Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en el mar”.
Los versos de Antonio Machado resuenan hoy con una fuerza implacable en el corazón de los Andes y los llanos orientales. Bolivia ya no pisa la tierra firme de las viejas certezas estatales ni los flujos predecibles del agotado modelo gasífero; el país avanza hoy sobre el mar de la incertidumbre.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira, asumió el poder de manera imprevista tras un complejo balotaje y sin un plan bajo el brazo, se encuentra gobernando bajo la consigna inevitable de hacer camino al andar.
Ante la fatiga de un pueblo que exige certidumbre, la mayoría de la ciudadanía ha tomado una decisión pragmática: este gobierno debe terminar su mandato constitucional. Un quiebre institucional a estas alturas sería un remedio mucho peor que la enfermedad. y no es un acto de resignación, sino de madurez y supervivencia colectiva.
Por eso, frente a los analistas que sentencian con comodidad que “Bolivia ya dio todo lo que tenía que dar”, la realidad del país demuestra lo contrario. Bolivia no está agotada; está atrapada en sus propias amarras logísticas y políticas, esperando que todos empujen el timón correcto para navegar el oleaje de la transformación.
Para proyectar el alcance de esta gestión, es imperativo analizar el mapa de colisiones donde el Gobierno intenta construir soluciones sobre la marcha. En lo económico, se anotó un acierto al captar financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y abrir el candado de la importación privada de carburantes mediante el Decreto 5644.
Sin embargo, el error de haber eliminado el subsidio a los combustibles a fines de 2025 sin un plan de mitigación gradual disparó una espiral inflacionaria y desató un durísimo paro de cincuenta días. El Decreto 5652, que congeló temporalmente los combustibles, es un parche de alivio, pero la falta de dólares físicos en la banca sigue empujando a los importadores al mercado paralelo, encareciendo los insumos básicos.
En lo político, el giro pragmático internacional que reestableció lazos con Estados Unidos e Israel saca al país del aislamiento ideológico, mientras la Fiscalía activa procesos penales contra los cabecillas de los bloqueos, como Evo Morales. En lo social, la propuesta de un Pacto Fiscal 50-50 descentraliza el peso de la crisis hacia las regiones, pero convive con la desatención al gremio del transporte y el peligroso coqueteo de otorgar amnistías al contrabando de vehículos.
Si el Ejecutivo continúa su accionar puramente reactivo, la estabilidad nacional de cara al cierre de gestión encallará en dos cuellos de botella. El primero es la ilusión del diésel privado en el campo: el esquema funciona para los grandes agroindustriales con capacidad logística, pero eleva sus costos de producción por los precios internacionales, amenazando con trasladar esa inflación al consumidor.
Peor aún, el pequeño productor carece de la espalda financiera para importar de forma directa y depende de un suministro estatal que llega a cuentagotas. Si no se garantiza la provisión eficiente, la campaña agrícola de invierno se contraerá, sembrando escasez de alimentos para el último trimestre del año.
El segundo nudo es la asfixia del dólar y la pérdida de seguridad jurídica en el área rural, donde los avasallamientos de tierras por grupos radicales desactivan la inversión en tecnología y destruye el valor de los predios como colateral bancario. Nadie siembra donde no sabe si podrá cosechar.
Con urgencia, Bolivia necesita transitar del parche coyuntural al Pacto de Sobrevivencia Nacional. Esto requiere articular tres ejes de acción inmediata: un pacto Estado-Empresa donde el Gobierno aplique mano dura contra los avasallamientos rurales —garantizando que propiedad titulada sea propiedad intocable— a cambio de que el empresariado lidere la creación de infraestructura propia de almacenamiento de combustibles; un sinceramiento cambiario por parte del Banco Central que flexibilice las bandas para atraer las divisas de los exportadores; y la estructuración de un régimen tributario simplificado y unificado para el sector gremial, sustituyendo la economía del contrabando por la del desarrollo productivo formalizado.
La retórica de la rendición no tiene cabida. Nuestra minería tecnológica, nuestro complejo agroindustrial, nuestras energías renovables y el indomable espíritu de nuestro comercio urbano están de pie, esperando certidumbre para operar. El momento político exige una tregua electoral anticipada donde los líderes congelen la campaña proselitista y se enfoquen en destrabar la economía. Ya no hay espacio para el bloqueo extorsivo que destruye el bolsillo del propio trabajador; el bloqueo caminero debe ser desterrado para siempre de nuestra cultura política.
Es hora de arremangarse las mangas de la camisa. No importa el color político, la región o el sector: desde el gran exportador agropecuario, el comerciante gremial, el profesional en las capitales, hasta el pequeño productor en los valles. O salimos todos juntos o nos hundimos todos.
Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
