a política exterior no es un lujo de países ricos ni un pasatiempo de diplomáticos con ínfulas de aristocracia. Es, en su sentido más descarnado, la primera línea de defensa de una nación cuando todo lo demás se derrumba. En tiempos de crisis —y Bolivia los conoce como pocos—, la cancillería debería ser el cuarto de máquinas donde se bombea oxígeno a una economía asfixiada, se tejen alianzas que sustituyan la parálisis interna y se proyecta una imagen de seriedad que compense el carnaval de despropósitos del patio trasero político.
Sin embargo, entre nosotros, la política exterior ha sido casi siempre la última rueda del coche: un espacio para el discurso sentimental, el reparto de embajadas entre compadres y la declamación de principios que jamás aterrizan en un contrato, una inversión o un voto útil en un foro multilateral. Imagínese el lector, entonces, el paisaje: tormenta, tripulación a machetazos en cubierta, capitán encerrado en su camarote revisando encuestas, y los vigías —oh, esos vigías— nombrados por dedocracia partidaria. Eso, en esencia, es la política exterior boliviana hoy: un ejercicio de navegación imposible donde el canciller —el único que parece haber leído un manual de náutica— se desloma remando mientras el gobierno y el MAS se ocupan de mantener y repartir embajadas entre su militancia como si fueran propinas de fin de año. La pregunta no es si el barco llegará a puerto; la pregunta es cómo diablos sigue a flote.
Hoy, mientras el gabinete se desangra en una guerra de facciones que ya ni disimula, hay un ministro que parece haber entendido esa verdad elemental. No diré que el canciller Aramayo sea un estadista de esos que moldean épocas —la historia no se escribe con adjetivos apresurados—, pero en un gobierno donde la toma de decisiones se ha convertido en una gimnasia de alto riesgo, este hombre ha optado por tomarlas. Mientras otros se esconden tras el tuit incendiario o la declaración ambigua, él negocia, amarra, destraba y resuelve. Y lo hace con la discreción de quien sabe que en Bolivia la visibilidad suele ser inversamente proporcional a la eficacia. No es un héroe ni pretendo pintarlo como tal; es, simplemente, una anomalía: un profesional destacado que hace su trabajo en un Estado que ha dejado de funcionar.
Conviene preguntarse, entonces, cómo llegamos a este punto en que la normalidad administrativa parece una proeza. La respuesta, como casi siempre, está en nuestra historia diplomática, ese museo de ocasiones perdidas que se inauguró con una doctrina que aún hoy muchos evocan con una mezcla de nostalgia y devoción: la Doctrina Ostria Gutiérrez. Formulada por el canciller Alberto Ostria Gutiérrez y puesta en marcha en la década de 1950, esta doctrina descansaba sobre tres pilares fundamentales: la reivindicación marítima como eje inquebrantable de la política exterior, el alineamiento con Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, y un americanismo de principios que buscaba proyectar a Bolivia como un actor respetuoso del derecho internacional.
Hay que ser justos antes de ser implacables. Aquella doctrina tuvo, en su momento, el mérito de intentar ordenar una cancillería caótica alrededor de un interés nacional mínimamente definido, algo que ya era mucho pedir en la Bolivia de mediados del siglo XX. Le dio al país una narrativa cohesionada sobre la mediterraneidad y una vocación americanista que, en el contexto de la posguerra, no carecía de sentido. Pero su talón de Aquiles fue siempre el mismo: confundió el interés nacional con la administración perpetua del agravio, y sacrificó la flexibilidad en el altar de la intransigencia retórica. Al convertir la mediterraneidad en el único prisma para mirar el mundo, limitó la capacidad del país para diversificar alianzas, aprovechar oportunidades comerciales y adaptarse a un tablero global que cambiaba a toda velocidad. Fue una doctrina para administrar la frustración, no para construir capacidades. Mientras Ostria Gutiérrez escribía sus memorias, Chile nos facturaba el transporte, Brasil nos absorbía sin resistencia y el mundo armaba el tablero de la globalización sin que Bolivia tuviera una sola pieza en juego. Aquella doctrina, con todo y sus aciertos fundacionales, dejó de representar los intereses nacionales hace décadas, y prácticamente se convirtió en una momia venerable y representa, en todo caso, la neurosis de una élite diplomática que prefirió el lamento a la estrategia.
