a pregunta “¿Puede Rodrigo Paz gobernar Bolivia?” dejó de ser una provocación política para convertirse en el eje de una discusión sobre la capacidad efectiva del Estado para enfrentar una crisis de gobernabilidad. El escándalo que involucra a Fernando Cerimedo y Nadia Beller no explica por sí solo la situación del Gobierno, pero funciona como un catalizador que conecta problemas que hasta ahora aparecían separados: crisis económica, escasez de combustibles, debilidad parlamentaria, conflictividad social, denuncias de corrupción y deterioro de la confianza pública.
Cerimedo, asesor y estratega digital vinculado al presidente Paz, fue detenido e investigado por el ataque contra Nadia Beller. La Fiscalía también abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y encontró más de 44.000 dólares y equipos digitales en sus propiedades. Beller, por su parte, formuló graves denuncias sobre supuestos negocios vinculados con combustible, oro y personas cercanas al poder presidencial. Estas acusaciones deben ser investigadas y probadas; no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente establecidos.
Sin embargo, la política funciona también por acumulación de percepciones. Y ese es el verdadero problema para el Gobierno. Rodrigo Paz enfrenta una paradoja: necesita tomar decisiones económicas difíciles precisamente cuando dispone de menor capital político y menor capacidad política para absorber sus costos. La economía exige ajuste, financiamiento externo y reformas. Pero estas medidas necesitan respaldo parlamentario y social.
El Ejecutivo, sin embargo, enfrenta una Asamblea cada vez más crítica. La censura y posterior salida del ministro de Economía José Gabriel Espinoza constituye una señal de la dificultad del Gobierno para construir una mayoría legislativa estable. La última semana puede identificarse como uno de los momentos más difíciles de la Presidencia, combinando el escándalo Cerimedo, la salida del ministro, la debilidad parlamentaria, la inflación y los problemas de combustible.
La pregunta, entonces, no es solamente si Paz tiene autoridad constitucional para gobernar. La tiene. La pregunta es si posee capacidad política suficiente para convertir esa autoridad formal en gobernabilidad efectiva.
El Gobierno enfrenta una economía caracterizada por déficit fiscal, escasez de divisas, debilitamiento de las reservas internacionales y una estructura hidrocarburífera que ya no genera los recursos que durante décadas financiaron al Estado. El problema de los dólares es particularmente crítico porque afecta la capacidad de importar combustible, bienes intermedios, maquinaria, alimentos y otros productos esenciales.
La escasez de recursos genera una cadena perversa: menos dólares → menor capacidad de importación → escasez → inflación → pérdida de poder adquisitivo → protesta social → mayor presión sobre el Gobierno.
El combustible es el ejemplo más visible. A dos meses de la declaración del estado de excepción, las filas en los surtidores continúan, pese a que una de las principales justificaciones de la medida era precisamente recuperar el abastecimiento. Esto convierte una variable macroeconómica en una experiencia cotidiana de frustración.
El Gobierno intenta corregir desequilibrios acumulados mediante medidas que pueden tener racionalidad económica, pero que producen costos inmediatos. El incremento del precio del diésel para determinados sectores y la persistencia de la escasez repercuten sobre transporte, producción agropecuaria, distribución y precios de los alimentos.
El ciudadano no experimenta el déficit fiscal como una cifra. Experimenta el déficit cuando aumenta el precio del pan, del transporte o de los alimentos. No experimenta las reservas internacionales como un indicador macroeconómico. Experimenta su agotamiento cuando faltan dólares, combustible o productos importados.
Por ello, la crisis económica está dejando de ser una crisis técnica para convertirse en una crisis política. Uno de los problemas más graves del Gobierno es la dificultad para construir un relato político capaz de explicar los sacrificios presentes en función de un proyecto futuro.
Un gobierno puede gobernar con poco dinero si tiene una narrativa poderosa. Puede gobernar con una mayoría parlamentaria pequeña si tiene capacidad de negociación. Puede gobernar durante una crisis económica si consigue convencer a la sociedad de que existe un horizonte. Pero cuando faltan simultáneamente recursos, aliados, resultados y narrativa, el poder entra en una situación de vulnerabilidad.
Aquí aparece lo que puede denominarse pragmatismo transaccional. La política basada exclusivamente en intercambios —apoyo por beneficios, negociación puntual por respaldo, acuerdos sectoriales sin construcción de una coalición estable— puede producir resultados inmediatos, pero difícilmente construye una comunidad política. La democracia no funciona solamente con transacciones. También necesita identidad, confianza, principios y una visión compartida de futuro.
El caso Cerimedo introduce una dimensión adicional: el poder informal. La pregunta políticamente relevante no es solamente qué delitos se le atribuyen al consultor. Es también qué posición ocupaba realmente dentro del entorno presidencial, qué acceso tenía al poder y bajo qué mecanismos ejercía influencia.
Las denuncias de Beller sobre presuntos negocios relacionados con combustibles, oro y personas cercanas al Presidente deberán ser investigadas. El Gobierno ha respondido que las acusaciones deben acompañarse de pruebas y ha pedido que se investiguen.
Pero el daño político puede producirse incluso antes de que termine la investigación.
¿Por qué?
Porque la ciudadanía puede comenzar a interpretar Cerimedo como el símbolo de un Gobierno dentro del Gobierno. Cuando un asesor externo parece adquirir una influencia que supera la de las instituciones formales, aparece una pregunta inevitable: ¿Quién toma realmente las decisiones?
