Necesita una reforma estructural. Necesita volver a ser lo que alguna vez fue: un ejército técnico, profesional y disciplinado. Un ejército al estilo prusiano, no en lo militar, sino en lo que ese modelo representa: disciplina férrea, profesionalismo intachable y honor inquebrantable. Eso implica, en primer lugar, depurar la institución. Sacar a los malos oficiales, a los que llegaron por cuota política y no por capacidad. Poner fin a la ideologización. Que los ascensos vuelvan a ser por mérito, no por lealtad. Implica, en segundo lugar, profesionalizar al cuerpo de oficiales. Que los oficiales y suboficiales accedan a formación universitaria en áreas como ingeniería, logística y administración. Que sepan lo que hacen. Que no pongan a cadetes sin experiencia a manipular material bélico. Implica, en tercer lugar, revisar el servicio militar obligatorio.
Porque si el Ejército no es capaz de garantizar la integridad física de los jóvenes que le confía la nación, entonces no vale la pena mantenerlo. Si el cuartel es una trampa mortal, que no sea obligatorio caer en ella. Implica, en cuarto lugar, independencia judicial. Que los tribunales castiguen a los responsables, sin importar su rango ni su padrino político. Que la justicia militar no sea un chiste de mal gusto. El 4 de septiembre de 2026, en Viacha, no solo explotó material bélico.
Explotó la credibilidad de una institución que, hace décadas, inspiraba respeto. Explotó la confianza de los bolivianos en sus Fuerzas Armadas. Y lo que quedó, entre los escombros, no son solo cuerpos calcinados. Es la imagen de un Ejército que ha perdido el rumbo, que ha olvidado su misión, que se ha convertido en lo que nunca debió ser: un peligro para sus propios soldados.
El ministro Justiniano tiene 30 preguntas que responder ante la Asamblea. Pero no alcanza con interpelar a un ministro. Hay que interpelar a todo el sistema. Hay que preguntarle al Estado mayor, a los comandantes, a los políticos que durante años miraron para otro lado mientras los cadetes morían. Porque el Ejército boliviano no es un problema del ministro de turno. Es un problema de todos. Y si no lo resolvemos ahora, si seguimos permitiendo que la mediocridad y la impunidad campen a sus anchas, entonces no nos quejemos cuando la historia nos juzgue y nos encuentre faltos. Los mariscales del pasado supieron construir un ejército con honor. Nosotros, los del presente, estamos demostrando que no sabemos ni siquiera mantenerlo.
Francisco Méndez Manzaneda estudia Relaciones y Negocios Internacionales.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
