an pasado cincuenta días de bloqueos, de carreteras partidas, de desabastecimiento y de un país que se mira en el espejo y no se reconoce. Por culpa de la ignorancia, de los idiotas útiles y de quienes usaron a la gente para desestabilizar a un gobierno electo, Bolivia casi se asfixia. Gracias a Dios, el estado de excepción ya no es un rumor ni una amenaza: está decretado, está corriendo, y el país entero contiene la respiración mientras se decide si este recurso será el principio de la solución o el prólogo de otro fracaso con charreteras. Porque aquí nadie sensato discute ya si hacía falta; lo que se discute es si quien lo empuña sabrá usarlo sin cortarse los dedos.
Lo digo sin vueltas: defiendo el estado de sitio. La fuerza no es buena ni mala; es una herramienta. Y como toda herramienta, su valor depende de la cabeza que la empuña. Nunca es tarde para que rija el estado de derecho. Pero mientras tanto, reordenar este Estado exige un pulso que la historia boliviana ya midió en otras épocas, con resultados que conviene repasar sin histeria.
Claro que la historia está llena de ineptos que confundieron el estado de sitio con un cheque en blanco. Ahí está García Meza en 1980, usando la suspensión de garantías para blindar a sus compinches narcos; un remedo de orden que solo ordenaba el saqueo. El caso más didáctico, por su trágica paradoja es el de Gonzalo Sánchez de Lozada. En 2003, Goni enfrentó una convulsión social que pedía a gritos un marco de autoridad, un paraguas legal que le permitiera contener sin desbocarse. ¿Y qué hizo? Se negó a decretar el estado de sitio cuando el país se lo exigía, cuando incluso sus aliados le rogaban un gesto de firmeza institucional. Prefirió gobernar con el vacío legal y la ocurrencia del momento, hasta que la presión le reventó en las manos y terminó masacrando en El Alto sin el blindaje jurídico ni político que un estado de sitio bien ejecutado le habría dado.
Pero Bolivia también guarda ejemplos que incomodan a los que satanizan toda medida de fuerza. En 1967, con la guerrilla del Che Guevara buscando retaguardia en las protestas sociales, René Barrientos decretó estado de sitio. No para masacrar sindicatos, sino para aislar la insurgencia sin regalarle el combustible civil que necesitaba. Contuvo, desactivó, y evitó que Bolivia se convirtiera en un Vietnam andino.
Más cerca todavía, en 1990, Jaime Paz Zamora enfrentó una marcha minera que amenazaba con tumbar su política económica. Decretó estado de sitio, arrestó a los dirigentes, los trasladó a tierras alejadas, los puso a trabajar mientras las aguas bajaban y luego los liberó. Cero muertos. Cero mártires para la narrativa opositora. La medida fue un mensaje de autoridad que combinó firmeza con cintura: fuerza que no se desbocó, negociación que no se rindió.
Hoy, el presidente Rodrigo Paz Pereira tiene la mesa puesta por la crisis. Los cincuenta días de bloqueos no fueron un ensayo: fueron el ultimátum que la realidad le puso sobre el escritorio. Tiene en su propia biografía el ejemplo de un estado de sitio que funcionó sin disparar un tiro al pueblo. Nunca es tarde para que rija el imperio de la ley. Pero mientras tanto, que al menos rija el imperio de la sensatez. Porque el estado de sitio no es el monstruo que nos contaron de niños; es el espejo del que lo decreta. Y Bolivia ya aprendió a distinguir entre el que reordena y el que revienta.
La pregunta que quedará flotando en la memoria de estos días es si de verdad era necesario hacer padecer a la población y a la economía cincuenta días por la demonización de una herramienta que, en otras manos, supo poner orden.
Francisco Méndez Manzaneda estudia Relaciones y Negocios Internacionales.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
