olivia vivió durante casi dos décadas una ficción colectiva particularmente seductora: la de que la clase media era una conquista irreversible. El gas, el crédito barato, el dólar controlado, el comercio urbano y el consumo masivo crearon la impresión de que miles de familias habían escalado definitivamente hacia la estabilidad. El discurso oficial celebró ese ascenso como una proeza histórica; los bancos lo convirtieron en negocio; la política lo usó como botín electoral. Pero la crisis actual -escasez de divisas, desabastecimiento, inflación, deterioro fiscal y agotamiento del modelo extractivista- ha revelado algo preocupante: buena parte de esa clase media no era una clase consolidada, sino una multitud de hogares sostenidos por subsidios, expectativas y deudas.
La “trampa mortal” no consiste solamente en haber perdido ingresos. Consiste en seguir pensando, consumiendo, educando y votando como si el país de la bonanza siguiera existiendo. Es la tragedia de quienes fueron formados para un mundo que ya no está.
La mentalidad de clase media descansa en una creencia simple y poderosa: si estudias, trabajas, ahorras y cumples las reglas, mejorarás. Esa promesa tuvo cierta verosimilitud en el siglo XX, cuando la expansión industrial, el Estado de bienestar y el empleo formal permitieron que los hijos vivieran mejor que sus padres. Bolivia importó tarde esa narrativa, pero la importó con fervor.
Durante el ciclo de altos precios de las materias primas, las familias invirtieron en universidades privadas, automóviles, departamentos, viajes y consumo importado. El título profesional se transformó en un talismán: la credencial que supuestamente garantizaba el futuro. El Estado reforzó la ilusión con combustibles subsidiados, tipo de cambio fijo, tarifas congeladas y una maquinaria pública capaz de distribuir renta sin exigir transformación productiva. Fue una paz social comprada con divisas. No una modernización.
Hoy el profesional que hizo todo “correctamente” descubre que su salario se derrite frente al dólar paralelo; que su ahorro en bolivianos perdió capacidad de compra; que su empleo formal es escaso, mal remunerado o directamente inexistente; y que su título universitario ya no funciona como pasaporte, sino como recuerdo de una promesa incumplida. La crisis no castiga solamente a quienes vivieron fuera de las reglas. Castiga, con especial crueldad, a quienes las siguieron.
Ahí está la primera trampa: confundir el mérito individual con una estructura económica estable. El esfuerzo sigue siendo necesario, pero ya no es suficiente. Y mientras la clase media insista en que el problema se resuelve “trabajando más horas” o “estudiando una maestría o doctorado”, seguirá mirando el incendio desde la ventana de una casa que ya se está quemando.
La clase media emergente boliviana no nació principalmente de la industria, la tecnología o la exportación compleja. Nació del comercio, el transporte, la gastronomía, los servicios y la pequeña empresa urbana. Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba se llenaron de negocios que dependían de la importación, el crédito, el flujo de dólares y un consumidor dispuesto a gastar.
Ese modelo tenía una virtud: generaba empleo y movilidad. Pero también una debilidad estructural: era territorial, informal y dependiente. Su lógica era la cercanía al cliente, el vínculo personal, la venta de productos importados y la reproducción de fórmulas comerciales ya conocidas. Pocos sectores construyeron marcas exportables, cadenas de valor tecnológicas, capacidades de innovación o acceso a financiamiento internacional.
Cuando el dólar escaseó, la fórmula se volvió mortal. Un comerciante que importa mercadería, vende en pesos bolivianos y compite en un mercado empobrecido no puede sobrevivir mucho tiempo bajando precios. No puede “emprender” su salida de una crisis cambiaria. No puede innovar sin capital, sin divisas, sin crédito ni sin infraestructura. La retórica del emprendedor heroico, tan querida por la derecha liberal y tan útil para justificar la ausencia del Estado, se vuelve obscena cuando se le exige a una familia que se reinvente sin herramientas.
La clase media comercial boliviana quedó atrapada entre dos fuegos: el Estado que ya no puede subsidiar y un mercado que ya no puede absorber. Su error no fue únicamente no diversificarse; fue creer que la cercanía local podía sustituir la inserción en redes productivas, tecnológicas y financieras más amplias. En una economía global, quien solo defiende su esquina termina compitiendo por precio, reduciendo márgenes y desapareciendo.
El segundo pilar de la trampa es la masificación de la educación superior sin una transformación equivalente del aparato productivo. Bolivia produjo titulados a gran escala, pero no produjo empleos de calidad a la misma velocidad. El resultado es una generación de profesionales formados para un mercado que no existe.
