l presidente Rodrigo Paz metió a Papá Noel en el lío de los audios que sacude a su gobierno y que toca de cerca a su familia. En su afán de restar importancia al contenido de las grabaciones difundidas a través de las redes sociales, el mandatario dijo que en cualquier momento surgiría “un audio de Papá Noel y alguien más”.
El problema es que la Navidad todavía está lejos y el escándalo parece demasiado grande como para minimizarlo con frases ingeniosas o, peor aún, con bromas que generan más rabia que risa. Sobre todo, cuando las últimas grabaciones sugieren la existencia de grupos que estarían disputándose el control de áreas estratégicas del Estado.
Paz pone en riesgo su ya debilitada credibilidad al intentar pasar por alto denuncias que presuntamente involucran a su esposa, María Elena Urquidi, a su exasesor, Fernando Cerimedo, y a varios de sus colaboradores más cercanos. Las conversaciones sugieren que algunos de ellos habrían confundido la gestión pública con los negocios particulares y las instituciones del Estado con un botín político.
Los diálogos, cuya autenticidad no ha sido puesta en duda, ya no se limitan a temas políticos o cambios de autoridades, como ocurrió en un principio. Ahora plantean asuntos más delicados: la posible participación de personas sin atribuciones formales en decisiones sobre contratos, recursos públicos y nombramientos dentro de empresas estatales.
Se habla, por ejemplo, de negocios relacionados con la comercialización de urea, de designaciones de ejecutivos en YPFB, de disputas entre ministros y hasta de cadenas de mando “alternativas”, supuestamente organizadas para controlar las dependencias que manejan más “platita” o influir sobre las decisiones oficiales.
No se trata, por tanto, de simples conversaciones privadas ni de disputas entre personas cercanas al poder. Lo que corresponde esclarecer es si existieron mecanismos informales de influencia sobre la administración pública y si algunas decisiones fueron adoptadas para favorecer intereses particulares. Esa es la cuestión de fondo que el gobierno no puede eludir.
Pese a que existe suficiente materia para investigar, hasta la fecha no se conocen resultados concretos que permitan esclarecer los hechos. Del nuevo fiscal general, de quien se esperaba una actuación más independiente y eficaz, tampoco han surgido señales públicas suficientemente claras. Es más, da la impresión de que existe mayor interés en descubrir quién filtró las grabaciones que en investigar su contenido.
En la lógica del gobierno, todo formaría parte de una campaña de desestabilización, una supuesta venganza por los éxitos conseguidos en la lucha contra el “narcoterrorismo”, entre otras hipótesis. Pero no todo puede reducirse a la explicación de que “nos atacan los malos”, como si cualquier cuestionamiento al poder pudiera descalificarse por su origen, sin atender a los hechos que revela.
La lucha contra el crimen organizado es una obligación del Estado. Pero esa tarea no puede convertirse en una excusa para ignorar posibles irregularidades dentro del propio gobierno. No basta con perseguir a las mafias vinculadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro o el contrabando. También corresponde investigar la existencia de posibles redes de intereses que, amparadas en su cercanía al poder, actúan lejos de la ley y peligrosamente cerca del “bolsillo público”.
La corrupción no es un “chiste” y el presidente haría bien en no jugar con la paciencia de la gente. Tampoco en dar tantos rodeos o llevar al terreno de la ficción asuntos que merecen respuestas concretas. Porque, a fin de cuentas, hasta en las leyendas navideñas, el buen Papá Noel sabe distinguir entre los chicos que se portaron bien y aquellos que merecen quedarse sin regalo.
Hernán Terrazas Ergueta es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
