n el programa ¡Qué semana!, del grupo El Deber, el experto energético, Carlos Delius, fue contundente en el sentido de que la crisis de los hidrocarburos no se solucionará con decretos o congelando el precio de los hidrocarburos por seis meses. Urge una solución estructural y la misma parte esencialmente por un acuerdo político para modificar la Constitución y asignarle un nuevo rol a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Para el ex presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, lo primero es el acuerdo político, que permita institucionalizar YPFB, para el retorno de las inversiones, y generar confianza en los mercados internacionales.
El experto considera que solo mediante un acuerdo entre el presidente del Estado y los líderes políticos y jefes de bancadas de Libre, Jorge Tuto Quiroga, y de la alianza Unidad, de Samuel Doria Medina, entre otros, se lograría un consenso para modificar la Constitución en la Asamblea Legislativa. Lo que está clarísimo es que se tiene que reformar la Constitución boliviana para que los inversores puedan recurrir, en caso de conflictos, diferencias o controversias, a centros de arbitrajes internacionales en materia energética.
La Constitución establece que todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera, en nombre y representación del Estado boliviano, estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de sus autoridades. Y lo más relevante y este es el candado que tiene que eliminarse: “No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas” (art. 366). Estas limitaciones constitucionales van en contra ruta de los principios y fundamentos que propugna un vigoroso reconocimiento a las relaciones y los tratados internacionales. Obviamente que estas limitaciones tienen que eliminarse para poder concertar un proceso de renegociación de los tratados de inversión para captar nuevos flujos de capitales extranjeros en hidrocarburos y energías.
Los tratados se clasifican como acuerdos de alta protección, de mediana protección y de baja protección. Bolivia tenía firmados y ratificados al menos 22 tratados, con diferentes países, como Argentina, Reino de España, Países Bajos, Reino Unido, EE.UU., Alemania, Austria, Bélgica, Chile, Corea, China, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Italia, Perú, Paraguay, Rumania, Luxemburgo, Suecia, Suiza. Todos estos tratados estaban estructurados de forma muy similar, con una evidente intención de protección y seguridad para los inversores extranjeros.
Todos estos tratados tenían cláusulas compromisorias, donde ambas partes reconocían los mecanismos aplicables a la solución de controversias generadas de la interpretación o incumplimiento de los convenios, así como el procedimiento y la sede del tribunal arbitral para dirimir las controversias que surjan de estos contratos. Estas cláusulas establecían diversos mecanismos de solución de las controversias, que debían ser activados en forma gradual, por eso se las denominaba cláusulas escalonadas o de doble paso.
También se necesita una nueva Ley de inversiones, que establezca el marco jurídico e institucional para la promoción de las inversiones a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia. El gobierno nacional parece consciente de que tiene no solo que abrir la economía para que pueda expandirse e incursionar en los grandes mercados internacionales, sino también promover en serio las inversiones para conseguir la estabilización y el crecimiento económico. El Gobierno sabe que sin inversión no puede haber crecimiento ni desarrollo económico, condición imprescindible para luchar contra la pobreza, uno de los grandes objetivos nacionales.
Las recomendaciones de los organismos financieros internacionales son contundentes en el sentido de que el principal desafío que hoy enfrentan los países de la región para acelerar el crecimiento económico es aumentar las tasas de inversión pública y privada. El gobierno boliviano tiene que ofrecer las condiciones necesarias de seguridad jurídica, que deberá traducirse en un tratado de inversión que establezca, como mínimo, el régimen impositivo, incluyendo los incentivos a pactarse, el reconocimiento del tribunal arbitral internacional y la sede del arbitraje, etc. El mensaje del experto energético, Carlos Delius, debe ser tomado en cuenta, antes de que sea demasiado tarde.
William Herrera Áñez es abogado y profesor universitario.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