Médicos con contratos precarios, abogados sin clientes, ingenieros manejando aplicaciones de transporte, contadores vendiendo por catálogo y arquitectos administrando negocios familiares: esa no es una anomalía, es la materialización de un nuevo taylorismo. Las profesiones que antes otorgaban autonomía y prestigio fueron estandarizadas, digitalizadas y sometidas a una competencia sin fronteras. Quedó una pequeña élite que controla decisiones, capital y redes; y una masa creciente de profesionales intercambiables, supervisados, subempleados o directamente desocupados.
El título dejó de ser una garantía y se convirtió en una deuda simbólica. La familia gastó años y ahorros para obtener una credencial que el mercado ya no reconoce como diferencia. Peor aún: el graduado siente que fue traicionado. Cumplió con el sistema -estudió, se sacrificó, se graduó- y el sistema no cumplió con él.
Esa frustración es políticamente explosiva. No porque la clase media sea inherentemente reaccionaria, sino porque cuando una persona pierde la expectativa de ascenso y conserva la conciencia de haber hecho todo bien, busca culpables. Y los culpables siempre están disponibles: el gobierno, la corrupción, los inmigrantes internos, la “otra” región, la élite, el Estado, el mercado o la globalización.
Durante años, el Estado Plurinacional funcionó como un gran protector paternalista. Subsidió combustibles, sostuvo el tipo de cambio, congeló tarifas y distribuyó renta para mantener la paz social. Fue un pacto eficaz mientras duró el gas y las reservas internacionales. Pero no fue un pacto de desarrollo: fue un pacto de aplazamiento.
Se pospuso la diversificación productiva. Se pospuso la reforma del sistema educativo. Se pospuso la innovación tecnológica. Se pospuso la formalización laboral. Se pospuso la construcción de instituciones capaces de generar certidumbre sin depender de la renta extractiva. Todo se podía hacer mañana, porque hoy había dólares.
La clase media aceptó ese contrato porque le convenía. No exigía un Estado eficiente, exigía un Estado proveedor. No pedía competitividad, pedía protección. No reclamaba instituciones, reclamaba subsidios. Ahora que el Estado ya no puede pagar, descubre que nunca construyó autonomía real.
El resultado es una clase media sin red de seguridad y sin capacidades de adaptación. Se le dice que sea emprendedora, pero se le retira el suelo bajo los pies. Se le pide innovación, pero se la deja sin crédito, sin divisas y sin infraestructura. Se le exige responsabilidad individual en medio de una responsabilidad colectiva abandonada.
Cuando la promesa de movilidad social se rompe, la clase media no suele construir un proyecto colectivo. Se repliega. Se refugia en la familia, en la religión, en la desconfianza, en la informalidad o en la emigración. Aparece el “sálvese quien pueda”: comprar dólares, acaparar productos, enviar hijos al exterior, abandonar la producción local, buscar un empleo público como último refugio.
Este repliegue es más peligroso que la pobreza misma, porque destruye la posibilidad de una alianza social. Una clase media fragmentada no exige instituciones; exige privilegios. No demanda un país productivo; exige que no le quiten lo poco que conserva. No construye futuro; defiende ruinas.
Bolivia corre el riesgo de convertirse en una sociedad de “muertos vivientes” económicos: sectores que siguen operando con las categorías del pasado -el título, el negocio familiar, el empleo estable, el dólar barato, el subsidio- aunque el mundo que los hacía posibles ya se desintegró.
La salida no es restaurar la bonanza, porque esa bonanza fue históricamente excepcional y estructuralmente insostenible. Tampoco es predicar el emprendimiento individual como si la crisis fuera un problema de actitud. La salida exige un pacto distinto: diversificar la matriz productiva, democratizar el acceso a tecnología y capital, reconstruir instituciones creíbles, profesionalizar el Estado y crear condiciones reales para que el talento no tenga que emigrar para sobrevivir.
La clase media boliviana debe entender algo duro: no será salvada por el gas, ni por un nuevo ciclo de precios altos, ni por la nostalgia del modelo anterior. Será salvada, si lo es, por su capacidad de abandonar la mentalidad de defensa y convertirse en sujeto de transformación.
Mientras siga esperando que el Estado le devuelva el paraíso perdido, seguirá atrapada. Y una clase media que solo sabe pedir protección, pero no construir proyecto, no es una clase media: es una fila de acreedores frente a un Estado en quiebra.
Jorge Kafka es politólogo y consultor en análisis estratégico.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
