odrigo Paz ha definido cinco pilares prioritarios para su gestión presidencial: “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, “Terminar con el Estado tranca”, “Capitalismo para todos”, la lucha contra la corrupción y “Rumbo al federalismo 50 y 50”. En este marco, encarar hoy el régimen autonómico y la descentralización en Bolivia implica mucho más que modificar la distribución del gasto público; por ello, este último pilar articula y transversaliza a los otros cuatro.
Durante la campaña, Paz prometió una distribución equitativa del 50/50 de los recursos públicos y, al asumir el cargo, planteó avanzar hacia un modelo federal. Sin embargo, la principal limitación actual es que el 50% de cero sigue siendo cero. De ahí que la tarea prioritaria sea la recuperación de los recursos y de la capacidad del Estado para generarlos y redistribuirlos en beneficio de la población.
La Ley de Participación Popular (Ley 1551), promulgada en 1994, municipalizó el país y transformó la gestión pública al expandir el Estado a todo el territorio nacional. Impulsó la creación de cientos de municipios y otorgó protagonismo a comunidades indígenas, campesinas y urbanas mediante la coparticipación tributaria y el reconocimiento de más de 20.000 Organizaciones Territoriales de Base (OTB). Considerada una de las reformas más profundas desde la Revolución de 1952, fortaleció la autonomía local, transfirió competencias clave en áreas como salud y educación y sentó las bases del proceso autonómico consolidado posteriormente en la Constitución de 2009. Su aprobación, producto de un trabajo técnico de gabinete, marcó un hito en la descentralización latinoamericana, antes de ser derogada en 2010 por la Ley Marco de Autonomías.
El Diálogo Nacional 2000, institucionalizado mediante la Ley 2235, fue un proceso participativo impulsado por los gobiernos de Banzer y Quiroga para enfrentar la pobreza en un contexto de crisis. Articuló al Estado, a organismos internacionales y a la sociedad civil en la formulación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP). A través de mesas de concertación, se definieron prioridades que permitieron canalizar recursos del alivio de la deuda externa (HIPC II), crear mecanismos como el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) y transformar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), fortaleciendo la inversión social municipal y profundizando la descentralización iniciada con la Ley de Participación Popular. La EBRP consolidó un enfoque de políticas públicas basado en el diálogo y el control social, orientado a reducir la pobreza desde el nivel local, metodología que posteriormente fue reivindicada en propuestas orientadas a redefinir la distribución de recursos en el país.
Durante el proceso de aprobación de la Constitución de 2009, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) impulsó la idea de un pacto fiscal como un mecanismo de diálogo para redistribuir de manera más equitativa los recursos públicos, en un contexto de fuerte polarización política. El objetivo era avanzar hacia una mayor equidad territorial, eficiencia fiscal y fortalecimiento de la autonomía departamental. Si bien la consigna adquirió relevancia política —especialmente en la denominada “media luna”— y abrió espacios de concertación, el proceso quedó estancado por la falta de voluntad política, su dependencia del Censo 2012 y las tensiones regionales, convirtiéndose más en una demanda simbólica que en una reforma efectiva. Hoy, aunque sigue siendo percibido como un mecanismo pendiente para profundizar la descentralización, su alcance histórico resulta limitado frente a los nuevos desafíos y oportunidades del país.
El balance de estas tres políticas ofrece aprendizajes relevantes para enfrentar la actual crisis estatal, caracterizada por déficit financiero, alza de precios y corrupción. Con las elecciones subnacionales en marcha, se propone organizar el proceso en tres momentos: una concertación previa; la validación ciudadana durante las elecciones nacionales; y la implantación postelectoral de la reforma de descentralización y autonomías. Este esquema permitiría viabilizar una reforma fiscal 50/50, prevista para efectivizarse en 2027. Dado que hoy existe un andamiaje institucional autonómico, la responsabilidad central recae en los gobiernos autónomos subnacionales.
La etapa previa debe apoyarse en la institucionalidad existente, con los gobiernos subnacionales —autoridades y equipos técnicos— como actores centrales, junto a la sociedad civil. El Ministerio de la Presidencia debería promover que el Consejo Nacional de Autonomías conforme la Comisión Técnica del 50/50, encargada de organizar mesas temáticas de diálogo en ámbitos económicos, institucionales, financieros y de provisión de servicios. El gobierno nacional debe proveer información completa y una propuesta inicial de distribución de recursos, mientras los equipos subnacionales debaten y elaboran alternativas. Este trabajo debería sistematizarse en un informe que recoja entre 10 y 20 prioridades de la agenda autonómica, incorporando las reacciones a la propuesta gubernamental y los resultados del diálogo técnico.
La propuesta construida en esta fase ingresaría al debate electoral, obligando a los candidatos a fijar posición sobre temas clave como la distribución 50/50, la redefinición de competencias, la reorganización del Estado mediante la fusión de municipios y la definición de metas nacionales y subnacionales. En este contexto, se plantea abordar la inviabilidad de numerosos municipios y promover procesos de integración, así como incorporar nuevos criterios de asignación de recursos —pobreza, debilidad institucional, dispersión geográfica, eficiencia y sostenibilidad— más allá del criterio per cápita. El resultado electoral debería expresar la validación o el rechazo ciudadano a la propuesta del 50/50.
La etapa posterior consiste en sistematizar las demandas recogidas durante el diálogo y la campaña, integrando las prioridades ciudadanas y los compromisos asumidos por los candidatos. Este momento exige la aprobación de un conjunto de leyes que respalden el proceso, entre ellas reformas a la Ley Marco de Autonomías, normas de seguridad ciudadana, creación de impuestos, disposiciones para la integración o fusión de municipios y, especialmente, la Ley del Presupuesto General del Estado 2027, que permitirá materializar la reforma fiscal y organizativa definida en las fases anteriores.
Se requiere una aprobación acelerada de políticas públicas, concebida como un proceso dinámico tanto de abajo hacia arriba —participativo— como de arriba hacia abajo —técnico y especializado—, que se constituya en una alternativa viable frente a los mecanismos tradicionales utilizados en el país, el enfoque propuesto ofrece una ruta más ágil, flexible y eficaz para la toma de decisiones públicas.
Asimismo, se identifica una oportunidad estratégica para reorganizar el Estado mediante la fusión o integración territorial voluntaria. Estudios, evaluaciones y la experiencia acumulada muestran que numerosos municipios presentan inviabilidad estructural. En este escenario, la articulación, fusión o gestión conjunta de municipios adquiere relevancia al permitir generar sinergias y fortalecer capacidades locales. Ello resulta particularmente pertinente considerando que las mancomunidades municipales, pese a haber sido un mecanismo prometedor, han experimentado estancamiento o declive, lo que refuerza la necesidad de impulsar nuevos modelos de abordaje territorial que trasciendan la mera coordinación.
La voluntariedad en los procesos de fusión o integración municipal debe complementarse con una política robusta de incentivos que premie la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad institucional y financiera. Solo mediante un sistema de incentivos bien diseñado será posible promover esta política de manera efectiva.
Un rasgo distintivo de este enfoque es que los actores principales son los gobiernos subnacionales, que cuentan con conocimiento territorial, legitimidad local y capacidad de respuesta a las necesidades inmediatas de la población. Su rol es esencial para impulsar cualquier proceso de reconfiguración territorial y de reorientación de las políticas públicas.
En conjunto, estos elementos permiten visualizar un camino factible para modernizar la gestión territorial del Estado, mejorar la eficiencia del gasto público y promover un desarrollo más equilibrado y sostenible en el ámbito subnacional.
Dino Palacios es ciudadano.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