Ese interrogante puede ser más destructivo que cualquier acusación individual. El caso Cerimedo se superpone con otras controversias: investigaciones relacionadas con el ministro de Economía, las denominadas “narcomaletas”, las maletas con oro, cuestionamientos sobre bienes vinculados a Sebastián Marset y denuncias sobre operaciones económicas.
No corresponde afirmar que todos estos casos forman parte de una misma estructura criminal sin pruebas judiciales. Pero sí es posible afirmar que se están acumulando en el imaginario público. Cada episodio puede tener una explicación diferente. Sin embargo, cuando se producen simultáneamente, generan una narrativa agregada: corrupción + privilegios + operadores informales + dinero + oro + combustible + crisis económica.
Ese proceso es extremadamente peligroso para un Gobierno que llegó al poder prometiendo renovación institucional. La confianza pública funciona de manera acumulativa: se construye lentamente y puede perderse rápidamente.
En junio, Paz decretó estado de excepción después de semanas de bloqueos que afectaron el abastecimiento y la circulación. El Gobierno argumentó que la medida buscaba recuperar las carreteras y garantizar alimentos y combustibles, manteniendo formalmente los derechos fundamentales.
Pero existe una paradoja. El estado de excepción puede recuperar el orden. No necesariamente recupera la confianza. Si dos meses después continúan las filas por combustible y la conflictividad social, el problema cambia de naturaleza: ya no se trata solamente de controlar los bloqueos, sino de resolver las causas materiales que los alimentan. Un Estado puede imponer orden durante un tiempo. Pero no puede gobernar indefinidamente contra la sociedad.
La situación energética representa otro riesgo estratégico. La reducción de la capacidad hidrocarburífera limita la disponibilidad de divisas y aumenta la vulnerabilidad externa. La escasez de combustibles repercute sobre producción, transporte y alimentos.
Si a ello se suma un eventual fenómeno climático severo -como la amenaza del denominado “Superniño”- el Gobierno podría enfrentar simultáneamente una crisis energética, alimentaria, fiscal y logística.
Un Estado con abundantes recursos puede absorber un shock externo. Un Estado con déficit, escasez de dólares y problemas de abastecimiento tiene mucho menor margen de maniobra. Todavía debe distinguirse entre ambas.
Una crisis de Gobierno significa que una administración tiene dificultades para gobernar. Una crisis de régimen ocurre cuando la ciudadanía comienza a cuestionar no solamente al Gobierno, sino la capacidad de las instituciones para producir soluciones. Bolivia todavía puede encontrarse en la primera categoría.
Pero la convergencia de factores puede empujarla hacia la segunda: crisis económica; inflación; desempleo y precarización; escasez de combustibles; déficit fiscal; debilidad de reservas; crisis hidrocarburífera; conflicto parlamentario; denuncias de corrupción; movilización social; estado de excepción; deterioro de la confianza.
El caso Cerimedo puede funcionar como el punto de condensación simbólica de todos estos problemas. Entonces, ¿puede Rodrigo Paz gobernar Bolivia?
La respuesta depende menos de su capacidad para resistir políticamente y más de su capacidad para reconstruir gobernabilidad. Para ello necesita cinco condiciones:
Primero, transparencia: una investigación independiente y completa del caso Cerimedo–Beller y de cualquier denuncia que alcance al entorno presidencial.
Segundo, negociación: construir una coalición parlamentaria capaz de aprobar las reformas necesarias.
Tercero, estabilización: recuperar progresivamente el abastecimiento de combustibles, contener la inflación y garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento económico.
Cuarto, narrativa: explicar con claridad qué país recibió, qué transformación pretende realizar y cuáles serán los costos y beneficios del proceso.
Quinto, pacto social: reemplazar progresivamente la lógica de confrontación y transacción por acuerdos institucionales duraderos.
Rodrigo Paz no enfrenta solamente un problema de popularidad. Enfrenta un problema de capacidad estatal, legitimidad política y gobernabilidad.
El caso Cerimedo es grave por las acusaciones que lo rodean, pero su importancia política reside en algo más profundo: aparece en el momento exacto en que el Gobierno necesita demostrar que controla el Estado, que sus decisiones son institucionales y que existe una separación clara entre poder público, intereses privados y operadores informales.
La crisis económica, por su parte, reduce el margen de maniobra. La crisis parlamentaria limita la capacidad de aprobar reformas. La crisis social amenaza con paralizar nuevamente el país. La escasez de combustible transforma los problemas macroeconómicos en sufrimiento cotidiano. Y la acumulación de denuncias puede convertir hechos separados en una sola narrativa de corrupción y pérdida de control.
Por eso, la pregunta “¿Puede Rodrigo Paz gobernar Bolivia?” no significa preguntar si puede permanecer en la Presidencia. Significa algo mucho más exigente: ¿Puede convertir el poder constitucional que posee en autoridad legítima, capacidad económica, acuerdos parlamentarios, orden social y confianza ciudadana?
La respuesta todavía está abierta. Pero el tiempo político se está reduciendo. Si Paz logra transformar la crisis en una oportunidad de reconstrucción institucional, Cerimedo podría terminar siendo un episodio grave dentro de una administración que consiguió recuperar el rumbo. Si fracasa en esa tarea, el caso Cerimedo puede convertirse en el símbolo de algo mucho mayor: el momento en que las distintas crisis del Estado boliviano dejaron de ser problemas separados y comenzaron a convertirse en una sola crisis de gobernabilidad.
Y entonces la pregunta dejará de ser simplemente si Rodrigo Paz puede gobernar Bolivia. Será si Bolivia todavía puede ser gobernada con el modelo político que Paz está intentando construir.
Jorge Kafka es politólogo y consultor en análisis estratégico.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
