in la anestesia del gradualismo y con un mensajero que estuvo recientemente en el centro de una polémica por corrupción, el Gobierno decidió finalmente avanzar en una de las medidas económicas más difíciles y, al mismo tiempo, más previsibles de su gestión: la eliminación del subsidio al diésel.
El problema no es solamente la medida. Es, sobre todo, el momento. La subvención a los combustibles estaba desde hace tiempo en el centro de la discusión económica, sobre todo por la relación establecida entre precios subsidiados, contrabando, presión fiscal y dificultades de abastecimiento.
A principios de año, después de varios días de conflicto, el gobierno y la Central Obrera Boliviana llegaron incluso a un acuerdo que dejó en pie la eliminación de la subvención a los carburantes, aunque obligó a revisar otros aspectos del Decreto Supremo 5503.
Las mayores objeciones al 5503 no estuvieron centradas solo en los combustibles. El decreto, presentado por el gobierno como una pieza central de su nuevo modelo económico, despertó resistencia por la amplitud de las facultades que pretendía ejercer el Ejecutivo y por disposiciones vinculadas a inversión, regulación económica y administración estatal.
En el fondo, el gobierno intentó avanzar por la vía rápida en transformaciones que, por su profundidad, requerían una construcción política mucho más amplia. La prisa por definir una identidad económica convivió, paradójicamente, con la demora en tomar algunas de las decisiones más importantes. El gobierno dio por hecho que la coincidencia ideológica con otras fuerzas políticas sería suficiente para garantizar su respaldo y subestimó la necesidad de socializar, negociar y construir consensos alrededor de reformas que inevitablemente tendrían costos sociales.
La diferencia con el escenario actual es muy grande. Durante los primeros meses de su gestión, Paz disponía de un capital político considerable. En enero, una encuesta de Ipsos CIESMORI revelaba una aprobación del 65% en el eje troncal. En agosto, esa cifra había caído al 21%, mientras la desaprobación alcanzaba el 65%. Entre quienes desaprobaban su gestión, la percepción de corrupción se insinuaba como un factor determinante.
Es decir, el gobierno dejó pasar el momento en que tenía mayor respaldo para asumir el costo de las decisiones difíciles y terminó adoptándolas cuando su autoridad política estaba considerablemente erosionada.
Ese cambio de escenario es clave. Una medida de ajuste aplicada por un gobierno con respaldo, credibilidad y capacidad de convocatoria no enfrenta las mismas condiciones que una decisión idéntica adoptada por una administración cuestionada y asediada por denuncias de corrupción no aclaradas. La eliminación del subsidio al diésel, anunciada ahora en el marco del programa económico acordado con el FMI, llega precisamente en este segundo escenario.
La paradoja es que buena parte del deterioro no parece explicarse solamente por el costo de las reformas, sino también por la demora en encararlas y por otros episodios que fueron consumiendo el capital político acumulado al inicio.
El gobierno vaciló durante meses antes de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras persistían la fragilidad de las reservas, las tensiones cambiarias y las dificultades para normalizar la devolución de los dólares. Al mismo tiempo, quedaron pendientes reformas legales de fondo en sectores estratégicos como hidrocarburos y minería.
Paz tenía al comienzo algo que pocos gobiernos reciben: tiempo, expectativa, respaldo ciudadano y condiciones políticas favorables para explicar que la magnitud de la crisis exigía decisiones extraordinarias y de fondo. Ese era probablemente el momento para presentar un programa integral, negociar sus costos, construir acuerdos y pedirle al país un esfuerzo.
No lo hizo entonces y ahora debe intentar casi lo mismo, pero con menos capital político. La diferencia no es menor: el ajuste no llega únicamente sin la anestesia del gradualismo, sino que lo hace cuando la confianza en quien debe administrarlo se ha deteriorado y cuando cualquier sacrificio que se pida a la gente corre el riesgo de pasar por el filtro de una acentuada suspicacia motivada por la corrupción y la desconfianza.
Tal vez esa sea una de las oportunidades más costosas que dejó pasar el Gobierno: haber tenido las condiciones políticas para hacer lo difícil cuando todavía podía explicar por qué era necesario y terminar haciéndolo cuando primero debe convencer a la sociedad de que todavía conserva la autoridad para hacerlo.
Hernán Terrazas Ergueta es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
