na vez más, las familias bolivianas son las primeras en pagar el costo de la incertidumbre. Apenas se anunció la modificación del tipo de cambio oficial del dólar, comenzaron a aparecer nuevos incrementos en los precios de los productos de la canasta familiar. La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a un verdadero ajuste de costos o ante una nueva ola de especulación?
Seamos claros. Desde hace muchos meses una parte importante de las operaciones comerciales ya utilizaba como referencia el valor del dólar en el mercado paralelo. Esa realidad era conocida por productores, importadores, comerciantes y consumidores. Por ello, la formalización del tipo de cambio oficial no puede justificar, de manera automática y generalizada, nuevos aumentos de precios sobre bienes que ya habían incorporado ese costo en su estructura.
No permitamos que una medida económica termine siendo utilizada como excusa para trasladar, una vez más, todo el peso de la crisis a quienes menos pueden soportarlo, golpeando con rigurosidad a la población más desposeída.
El Estado boliviano no puede limitarse a observar. La Constitución y las leyes vigentes le otorgan la responsabilidad de garantizar el abastecimiento, proteger a los consumidores y sancionar el agio, el acaparamiento y la especulación. No se necesitan nuevas leyes. Se necesita autoridad con la suficiente fuerza moral y decisión para hacer cumplir las que ya existen.
Hoy corresponde actuar con decisión. El Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios deben desplegar controles coordinados, transparentes y permanentes en mercados, centros de distribución y cadenas de comercialización. Quien pueda demostrar un incremento real de sus costos tiene derecho a ajustar sus precios dentro de parámetros razonables. Pero quien aproveche la incertidumbre para obtener ganancias abusivas y extraordinarias a costa del sufrimiento de la población debe responder ante la ley.
No se trata de perseguir al sector privado ni de fijar precios por decreto. Se trata de defender la competencia leal, la transparencia del mercado y, sobre todo, el derecho de las familias bolivianas a acceder a alimentos y productos esenciales a precios justos.
La economía no puede sostenerse sobre el miedo. Cada incremento injustificado deteriora el poder adquisitivo, empobrece a los hogares y debilita aún más la confianza ciudadana.
Bolivia necesita un mensaje claro: la crisis no puede convertirse en un negocio para unos pocos. El dolor de millones de ciudadanos no puede ser la oportunidad de enriquecimiento de quienes especulan con el hambre y la necesidad. Es hora de que las autoridades dejen de reaccionar cuando el daño ya está hecho y comiencen a prevenirlo. El país espera liderazgo, coordinación y firmeza. No más operativos simbólicos. No más discursos. No más excusas.
Porque cuando el precio de los alimentos sube sin justificación, no solo se afecta la economía de una familia. Se hiere la dignidad de todo un pueblo.
Y un Estado que no protege a su población frente al abuso termina renunciando a una de sus responsabilidades más esenciales.
Fernando Crespo Lijeron es administrador de Empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
