En un último cambio de opinión el presidente del Estado ha intentado aparentar y transmitir ánimo, al afirmar que el 87% de los parlamentarios apoyan alguna reforma parcial de la Constitución. Pocos días antes, su posición era contraria porque entendía que la reforma resultaba demasiado larga y complicada.
Esas diferencias de apreciación sobre tiempos y procedimientos se han evaporado al calor de la tensión producida por el apresamiento de Fernando Gabriel Cerimedo, el Asesor Principal del presidente, según sus tarjetas comerciales y las ráfagas de denuncias disparadas por su convaleciente exnovia. Tocado también por el paquete de revelaciones de la víctima del atentado, el presidente prefiere no irritar a sus críticos y se les une.
Puede tratarse de un movimiento puramente táctico, o en el inicio del funcionamiento del gobierno de unidad, tan reclamado por figuras y sectores que creen que esa convergencia sería indispensable para tener alguna chance en “cambiar el modelo” reemplazando al estado por inversores y emprendedores privados, estuviese en curso un cambio de gobierno (el actual por uno de “salvación nacional”, es decir representante de una coalición con opositores -suaves e intensos) ya pueden verse tempranas y serias dificultades.
Así lo deja ver la agresiva caracterización que hace del gobierno el opositor Jorge Quiroga R., al considerarlo como “la última gestión del MAS”. Pero, la primera traba no es el encono de los jefes: Una nueva coalición, necesaria para corregir las fallas y debilidades de la conducción actual tendría que hacerse a control remoto, en circunstancias de máxima precariedad.
Pese al supuesto consenso sobre lo premioso de los pasos que han de asumirse, es muy difícil que cualquier posible candidato arriesgue su imagen y proyección, incorporando al gabinete nombres de allegados próximos, cuando nadie garantiza los plazos electorales.
Desde el punto de vista de quienes no están en el Gobierno, es deseable contar con varios ministros propios de su máxima confianza, pero el costo es muy alto y, eventualmente, impagable. Porque, a la penalización en votos que supone asumir medidas como mayor elevación de precios, oleadas de despidos y más, se suma el desprestigio y desconfianza acumuladas por el equipo gobernante, más las sorpresas que pueden esperara vuelta de la esquina, como lo muestran la cascada de fotos y audios que siguen apareciendo.
Sin presencia física de relevos ministeriales y sustitución de interinatos por altos ejecutivos estatales (contralor, presidentes de empresas, etc, etc) el esquema falla. Aquí pesa demasiado la inorganicidad de todos los grupos políticos postulantes a salvadores.
La sensación e imagen de cohesión ideológica que proporcionaría un frente unido para reformar la reforma parcial de la Constitución, no suple ni allana las diferencias de visión y necesidades prácticas e inmediatas de cada actor, como tampoco garantiza unificar los planteamientos de reforma, desde el minimalista al superambicioso que quiere hacer una reforma completa, con máscara y procedimiento de cambio parcial.
Además, todas las propuestas adolecen de una base histórica débil, propia de un profundo desapego por la Constitución. Mientras el MAS se limitaba a despreciarla, atropellándola y violándola con apoyo del TCP, los reformadores que la acusan de masista, quieren olvidar su real historia y contenidos. Los límites de extensión de este texto solo permiten hablar ahora de la historia y, de ella, exclusivamente de lo principal.
A diferencia de todas sus antecesoras, la Constitución vigente nace de una movilización prolongada y profunda que atraviesa a la sociedad por décadas, generando un compromiso y deliberación mayoritaria por años.
Planteada inicialmente como una reforma política que abarca introducir la figura de una Asamblea Constituyente, la convocatoria a referendos para adoptar decisiones fundamentales y la desmonopolización de la representación política, va avanzando en amplitud de demandas durante la última década del siglo hasta la convocatoria a la Constituyente.
Su cuerpo se forja en miles de asambleas, foros y debates; desde los auspiciados por el Foro Jubileo, pasando por los Encuentros Nacionales, convocados por el estado, así como los espacios abiertos por la comisión para la reforma constitucional a principios de siglo. Su contenido se fue destilando con la participación de miles ciudadanos de base y la intervención de militantes, funcionarios de ONG y agencias multilaterales, trabajadores manuales e intelectuales, sindicatos, asociaciones y cámaras.
Con esas raíces, con la defección del MAS que abrió las puertas de la Asamblea Constituyente y las cerró para la aplicación de sus cambios más importantes, descentralizadores, autonómicos de vigilancia social sobre el estado, resulta pretencioso asumir que la mayoría ciudadana que la aprobó, comparte los deseos de enterrarla que expresan unos legisladores elegidos en medio de una gran crisis de representación.
Róger Cortez Hurtado es docente investigador.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