De aquella herencia melancólica pasamos, sin escalas, al vértigo ideológico del siglo XXI. La política exterior se convirtió en una extensión del marketing presidencial, poblada de discursos inflamados, alianzas con países que jamás nos comprarían un quintal de soya y un desdén olímpico por la diplomacia económica. La cancillería se redujo a oficina de prensa de la ideología de turno, con diplomáticos formados en la Escuela de la Lealtad Canina. Y así nos fue. Ahora, la pregunta es cómo estos pseudo representantes de Bolivia siguen en sus funciones y siendo el rostro de Bolivia en el mundo.
Mientras tanto, el mundo no se detenía a contemplar nuestras tragedias. Konrad Adenauer, sobre los escombros humeantes de la Alemania de 1945, no se puso a recitar versos sobre la grandeza prusiana: amarró a su país a Occidente con pragmatismo férreo, priorizó la reconstrucción económica y sembró las bases para que una nación moralmente en bancarrota volviera a ser actor imprescindible. No había romanticismo en su Westbindung; había cálculo, paciencia y una visión de largo plazo. Lee Kuan Yew, en una isla sin recursos que muchos condenaban al fracaso, aplicó una doctrina tan simple como brutal: la política exterior es la extensión del interés económico nacional, y todo lo demás es accesorio. Puso a sus diplomáticos a vender el país como si fuera un producto. Y funcionó.
Estos dos ejemplos no son meras anécdotas edificantes; son la encarnación de una escuela de pensamiento que Bolivia ha ignorado sistemáticamente. Henry Kissinger, el gran arquitecto de la realpolitik estadounidense, nos legó una máxima que debería grabarse en cada pared de la cancillería paceña: “La política exterior no es misionerismo; es la defensa del interés nacional en un mundo de competidores”. Hans Morgenthau, el padre del realismo moderno, ya había advertido que las naciones que confunden sus deseos con sus capacidades están condenadas a la irrelevancia. Karl Haushofer, con todas las sombras que carga su geopolítica, entendió algo que sigue siendo cierto: el espacio no es un escenario pasivo; es un activo o una condena según se le administre. Y, más acá en el tiempo, Joseph Nye nos enseñó que el poder no se mide solo en cañones y gasoductos, sino en la capacidad de seducir, de generar atracción, de construir un relato que otros quieran comprar. El soft power, en su formulación más pragmática, no es un adorno para países ricos: es una herramienta de supervivencia para países pequeños que necesitan multiplicar su influencia sin gastar un centavo que no tienen.
Ese arsenal teórico —Kissinger, Morgenthau, Haushofer, Nye— parece letra muerta en Bolivia. Y, sin embargo, cuando uno observa al actual canciller moverse entre las ruinas del gabinete, detecta destellos de que esas lecciones no han sido del todo olvidadas. Sin aspavientos, ha logrado lo que parecía imposible en un gobierno con pies de barro: mantener abiertos canales de diálogo con Brasil mientras se destrababa el comercio fronterizo y se coordinaba la hidrovía Paraguay-Paraná; firmar acuerdos de complementación energética con una Argentina sumida en su propio caos cambiario; con Chile, ha sabido mantener una mesa de cooperación en narcotráfico y comercio que avanza a paso lento pero sin estridencias, evadiendo la tentación de convertir cada encuentro en un mitin sobre el Litoral cautivo; y ha conservado con Washington una relación funcional que no hostiga pero tampoco mendiga, en un momento en que la cooperación antidroga y los programas de desarrollo penden de un hilo en toda la región. No son gestas heroicas; son victorias de trinchera, de esas que no merecen titulares, pero mantienen la cafetera estatal encendida mientras el resto del Ejecutivo se dedica a la pirotecnia.
Pero aquí llega el verdadero nudo de la tragicomedia. Mientras el canciller se parte el lomo remando, ¿quiénes ocupan las sillas de nuestras embajadas en el exterior? La respuesta es tan previsible como bochornosa: un batallón de militantes del MAS, reciclados de derrotas electorales y puestos a dedo como premio de consolación o pago de lealtades. Ahí están, repartidos por el mundo, embajadores cuyo principal mérito no es conocer de derecho internacional, negociación comercial o análisis geopolítico, sino haber militado en la guerra de facciones correcta. El canciller, atenazado entre la necesidad de mostrar resultados y la realidad de un servicio exterior lastrado por la cuota partidaria, libra una batalla silenciosa que pocos ven: intenta profesionalizar lo que puede, resistir los nombramientos más grotescos, y sacar adelante una agenda de Estado con representantes que a menudo no representan al Estado sino a su facción.
