o se trata de defender ni condenar a nadie, pero están sucediendo cosas raras. A un asambleísta se lo detuvo recientemente por un exabrupto, la propuesta de “fusilar a los corruptos”, y otro fue alejado de su partido por una conversación telefónica con el exasesor presidencial Fernando Cerimedo, en la que también se habla de la “muerte” como el eventual costo político que habría que asumir para asegurar la continuidad del Gobierno en medio de los bloqueos de mayo.
En el caso del dirigente Nilton Condori, la respuesta oficial a los excesos verbales del exsenador de Unidad parece también un exceso judicial, que termina por alimentar la estrategia gubernamental de dividir al país entre los “buenos” —los que apoyan al gobierno— y los “narcoterroristas”, aquellos que supuestamente buscan su desestabilización.
La figura jurídica que justifica la detención de Condori es la “instigación” a delinquir, un extremo que, por cierto, no parece aplicarse con el mismo rigor en el caso de Cerimedo, quien, en un audio cuya autenticidad habría sido verificada, prácticamente habló de “matar o morir” en el manejo de las protestas. Al primero se lo mide con la vara del “enemigo” y al segundo, como ya está detenido, por alguna razón no se le añade un nuevo cargo a su voluminosa cuenta judicial.
En el caso del asambleísta de Unidad, el partido decidió zanjar rápidamente el asunto con su expulsión, sobre todo porque no existía justificación alguna para un contacto por lo menos sospechoso con el asesor argentino, de espaldas a las determinaciones internas de su propia organización política.
Pero hay más. Hace poco se divulgó otro audio, también sometido a procedimientos de verificación, en el que el ministro de Obras, Mauricio Zamora, habría comprometido ante Fernando Cerimedo la entrega de una importante suma de dinero, 9 millones de bolivianos, “en verdes”, para financiar el operativo destinado a detener a Evo Morales en el Chapare.
Curiosamente, a pesar de los elementos que apuntan a la autenticidad del audio, a nadie, mucho menos en el gobierno, parece habérsele ocurrido pedir explicaciones a Zamora sobre el origen de ese dinero. ¿Su propia plata, un fondito especial de origen dudoso, gastos “de representación represiva”? ¿De dónde saldrían esos recursos y quién habría autorizado su utilización?
Y no solo eso, porque queda otro dato para la alarma: ¿quién convirtió a Cerimedo en una suerte de agente de inteligencia del Estado, con atribuciones para intervenir en la planificación de la detención de un adversario político y comunicarse directamente con ministros, casi como si fueran sus subalternos, para solicitar apoyo económico? ¿Quién le otorgó semejante autoridad y ante quién respondía por sus actuaciones?
Nada sobre el tema, salvo una declaración, pretendidamente jocosa, en la que el ministro afirma que los audios “son una chacota” y “falsos”, pese a los elementos que apuntan a su autenticidad. Una manera demasiado sencilla de dar vuelta a una página sospechosa, que plantea serios interrogantes sobre el manejo del poder, el origen de los recursos y las atribuciones de un asesor que aparentemente actuaba como si fuera una autoridad del Estado.
Al final, el problema no son solo los audios, sino lo que revelan las reacciones frente a ellos. En unos casos, pruebas y evidencias suficientes para tomar decisiones políticas —eso hizo Unidad—. En otros, solo una “chacota” que, a pesar de la gravedad de lo revelado, no merece mayores explicaciones. Una diferencia difícil de justificar y todavía más difícil de explicar sin abordar la responsabilidad política del propio presidente Paz.
La historia de los audios no ha concluido. Queda todavía mucho por aclarar y, eventualmente, incluso algunas cabezas que podrían caer, aunque algunos se lo tomen “a risa” y otros prefieran mirar hacia otro lado: el crimen organizado, por ejemplo, para intentar “cambiar de tema”.
Hernán Terrazas Ergueta es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