Porque ahí reside el nudo de todo: en la formación de quienes nos representan. No es admisible que un país que aspira a tener una política exterior de Estado mantenga una academia diplomática que parece más un club social que un centro de pensamiento estratégico. Es por eso, que, se necesita una academia que enseñe a negociar contratos, a atraer inversiones, a construir narrativas que posicionen al país como un socio confiable y no como un pedigüeño crónico. El multilateralismo, tan declamado, debería dejar de ser un saludo a la bandera para convertirse en una herramienta de soft power pragmático: votar con inteligencia en la ONU y la OEA no para satisfacer al caudillo de turno, sino para tejer una red de alianzas que nos proteja cuando vengan las vacas flacas. La defensa de la democracia y los derechos humanos, en ese esquema, no es un lujo moral: es un activo reputacional que genera confianza, atrae cooperación y nos diferencia de regímenes que espantan inversiones.
El país lleva demasiado tiempo discutiendo si la cancillería debe ser “de los movimientos sociales” o “de la derecha vendepatria”, mientras el mundo se mueve con reglas que ignoramos alegremente. Es hora de una nueva política exterior pragmática que se formule de una vez como doctrina de Estado, con directrices escritas, evaluables y perdurables. Es hora de una nueva política exterior pragmática que se formule, de una vez, como doctrina de Estado bajo diez directrices fundamentales:
1. Interés nacional definido en términos de desarrollo económico y bienestar. Sin eso, toda “soberanía” es un cuento para tardes de café.
2. Continuidad institucional. Los lineamientos maestros no pueden cambiar con cada presidente. La Cancillería debe ser una tecnocracia de élite, no un botín de guerra.
3. Diversificación pragmática de alianzas. Ni satélites de nadie ni enemigos profesionales de nadie. Relaciones simultáneas con China, EE.UU., Europa y los vecinos, maximizando beneficios concretos.
4. Diplomacia económica como prioridad. Cada embajada debe ser una agencia de atracción de inversiones, promoción de exportaciones y transferencia tecnológica. El resto es literatura.
5. Solución del enclaustramiento marítimo con realismo. Reclamar sin pausa, pero negociar con inteligencia: corredores, facilidades portuarias, tarifas preferenciales, mientras se construye una red de salidas soberanas por el Atlántico y el Pacífico con socios confiables.
6. Defensa de la democracia y los derechos humanos como activo reputacional. No como bandera de ocasión, sino como estándar sostenido que genera confianza y atrae cooperación.
7. Profesionalización del servicio exterior. Concursos de méritos, rotación controlada, evaluación de resultados. Basta de nombramientos por cuota partidaria.
8. Inteligencia geopolítica. Unidad de análisis estratégico que alimente decisiones con datos y prospectiva, no con intuiciones de pasillo.
9. Integración regional sin ingenuidad. Aprovechar la geografía, pero sin diluir la capacidad de decisión autónoma en mecanismos que sólo funcionan en los discursos.
10. Política de comunicación exterior moderna. Dejar de hablarle solo a la hinchada y aprender a disputar el relato en los escenarios donde se forma la opinión global.
Estos diez puntos no son ocurrencia de un veinteañero que quiere hacerse el viejo periodista; son el sentido común que respira Adenauer en cada autopista alemana y que susurra Lee Kuan Yew en cada rascacielos de Singapur. Son, además, la única tabla de salvación para un país que se cansó de ser el hazmerreír diplomático de la región. La aparente excepción que hoy representa el canciller —su mera capacidad de tomar decisiones y hacer su trabajo en un entorno hostil— debería ser la regla. Pero para que eso suceda, necesitamos menos mesianismos y más “hacedores”. Menos cancilleres que duran lo que un suspiro y más política exterior que dure generaciones.
Ahora, mientras las embajadas sigan siendo el botín de guerra del partido de turno, mientras la academia diplomática forme aduladores en vez de estrategas, y mientras el país siga creyendo que la política exterior es un escenario para el desahogo emocional, ningún canciller —por hábil que sea— podrá hacer otra cosa que administrar la decadencia con dignidad. La pregunta no es si este canciller logrará mantener el barco a flote, sino si Bolivia está dispuesta a construir, de una vez, una política exterior que no se hunda cada cinco años.
Francisco Méndez Manzaneda estudia Relaciones y Negocios Internacionales.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
